El jurista brasileño Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que los tres elementos que evidencian la ejecución de una masacre en un determinado territorio, fueron ejecutados en Sacaba y Senkata durante el golpe de Estado de noviembre de 2019.

Explicó que el término masacre es utilizado cuando un conjunto de personas es ejecutado extrajudicialmente, o hay un alto número de víctimas fatales resultado de operativos conjuntos entre la Policía y los militares; y por el número de personas que perdieron la vida de una misma forma al mismo tiempo o lugar.

“Estas tres características están presentes en lo que ha sucedido en Sacaba y Senkata y la visita de la Comisión identificó patrones de lesiones que refuerzan más este registro de que hubo indicios de ejecución extrajudicial, además de los numerosos testimonios que hemos recibido y las imágenes registradas”, sostuvo durante una entrevista con el programa "La Pulga Podcast".

Abraõ dijo que algunos países no reconocen la masacre registrada en Bolivia en 2019 porque eso implicaría una responsabilidad internacional sobre toda la cadena de comando que generó las condiciones de violencia.

“También, en Bolivia identifiqué un intento muy claro de politizar el reclamo, de politizar la memoria, verdad y justicia de las víctimas, como una manera de generar invisibilidad, como una manera de justificar la violencia por parte del Gobierno de entonces”, afirmó.

Recordó que la visita de la delegación de la CIDH se realizó en un contexto post electoral, en el que las violaciones a los derechos humanos documentadas y registradas demostraron una responsabilidad directa de las autoridades del gobierno de facto.

“En Bolivia hemos encontrado un elevado número de testimonios y documentos que mostraron un uso desproporcionado de la fuerza de seguridad, situaciones de violación del derecho a la vida, violaciones al derecho a la protesta, e indicios de posibles ejecuciones extrajudiciales, más allá de las masacres mencionadas”, reveló.

El jurista dijo que, en su visita a los centros de detención, se encontró a cientos de personas que habían sido detenidas arbitrariamente y que sus testimonios fueron recabados sobre tortura y malos tratos, más allá de la intimidación social que se disparó en las calles y la persecución a los opositores al régimen de facto de Jeanine Áñez.

Aseguró que el caso de Bolivia amerita gran atención de la comunidad internacional para que no se pierda el foco central de la discusión y la representación de los derechos humanos que no pueden ser sustituidos por intereses políticos.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, comprometió este jueves eliminar las prácticas de represión que se aplicaron durante los once meses del Gobierno de facto de Jeanine Áñez y dijo que trabajará por el bien común del pueblo boliviano.
“Durante el Gobierno de facto, la Seguridad Ciudadana ha sido abandonada, nuevamente se ha retomado prácticas como represión antes que la prevención, el uso excesivo de la fuerza y en la pandemia se restringió la transitabilidad con multas excesivas, fuimos víctimas de encarcelamiento y multas”, rememoró, según un boletín de prensa.
Indicó que gracias a las gestiones del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se condonó toda multa de los dueños de los vehículos que fueron retenidos “injustamente”, logrando entregar 812 automotores a la fecha, añade el reporte.  
Dijo que para la gestión 2021, el Viceministerio se planteó once compromisos, entre los que destaca la implementación del Sistema Nacional de Registro de Brigadistas Escolares de Seguridad Ciudadana; acciones coordinadas en prevención, auxilio y mitigación de incendios en emergencias y/o desastres y coordinación con la Policía Boliviana para la mejora de protocolos de actuación de los servidores públicos policiales en las Estaciones Policiales Integrales (EPI´s).
También se tiene previsto establecer acciones estratégicas y compromisos para la prevención del delito y la violencia, a través de la Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana que generará el Plan 2021 – 2025, que deberá ser validado y aprobado, al igual que el Plan de Seguridad Vial.

El director de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, Sergio Fajardo, informó este jueves que hasta la fecha, solo ocho casos de los 33 feminicidios a nivel nacional cuentan con sentencia.

“Del total de 33 casos que se suscitan en esta gestión, ocho obtuvieron sentencia donde los imputados aceptaron la pena de 30 años de cárcel por feminicidio que representa la aceptación de la culpa”, informó en una entrevista con el programa 180, de radio Patria Nueva.

Fajardo explicó que cada caso es sometido al cumplimiento de los plazos procesales. En primera instancia, el proceso preliminar tiene una duración de 20 días para pasar a la fase preparatoria de seis meses.

Indicó que los departamentos con mayor incidencia son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Detalló que La Paz cuenta con ocho casos, Cochabamba, siete; Santa Cruz, seis casos; Oruro, cuatro; Beni, dos; Potosí, tres; Chuquisaca, dos y Pando, un caso, motivo por el cual se decidió crear la Dirección Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal que investiga ese tipo de sucesos.

Agregó que el trabajo es realizado por un equipo multidisciplinario conformado por especialistas del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) y un conjunto de fiscales que buscan sustentar las denuncias para que estas no sean objetadas por los agresores.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, entregó este jueves insumos médicos, material de escritorio y equipamiento a la Policía Militar, además de material de transporte para grandes y pequeñas unidades del Ejército que ejecutarán tareas de apoyo al desarrollo del país.

“Nuestras Fuerzas Armadas son el sostén que mantiene nuestro Estado Plurinacional, es el pilar fundamental de las instituciones democráticas, base esencial con la cual los bolivianos vamos a desarrollar una vida armónica en el ámbito de la paz social, con la que vamos a poder trabajar todos para salir de la crisis y reactivar la economía”, destacó, según un boletín institucional.

En su discurso, Novillo destacó que la adquisición del equipamiento militar se realizó de manera ágil y transparente con los procedimientos de contratación y adquisición acordes a la normativa vigente.

El comandante general del Ejército, Miguel Ángel Del Castillo, destacó la importancia de los insumos médicos entregados y dijo que ayudarán a resguardar la salud del personal militar durante el desarrollo de sus funciones al servicio del Estado Plurinacional. “Reafirmemos hoy más que nunca nuestra inquebrantable convicción de ser una institución al servicio del pueblo y que nuestra razón de ser es la Patria”, manifestó.

Según datos oficiales, el equipamiento para la Policía Militar consistió en cascos, ponchos, chalecos, bastones, traje antidisturbios, escudos, manillas de detención y visores nocturnos.

Las unidades militares recibieron una dotación de medicamentos, material de transporte como llantas, baterías, aceite para automotor, filtros (aire, aceite y combustible).

El material para el transporte militar servirá para que las unidades motorizadas presten un eficiente servicio en las diferentes tareas que desarrolla el Ejército.