El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este martes que en casos de emergencia, de manera excepcional, y delitos de violencia en el marco de la Ley Nº348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), la Fiscalía y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) atenderán de manera excepcional sin la presentación de carnet de vacuna contra el COVID-19 con el compromiso de que en futuras atenciones se presente el mismo.

“El Ministerio Público ha emitido Instructivo Nº 453 a partir del cual los servidores públicos puedan pedir el carnet de vacuna o su prueba RT-PCR con resultado negativo; sin embargo, se ha modulado este instructivo en sentido de que todas las personas que acudan en casos excepcionales y de emergencia para ser atendidos no necesitarán la presentación del carnet de vacuna, con el compromiso de que en futuras atenciones deban hacerlo, siendo congruentes con la política implantada en los Decretos Supremos Nº 4640 y Nº 4641”, explicó Quispe.

El secretario general agregó que, generalmente, los casos de emergencias se presentan donde existen hechos de violencia, lesiones que puedan causarse entre personas, accidentes de tránsito, entre otros; por ello, a través del instructivo emitido, todas las instancias del Ministerio Público, IDIF y asientos fiscales, distribuidos a nivel nacional, realizarán la atención. 

La autoridad aclaró que se presentó un incidente en la ciudad de El Alto por parte del IDIF y que el mismo ya se encuentra bajo control jurisdiccional y se cumplió con el procedimiento para que sea reconducido y se realice la atención inmediata.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este martes sobre la aprehensión de tres sujetos que registraban a personas como inmunizadas sin contar con la vacuna por Bs 300 en la ciudad de Santa Cruz.

“Informamos a la población boliviana sobre la aprehensión de tres sujetos en Santa Cruz: Miguel Maturana, Maicol Sosa y Carlos Céspedes, quienes registraban personas como vacunadas sin contar con la vacuna, cobrando para ello Bs 300 mediante el uso de banca móvil”, informó mediante sus redes sociales.

La autoridad aseguró que no se permitirá ese tipo de accionar en el país, porque se constituye en un delito de falsificación de documentos, además de atentado contra la salud pública.

“No permitiremos este tipo de accionar delincuencial en nuestro país, el cual no solo significa falsificar documentación, sino también atenta contra la salud pública”, escribió en Twitter.

Desde el 1 de este mes, entidades públicas y privadas como bancos, terminales, aeropuertos, entre otras, atienden previa presentación del documento o una prueba PCR negativa, en el marco de los decretos supremos 4640 y 4641, según reportes oficiales.

El decreto 4641 establece la implementación del carnet de vacunación contra el COVID-19 en el territorio nacional, como documento oficial certificado por el Ministerio de Salud y Deportes, que acredita que una persona fue vacunada. Las acciones se asumieron a fin de precautelar la salud y la vida de la población, fortaleciendo la cobertura de vacunación con esquema completo.

El fiscal Kenet Verastegui indicó este martes que se solicitará un informe del flujo migratorio del exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, para conocer su ubicación; se presume que estaría en Perú.

"El informe delata que este señor (Albarracín), no se encontraría en el país, pero tenemos que tener un informe relacionado al flujo migratorio, se tienen que hacer los requerimientos indicando fecha prudente. Presumiblemente se encontraría en el país vecino de Perú", indicó Verastegui.

El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra de Albarracín por el presunto delito de abandono de mujer embarazada, tipificado en el artículo 250 del Código Penal.

El mandamiento de aprehensión se conoció durante esta jornada y la familia del sindicado alegó que no fueron notificados.

El fiscal aseveró que se cumplió con los procedimientos instaurados en el Código Penal y que se realizó una notificación por edicto y, como no se presentó a declarar y no se presentaron las justificaciones, se emitió la orden de aprehensión para que declare ante la autoridad competente.

"Se ha cumplido con los plazos procesales, se ha cumplido con la determinación pronta y oportuna de la Fiscalía a denuncia de la víctima", indicó el fiscal.

En marzo de 2021, Janeth A. P., de 35 años denunció que Albarracín la embarazó y luego abandonó a su bebé que se encontraba en terapia intensiva del Hospital Materno Infantil. La mujer ante el riesgo de que su hija muera decidió denunciar el hecho.

Según el Código Penal, el delito de abandono a mujer embarazada puede ser sancionado con la privación de libertad de seis meses a tres años. En caso de un agravante la pena se incrementa.

“El que fuera de matrimonio hubiere embarazado a una mujer y la abandonare sin prestarle la asistencia necesaria, será sancionado con reclusión de seis meses a tres años", indica el artículo 250 del Código Penal.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Jhonny Chávez, informó este martes sobre el rescate de una niña de 13 años que era retenida en el municipio de Caranavi. La Policía aprehendió al implicado identificado como Eustaquio A. P., y arrestó a su esposa en calidad de investigada.

“Se encuentra en calidad de aprehendido el sujeto Eustaquio A. P., quien tenía retenida a la menor de 13 años en su restaurant”, informó el jefe policial en declaraciones difundidas por Red Patria Nueva.

Según las investigaciones preliminares, la adolescente habría desaparecido de la ciudad de El Alto y fue captada para realizar el trabajo de mesera por un salario de Bs 600 en el municipio de Caranavi.

“Ella estaba cumpliendo las funciones de mesera y por el trabajo tenía que recibir el pago de 600 bolivianos”, acotó.

Detalló que el hecho fue conocido a denuncia de los padres de la menor el 30 de diciembre y que el rescate procedió el 2 de enero pasado.