El excívico potosino Marco Pumari es uno de los principales responsables del golpe de Estado de 2019 y ahora está desesperado, junto a otros actores políticos de entonces, ante la emisión del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI - CIDH) que investigó las vulneraciones a los Derechos Humanos en ese periodo, sostuvo el diputado Juanito Angulo.

El legislador, entrevistado en el programa 180, de radio patria Nueva, indicó que el informe que fue emitido por el Grupo de Expertos Independientes, será una prueba evidente de la violación masiva a los Derechos Humanos durante el régimen de facto de Jeanine Áñez.

“El señor Pumari es uno de los principales responsables del golpe de Estado, de un gobierno de facto que nos ha dejado consecuencias terribles en el país”, indicó.  

“Hay desesperación de quienes participaron de manera directa, como el señor Pumari, como el señor Carlos D. Mesa, incluida la Iglesia Católica que de manera irresponsable ha emitido su informe faltando a la verdad y a la realidad y eso muestra una desesperación tratando de esquivar su responsabilidad”, manifestó.

Por su lado, el expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, señaló el 1 de julio a Marco Pumari, excívico potosino, como uno de los impulsores de las movilizaciones violentas que se produjeron en el marco del golpe de Estado de 2019.

Borda, en noviembre de 2019, se encontraba en la línea de sucesión presidencial tras la dimisión de Evo Morales, pero fue obligado a renunciar por grupos civiles violentos que secuestraron y torturaron a su hermano con el fin de lograr el abandono de su cargo, según denunció ante una comisión de fiscales.

Recordó que, en 2019, “las movilizaciones primeramente (se realizaron) porque supuestamente se estaban movilizando por el litio (…) Y ahí obviamente intervino el comité cívico, el señor Marco Pumari, con eso articuló el movimiento social, no con democracia, no con otras cosas (…) han sido actores principales para el golpe de Estado”, manifestó.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que se investigará a personas que hayan estado en Puerto Suárez por la supuesta coordinación para el infanticidio de la niña Darling Chavez, de cuatro años, que estuvo desaparecida por seis días en el municipio de Mairana, Santa Cruz, y fue encontrada sin vida en un río de la zona.

“Este asesinato, este infanticidio habría sido coordinado con gente desde Puerto Suárez, en el departamento de Santa Cruz. Estamos a la espera de los avances de investigación, pero estamos seguros que la o el responsable de la muerte de la menor será sancionado conforme mande nuestra normativa”, informó el ministro de Gobierno en conferencia de prensa.

De acuerdo con la autoridad, el examen forense que se realizó a la menor indica que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por obstrucción de las vías aéreas. Además, se encontró cabello de una mujer en la mano de la pequeña, mismo que es investigado en un laboratorio.

“Hemos podido encontrar en las manos de la niña cabellos de una mujer, están actualmente en un laboratorio analizando a quién corresponderían estos cabellos de acuerdo a las pruebas de ADN que estamos realizando (…). Vamos a poder determinar con pericias quién habría sido la persona que le ha quitado la vida a esta menor”, explicó.

La Fiscalía y Policía investigan al entorno familiar de la menor y a su círculo más cercano para conocer nuevos elementos que ayuden a dar con los autores de este caso de infanticidio.

La niña Darling Chávez desapareció en la zona de Hierba Buena Militar, en el municipio de Mairana del departamento de Santa Cruz. Su familia y pobladores la buscaron intensamente, la Policía y la Fiscalía se sumaron a esta pesquisa para encontrar a la pequeña.

El viernes 23 de julio, un comunario alertó a la Policía sobre la presencia de un cuerpo en el río de esta región. Tras el examen forense se determinó que era el cuerpo de Darling y que la niña había sido asfixiada. 

Del Castillo aseguró que la investigación no cesará hasta encontrar a los responsables de la muerte de la menor y ponerlos ante la justicia.

La justicia emitió un mandamiento de detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el general Pablo Arturo Guerra Camacho, exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, por los asesinatos registrados en Senkata, en noviembre de 2019, informó la red televisiva ATB.

Guerra formó parte del Alto Mando de las Fuerzas Armadas que fue posesionado por Jeanine Áñez el 13 de noviembre de 2019. Fue aprehendido el viernes.

El 15 de noviembre, al menos 11 civiles perdieron la vida y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, tras la intervención de la Policía y las FFAA ante una marcha desarmada.

El 19 de noviembre, en cercanías de Senkata, otros 11 civiles fueron asesinados y al menos 78 resultaron heridos. En ningún caso se produjeron bajas entre los efectivos policiales y militares.

En ese contexto, Guerra es acusado por la masacre de Senkata por lo cual, en una audiencia de medidas cautelares, la justicia determinó enviarlo a la cárcel por seis meses.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó este domingo que la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) de La Paz incautó 155 motorizados, que eran comercializados mediante las redes sociales. 

“A nivel nacional, en este operativo de tres días, ya se ha hecho la incautación de 155 vehículos que estaban siendo comercializados en redes sociales, que realmente son una apología del delito”, dijo Montenegro en rueda de prensa.

En esa línea, la autoridad indicó que efectivos de la Policía Boliviana realizaron operativos de inteligencia y patrullaje cibernético para intervenir y capturar esos vehículos “que son sujetos del comercio ilegal”.

“No podemos permitir, como Gobierno nacional, que en estas páginas y redes sociales se haga apología del delito con la comercialización abierta de este tipo de vehículos indocumentados, de contrabando, oferta de placas fraguadas y demás elementos que están asociados a estos delitos”, manifestó.

Por su parte, el director departamental de Diprove de La Paz, coronel Julio Monroy, explicó que esa entidad, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Unidad Operativa de Tránsito realizan controles en las trancas de ingreso y operativos diversos.

“Se continuará con los operativos conjuntos que se están realizando para dar con esas personas que se están dedicando a comercializar vehículos, placas, Ruat (Registro Único para la Administración Tributaria), como decimos ‘chutos’ (…), por redes sociales”, advirtió.

En ese contexto, Monroy entregó al Ministro de Economía y Finanzas Públicas las llaves de los motorizados incautados para que la Aduana Nacional (AN) se haga cargo de proceder con lo establecido en las leyes.