El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este jueves que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales para Bolivia (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigó los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, entregará su informe final el próximo 23 de julio.

“Este mes, el mes de julio, concretamente el 23 de julio el grupo internacional de expertos independientes nos va a entregar su informe final, el resultado de la investigación de las graves violaciones de derechos humanos de septiembre al 31 de diciembre ocurridas en el país”, adelantó en contacto con la red televisiva ATB.

Según la autoridad, este hecho coincidirá con la solicitud de convocatoria a sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se considerará las solicitudes de juicios de responsabilidades.

“Estamos en puertas de recibir el informe del GIEI y estamos en puertas de que nuestro Vicepresidente convoque a la sesión de la Asamblea para tratar estos casos, esa es la llave, esa es la ruta crítica y luego la justicia, que desde el martes tiene un nuevo presidente en su Tribunal Supremo, tendrá que estar a la altura de la historia y poder garantizar un debido proceso con la celeridad que necesita el pueblo boliviano”, puntualizó Lima.

Dijo que el país no quiere impunidad y pide justicia para los bolivianos que fallecieron en los hechos violentos de 2019.

“No vamos a instrumentalizar de ninguna manera el dolor de ellos, pero tampoco vamos a cesar en el esfuerzo de lograr justicia para todos ellos”, reafirmó.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) fue creado mediante el Acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019, para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) realizó el levantamiento legal de un cadáver de sexo femenino de entre 30 y 40 años en la ciudad de El Alto, en la zona de Alpacoma, al interior de un barranco.

El director nacional de la Felcv, José Murillo, informó que la víctima presenta signos de violencia y se presume que la muerte fue causada por estrangulamiento porque estaba con un “cinto de lana”, sin embargo, aclaró que los datos oficiales del deceso se informarán después de la autopsia legal.

“Esta mañana hicimos el levantamiento legal de un cadáver, se está realizando la autopsia en este momento, personal del Segip (Servicio General de Identificación Personal) se está constituyendo al lugar para realizar la identificación del cuerpo”, indicó Murillo en radio Éxito.

De acuerdo con el informe preliminar, la mujer vestía una pollera y presenta signos de violencia. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, porque no portaba ningún documento.

El coronel añadió que se realiza un trabajo conjunto con personal de Segip para identificar el cuerpo. Asimismo, la División de Trata y Tráfico de personas indagará si la mujer no fue reportada como desaparecida.

De acuerdo con la autoridad, con este nuevo caso suman 62 feminicidios en La Paz.

El autor del robo y posterior embarrancamiento de una patrulla policial en la ciudad de La Paz se entregó este jueves de manera voluntaria a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“He reflexionado todo este tiempo, he decidido presentarme para que no haya involucrados inocentes en este caso”, declaró el implicado a la red Bolivisión.

El autor del hecho, de aproximadamente 40 años, no quiso dar a conocer su identidad, pero dijo que está arrepentido de lo sucedido el pasado fin de semana en la zona Ciudadela Ferroviaria. Argumentó que no recuerda nada de lo sucedido porque estaba bajo los efectos del alcohol y que se enteró del caso por los medios de comunicación, por lo que decidió entregarse de manera voluntaria para asumir las consecuencias de su accionar.

“Pido disculpas a los señores de la Policía por haber cometido ese acto y también a la población porque sé que todo esto (el daño a la patrulla) pagan nuestros impuestos, estoy aquí para pagar mis culpas”, dijo, minutos antes de ingresar a las oficinas de la Felcc.

El ciudadano, con evidente preocupación y nerviosismo, ingresó a las oficinas de la Felcc para presentarse de manera voluntaria. “Vengo a presentarme como autor confeso del caso de la patrulla”, indicó en ventanilla, después de que un oficial salió a atenderlo y al escuchar la confesión el tono de su voz cambió.

Milton Andrade, abogado del ciudadano que se entregó, explicó que su cliente tiene toda la predisposición para aclarar lo ocurrido, por lo que cumplirá los protocolos correspondientes y prestará su declaración, con el objetivo de llegar a la verdad y cumplir lo que la Ley mande.

“Él tiene lagunas mentales, por su estado de ebriedad. Él no quiere ser irresponsable, quiere que se esclarezcan los hechos y asumirá la responsabilidad, si el caso amerita”, indicó el jurista.

El pasado fin de semana se denunció que tres sujetos habrían hecho un contrato con un minibús en la ciudad de El Alto, pero llegando al lugar, los mismos se habrían negado a pagar por los servicios del conductor, lo increparon y golpearon.

Policías que circulaban por el lugar lograron socorrerlo, sin embargo, uno de implicados aprovechó que los policías atendían una llamada de auxilio y robó el vehículo policial, para posteriormente embarrancarlo en la zona Ciudadela Ferroviaria de La Paz. La fuerza del orden solicitó la búsqueda del sujeto, quien hoy se presentó de manera voluntaria.

El Gobierno no autorizó el ingreso de efectivos de la Policía Boliviana a Charopampa, Mapiri, al norte del departamento de La Paz, y espera resolver el conflicto entre comunarios y cooperativistas mineros de manera concertada, informó este miércoles el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

“Como Gobierno nacional buscamos la pacificación, actuar respetando los derechos humanos y siempre de manera concertada con las organizaciones, cooperativas en este caso; por lo cual, si bien la Policía sigue replegada, todavía no ha habido una reunión formal con la dirigencia de los cooperativistas, pero sí en los próximos días esperamos tener reuniones en las cuales podamos definir estos temas”, afirmó.

Insistió en que antes de que ingrese la Policía se debe hacer un análisis de situación del lugar y hablar también con los representantes de las cooperativas del lugar.

“Vamos a ver de armar mesas conjuntas de trabajo en las cuales vamos a determinar cómo es que se va a actuar”, adelantó.

Según reportes, la semana pasada en la comunidad Charopampa hubo enfrentamientos debido a la disputa de áreas mineras entre la comunidad “Lecos de Charopampa” y la cooperativa minera “15 de Mayo” S.R.L.

La Defensoría del Pueblo informó que ambos sectores se enfrentaron pese a que el 8 de julio llegaron a un acuerdo interno, después de varios días de diálogo. Sin embargo, la confrontación se habría producido porque ese pacto no fue respetado.