El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció este viernes que se presentó una denuncia penal contra el exministro de facto, Arturo Murillo, y el excomandante de la Policía Boliviana, general Rodolfo Montero, por favorecer al narcotráfico al no haber ejecutado una orden de extradición a Brasil del traficante de estupefacientes, Einar Lima Lobo.

“El Ministerio de Gobierno interpuso una denuncia en contra de personas que están favoreciendo el narcotráfico en nuestro país, estamos hablando del excomandante de la Policía, coronel (Rodolfo) Montero, y el exministro Arturo Murillo. Estas dos personas no permitían la excarcelación y extradición del señor Lima Lobo de nuestro país”, dijo en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que la denuncia fue presentada en la víspera en plataformas de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, por el uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, coacción, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y complicidad en el tráfico de sustancias controladas.

Del Castillo recordó que, en 2018, la jueza Franscielle Martins Gomes Medeiros, de Brasil, a través de la Embajada de dicho país solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, que se disponga la detención con fines de extradición de Lima Lobo; sin embargo, esto no sucedió.

Dijo que el 6 de diciembre de 2019 Interpol notificó la excarcelación y extradición, y que, en ese momento, el entonces director de Interpol Bolivia, Jorge Campos, decidió dar cumplimiento al requerimiento judicial, como manda el ordenamiento jurídico vigente.

Sin embargo, el 12 de diciembre de 2019 intentó ejecutar la orden de extradición, pero no se hizo efectivo por algunos problemas que habían sucedido en el domicilio de Lima Lobo y se decidió la postergación hasta el día siguiente.

“Hemos podido recabar informes del coronel Jorge Campos a la Policía Boliviana en los que el exviceministro Jaime Zamora le había exigido que cometa una serie de delitos al pretender extraditar a otros ciudadanos brasileros en el país y, contrariamente, en el caso de Lima Lobo, que contaba con toda la documentación para su traslado a Brasil, no se recibió el apoyo y se impidió que Interpol cumpla con la orden”, afirmó.

Del Castillo explicó que, luego de ello, el coronel Campos envió una nota al Juez de Instrucción Penal Sexto de la ciudad de Santa Cruz, donde señaló que el coronel Montero, sin ningún fundamento jurídico y administrativo, ordenó no ejecutar el mandamiento de excarcelación, aduciendo que el entonces ministro de Gobierno, Murillo Prijic, estableció su destitución del cargo por no cumplir la extradición por más de 46 días.

“No vamos a permitir que estas conductas delictivas queden impunes, por eso estamos solicitando que se notifique y se admita esta denuncia a la brevedad posible para que mañana (sábado) el coronel Montero dé una versión al respecto y también se pueda solicitar una alerta azul y la posterior alerta roja para que el señor Arturo Murillo rinda informes a este país sobre su complicidad al narcotráfico extrafronterizo”, finalizó.

El Gobierno extraditó el pasado miércoles al narcotraficante Jesús Einar Lima Lobo, luego de recibir una comunicación judicial de un requerimiento presentado por Brasil.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció este viernes que se presentó una denuncia penal en contra del exministro de facto, Arturo Murillo, y el excomandante de la Policía Boliviana, general Rodolfo Montero, por favorecer al narcotráfico al no haber ejecutado una orden de extradición a Brasil del traficante de estupefacientes, Einar Lima Lobo.

“El Ministerio de Gobierno interpuso una denuncia en contra de personas que están favoreciendo el narcotráfico en nuestro país, estamos hablando del excomandante de la Policía, coronel (Rodolfo) Montero, y el exministro Arturo Murillo”, dijo en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que la denuncia fue presentada en la víspera en plataformas de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, por el uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, coacción, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y complicidad en el tráfico de sustancias controladas.

(Noticia en desarrollo).

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó este jueves que, a nivel nacional, se registraron 40 casos de feminicidio del 1 de enero al 6 de mayo de este año.

“Lamentablemente, en lo que vamos de esta gestión tenemos 40 feminicidios a nivel nacional”, sostuvo, citado en una nota de prensa institucional.

De acuerdo con Lanchipa, los hechos de violencia se registraron en los departamentos de La Paz con 11 casos, Santa Cruz con 8, Cochabamba con 7, Oruro con 5, Potosí con 3, Beni con 2, Chuquisaca con 2, Pando con 1 y Tarija con 1.

El reporte fue proporcionado a los miembros de la Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de casos de Feminicidio y Violencia hacia las Mujeres de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Según Lanchipa, la nueva instancia legislativa tiene la misión de efectuar un seguimiento a todos los reportes efectuados a nivel nacional.

“Hemos tenido una reunión de coordinación donde el Ministerio Público ha brindado toda esa información respecto al avance y estado de los casos de feminicidio”, explicó.

La autoridad manifestó que la reunión con la comisión legislativa culminó con la determinación de que se realice reuniones entre autoridades del Ministerio Público, el Órgano Judicial y la Policía Boliviana en los nueve departamentos, para identificar las dificultades procesales en la resolución de los casos de feminicidio.

La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles, informó este jueves que una comisión de funcionarios del Ministerio Público y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), comenzaron este jueves una inspección técnica ocular y una reconstrucción balística que se prolongará por dos días en Huayllani, Sacaba, donde el 15 de noviembre de 2019 se produjo una represión militar y policial que dejó 10 muertos y más de un centenar de heridos.

“Hoy estamos comenzando con la inspección del lugar de los hechos, donde se provocó la muerte de 10 personas y más de un centenar de heridos en los conflictos del 2019 en el sector de Huayllani, en el municipio de Sacaba”, manifestó, citada en un boletín institucional.

El trabajo pericial contará, además, con la presencia de cerca de 28 personas que fueron heridas por arma de fuego y los presuntos responsables de los disparos. 

Según Gonzáles, el trabajo se efectuará para agotar todas las posibilidades para colectar los elementos de convicción y formar criterios respecto a la teoría que construye el Ministerio Público a partir de los elementos e indicios que se reúnen en la parte investigativa del caso.

En ese sentido, explicó que la comisión recorrerá los lugares donde se registraron los heridos por arma de fuego. Aclaró que anteriormente se desarrolló otra pericia de balística en los lugares donde se hallaron a los fallecidos.

Por su parte, la directora del IDIF, Naira Padilla, señaló que los peritos realizan dos actuados procesales, el primero por el área de criminalística que desarrolla el geo-posicionamiento del estudio balístico de los heridos, mientras que el segundo se hará para el rubro de medicina forense que realiza las valoraciones de las lesiones en los heridos en los hechos del 15 de noviembre del 2019.