El Tribunal de Sentencia Nº 2 de Quillacollo, Cochabamba, sentenció a 22 años de cárcel a Eddy Flores y 20 años a Eddy Flores Colque (22), Vidal Vargas Quiroz (26), Víctor Mamani López (23), Rubén Londran Apaza (23) años y José Efraín Rojas Quispe (22), quienes violaron a una menor de 13 años de edad.

“Como Ministerio Público se presentó el informe psicológico y social de la víctima, el certificado médico forense, además de la entrevista informativa de la menor que reconoce plenamente a los sujetos, por lo que los miembros del Tribunal determinaron sentencia condenatoria para Eddy Flores de dictó 22 años de prisión, debido a que él argumentó que mantenía una relación amorosa con la víctima”, dijo la Fiscal Departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles.

El Fiscal de Materia, Benjamín Medrano, informó que el hecho se registró el 24 de marzo del año 2018 en el municipio de Quillacollo, cuando la madre de la menor, propietaria de una empresa de radiotaxi, se dio cuenta que su hija de 13 años desapareció, por varias horas de su casa. Cuando la menor retornó narró que José Efraín Rojas Quispe, la llevó con engaños a varios lugares y luego la violó, por lo que inmediatamente el hecho fue denunciado en la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, quienes junto a la Policía aprehendieron al agresor.

Dentro de la investigación, también se conoció que la víctima fue violada desde sus 12 años por varios choferes de la línea de radiotaxi que tiene su familia, por lo que la investigación fue ampliada contra otros cuatro sujetos: Eddy Flores Colque, que argumentó ser el enamorado de la adolescente, Vidal Vargas Quiroz, Víctor Mamani López y Rubén Londran Apaza. Todos los sindicados fueron aprehendidos por la policía y puestos a disposición del Ministerio Público.

Elena Flores, ejecutiva de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca), anunció que en 15 días se emitirá una convocatoria para que se proceda al desarrollo de elecciones para elegir a la nueva directiva de esa organización.

“Ayer se ha determinado llamar a elecciones para elegir a los nuevos dirigentes de Adepcoca, yo creo que hay que dejar de estar confrontando a las bases, al socio productor de la hoja de coca, y dejar de estar malgastando el dinero de la organización pagando a gente terrorista”, manifestó Flores.

La dirigente lamentó que el señor Armin Lluta se haya dedicado a generar conflicto y enfrentamientos entre los cocaleros de los Yungas de La Paz, y lo conminó a presentarse a las elecciones y demostrar si cuenta con el verdadero respaldo de las bases.

“Si el señor Armin Lluta quiere ser presidente de Adepcoca que se presente ahora a la nueva elección y mediante eso pueda tomar la cabeza de la institución”, ratificó.

Asimismo, denunció las agresiones y actos vandálicos que habrían sido cometidos por seguidores de Lluta ayer, lunes, en el sector de Kalajahuira. “Las casas sufrieron roturas de vidrio, también ha sido afectada la sede de los transportistas Señor de Mayo y más de 15 movilidades, producto de los actos vandálicos que repudiamos como Yungas de La Paz”, dijo Flores.

El Tribunal de Sentencia Nº 6 de Cochabamba sentenció a cinco años y seis meses de cárcel para Wilson R.S.A y cinco años para Karla C. G. por el delito de legitimación de ganancias ilícitas (lavado de dinero procedentes del narcotráfico) y se determinó el secuestro de ocho inmuebles, cuatro títulos valores de la empresa unipersonal Marca y Signo “La Voz” y cuatro vehículos que suman más de Bs 43,2 millones.

Un boletín de prensa del Ministerio Público refiere que el director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Pérdida de Dominio, Financiamiento del Terrorismo y Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Fiscalía General del Estado, Moisés Palma Salazar, informó que existen pruebas contundentes de que ambas personas están vinculados a la actividad del narcotráfico

“Durante todo el proceso, los ahora sentenciados pretendieron justificar sus ingresos y bienes presentando documentación de actividades lícitas como el servicios de comunicación, radio y televisión, venta de periódicos y publicidad, agencia de viajes, turismo, entre otros, pero además pretendieron tomar represalias, hostigar y difamar la labor del Ministerio Público a través de publicaciones en sus medios de comunicación; sin embargo, la Comisión de Fiscales logró rebatir esta teoría, demostrando, de manera contundente, que estos bienes procedían del narcotráfico y que las actividades que desarrollaban los ahora condenados, simplemente eran para dar apariencia de legalidad a sus bienes y recursos”, dijo Palma.

De acuerdo a los antecedentes, el 4 de noviembre de 1997 Wilson R.S.A usó la identidad falsa de Pablo Cesar Salazar Castillo para traficar 20 kilos de cocaína en Hamburgo, Alemania, por el que fue sentenciado a 10 años de presidio en ese país y el 2 de julio de 2003 fue expulsado a Bolivia. Cuando Wilson R.S.A llegó al país realizó la adquisición de bienes muebles e inmuebles, títulos y valores, además de efectuar varios depósitos de dinero en diferentes entidades bancarias.

Palma explicó que este hecho ocurrido con anterioridad vincula a la actividad de lavado de dinero que fue fundamental para que el sujeto y su esposa sean procesados por su vinculación a la actividad del narcotráfico.

La Defensoría del Pueblo y la Policía Boliviana firmaron el martes un convenio interinstitucional destinado a la capacitación del personal policial en el ejercicio y vigencia de los derechos humanos. 

Ambas instituciones se comprometieron a “unificar esfuerzos orientados a desarrollar acciones de difusión, promoción, asistencia técnica y capacitación al personal de la Policía para el ejercicio y vigencia de los derechos humanos. Además, se fortalecerán las capacidades operativas de la institución del orden con una perspectiva de género”.

“Vamos a iniciar con cursos relacionados al tema de violencia contra las mujeres, violencia sexual que nos parece fundamental, también en tema de seguridad penitenciara y otros relacionados a poblaciones de vulnerabilidad”, dijo la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz

Resaltó la voluntad de la entidad policial para mejorar el respeto a los derechos humanos porque se contará con personal informado en derechos humanos y con capacidades para entender y diferenciar entre los derechos y obligaciones de la ciudadanía.

Los cursos a ser implementados al personal policial son: La función policial y los derechos humanos, los derechos humanos y la violencia sexual, derechos humanos y la función penitenciaria.

En tanto, el comandante de la Policía Boliviana, coronel Jhonny Aguilera, dijo que el objetivo está enfocado a una capacitación técnica para que esa instancia cuente con manuales, protocolos y procedimientos que permitan el respeto y la garantía de los derechos de los ciudadanos.