El excomandante del Ejército, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, fue remitido este miércoles a la cárcel de San Pedro de La Paz por un periodo de seis meses por el caso denominado golpe de Estado, según establece la decisión de un juez cautelar.

El pasado lunes, Mendieta fue aprehendido en cumplimiento de una instructiva emitida por la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios.

El detenido fue comandante del Ejército y parte del Alto Mando Militar que sugirió la renuncia del entonces presidente Evo Morales durante los hechos de violencia postelectoral de 2019 y que derivaron en un golpe de Estado.

La denuncia del caso fue presentada por la exdiputada Lidia Patty Mullisaca por la presunta comisión de los delitos calificados de terrorismo, sedición y conspiración en el grado de autoría.

La Policía Boliviana presentó este miércoles a los presuntos autores de un asesinato y posterior descuartizamiento, una violación a una menor de 15 años y un abuso sexual a menor de edad, quienes fueron remitidos a un juez de medidas cautelares.

El comandante General de la Policía, coronel Jhonny Aguilera, presentó a Martín V.L., supuesto autor del asesinato y posterior descuartizamiento de su hijastro Álvaro A.A.L., hecho ocurrido en septiembre del pasado año en la zona Los Claveles, La Paz.

El jefe policial relató que Martín V.L. asesinó con dos golpes de martillo en la cabeza, luego lo descuartizó con la ayuda de sus tres hijos para luego enterrarlo cerca de un río.    

La Policía también presentó a Pedro P.P como supuesto autor de una violación a una menor de edad, hecho ocurrido dentro de un minibús en la zona de Chonchocoro de la ciudad de El Alto.

Asimismo, aprehendió a Julio V.L. en la ciudad de Quillacollo, Cochabamba. El hecho de abuso sexual a un menor de edad ocurrió en 2016.

La Cruz Roja Boliviana entregó este miércoles un lote de insumos de bioseguridad a los internos del  Centro Penitenciario de San Pedro en la ciudad de La Paz, Chonchocoro y otros para la lucha contra el coronavirus.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, recibió los materiales que consisten en mascarillas, lavandina, detergente y otros que se destinarán a los centros de reclusión que se encuentran en la sede de Gobierno.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, sugirió este martes investigar a un grupo secreto que, desde las sombras, implementó el “Plan B” de sectores conservadores, dirigió el golpe en 2019, obligó con violencia a la renuncia de autoridades e instrumentalizó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tomar el Estado.

La autoridad, en declaraciones al programa Primer Plano, de Bolivia Tv, explicó el itinerario de los sectores conservadores que comenzaron a gestar el discurso de fraude electoral desde 2010, pero, al no poder llegar al gobierno por la vía democrática tras varias elecciones, optaron por su segunda alternativa que fue asaltar el Estado. El informe de la OEA aceleró ese plan, dijo.

Novillo explicó que este “Plan B” tuvo como actores a varias personas, como Carlos D. Mesa, quien llamó a una movilización social, “prácticamente a una convulsión social” bajo el justificativo de que existió un “fraude monumental”.

Este llamado se tradujo en la quema de instituciones estatales y destrucción de varios tribunales electorales departamentales, pese a que el informe de la OEA nunca mencionó la palabra “fraude”, sino irregularidades.

“Esto está planificado como Plan B; si ellos no ganan las elecciones de 2019, como ya se tenía instalada la palabra ‘fraude’ desde varias elecciones atrás, el 2019 se tiene un plan para tomar acciones directas y la OEA se presta precisamente para esto”, sostuvo.

La OEA, con Luis Almagro, acelera la aplicación de dicho “Plan B” y provoca la interrupción del mandado constitucional de Evo Morales.

Este Plan, dirigido por un grupo de personas que actuaron desde las sombras, detectó que no se podía recurrir a la sucesión constitucional como ocurrió en 2003 cuando renunció Gonzalo Sánchez de Lozada.

La norma jurídica establece que, en caso de renuncia del presidente, le pueden suceder el vicepresidente, o los presidentes del Senado o de Diputados. Pero todos esos cargos estaban en manos del MAS.

Por ello, para evitar la sucesión constitucional, el “Plan B” optó por obligar con violencia a las renuncias de esas autoridades. Los policías se amotinaron, los militares pidieron la renuncia de Morales y los grupos paramilitares tomaron instituciones públicas y atacaron a dirigentes y autoridades. 

Inclusive, se llegó a torturar y casi matar al hermano del entonces presidente de Diputados, Víctor Borda, para obligarlo a renunciar. “Si no renuncias, muere tu hermano”, le dijeron al exparlamentario, según contó Novillo.

“Los que planificaron y operaron el golpe querían camuflar el golpe con un discurso engañoso de sucesión constitucional”, pero terminaron por cometer errores gruesos, como el que un militar imponga la banda presidencial a Jeanine Áñez y que ella se autoproclame como presidenta, dijo Novillo.

El Ministro de Defensa manifestó que ese grupo que dirigió y operó el golpe de Estado debería ser investigado por las autoridades competentes, ya que “no hubo sucesión constitucional y lo que hubo fue un gobierno de facto”.

Novillo recordó que Luis Arce llegó al gobierno con la promesa de lograr la justicia para los masacrados en el golpe de Estado, y dijo que no hacerlo sería mantener un clima de impunidad, algo funesto para la democracia.