La Paz, 4 de febrero de 2026 (ABI).- Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y representantes del Ministerio Público investigan dos nuevos casos de feminicidio, los cuales elevan a seis los casos registrados en lo que va del año en el país. Los hechos se produjeron en el municipio de Warnes, Santa Cruz, y en un hostal de la ciudad de Cochabamba.

Oruro, 4 de febrero de 2026 (ABI).- Una mujer de 82 años falleció de manera violenta el pasado lunes en su domicilio ubicado en el cantón Challula, provincia Ladislao Cabrera, en un hecho tipificado como parricidio. Su hijo de 50 años fue aprehendido como responsable y permanece bajo custodia mientras se esclarecen los detalles del caso.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que las actuaciones investigativas se iniciaron de manera inmediata tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima, el cual presentaba signos evidentes de violencia física.

“Una vez conocido el hecho, se procedió al levantamiento legal del cadáver en coordinación con la Policía Boliviana y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Las primeras evaluaciones permitieron establecer que la muerte fue consecuencia de agresiones físicas, por lo que se activó la investigación por el delito de parricidio”, explicó la autoridad.

De acuerdo con los antecedentes, el hecho se registró el lunes 2 de febrero, alrededor de las 16:00, al interior del domicilio donde la víctima residía en condiciones precarias. Comunarios del sector alertaron a las autoridades tras escuchar pedidos de auxilio, lo que permitió la intervención policial y la aprehensión del hijo de la víctima.

La Fiscalía informó que el autor del hecho contaba con antecedentes de violencia intrafamiliar y conflictos previos con vecinos de la zona, situación que fue incorporada como parte de los elementos investigativos.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a la ciudad de Oruro para la realización de la autopsia médico legal, cuyo informe permitirá precisar las causas del fallecimiento y consolidar la imputación formal.

El Ministerio Público continúa con la recolección de pruebas documentales, testificales y periciales, en el marco del debido proceso, para sustentar la acusación por el delito de parricidio, el cual establece una pena de hasta 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto, conforme a la legislación vigente.

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La Paz, 4 de febrero de 2026 (ABI). – El viceministro de Transparencia, Yamil García, denunció este miércoles que recibe amenazas por la investigación que impulsa sobre presuntas irregularidades en la adquisición de un terreno para la construcción de oficinas de la Aduana Nacional en la ciudad de Tarija, y aseguró que no se apartará del proceso.

“He recibido una amenaza explícita. Me conminan a que deje de investigar a la Aduana”, afirmó la autoridad.

García explicó que los mensajes intimidatorios fueron enviados a través de redes sociales a su cuenta personal, en los que se le advierte sobre supuestas consecuencias si continúa con la investigación.

En ese sentido, manifestó que estas acciones evidencian la existencia de una estructura organizada que busca obstaculizar el proceso. “Es la muestra de que hay alguien que no quiere que se investigue a la Aduana”, señaló.

La autoridad anunció que recurrirá al Ministerio Público para que se asuman las acciones correspondientes y adelantó que informará sobre actos de obstaculización y riesgos procesales que ameritan la aplicación de medidas cautelares para los implicados en el caso.

García remarcó que no retrocederá en las indagaciones, ya que los hechos investigados están vinculados con la administración de recursos públicos, y adelantó que presentará nuevas denuncias y hallazgos.

“El día de mañana, en la ciudad de La Paz, vamos a dar a conocer más hechos, más denuncias y más hallazgos”, manifestó.

En el caso principal se investiga la adquisición de un terreno para la construcción de oficinas de la Aduana en Tarija por un monto de Bs 2.770.000, pese a que existía otra oferta por Bs 1.800.000.

Por este hecho, la expresidenta de la Aduana Nacional durante la gestión del presidente Luis Arce, Karina Serrudo, y otras personas son investigadas.

Asimismo, García informó sobre un segundo caso relacionado con un proyecto de inversión cuyo costo aproximado ascendía a cerca de Bs 23 millones, en el que se detectaron irregularidades, como la sobrevaloración del costo del metro cuadrado de obra en alrededor de 1.000 dólares, cuando el precio real sería de aproximadamente 300 dólares.

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