El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Cochabamba, Patrick Saavedra, informó este miércoles sobre la aprehensión de un sujeto de 26 años de edad, quien agredió a su pareja por “rumores” de infidelidad.

“El señor ingresa al domicilio por la pared, en estado de ebriedad, y le da golpes a la víctima. Hay un certificado forense (de la víctima) con seis días de incapacidad. Este señor se encuentra en celdas policiales, en espera de sus medidas cautelares”, indicó Saavedra a los medios de comunicación.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima tiene 24 años y cansada de las agresiones de su pareja lo denunció por los reiterados maltratos que sufría.

El detenido tiene 26 años y agredió física y psicológicamente a su pareja en su domicilio ubicado en la zona de Chaupiloma, al sur de Cochabamba. El sujeto está acusado por violencia familiar y doméstica, aguarda a que un juez defina su situación jurídica.

“La victima hace referencia que su concubino, de ocupación albañil, había llegado de Tarija y la agrede físicamente porque había escuchado rumores de una prima, de que estaría andando con varios hombres”, indicó el jefe policial.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos Sanjinés, informó este miércoles que la Policía Boliviana desplegará efectivos a nivel nacional, en el marco del plan nacional denominado “Fiestas Patrias Seguras 2021”, con el objetivo de evitar acciones delictivas y accidentes de tránsito precautelando la seguridad de las familias bolivianas. 

“Activamos el día de hoy lo que se ha denominado ‘Fiestas Patrias Seguras’, este plan se activa el día de hoy miércoles 4 de agosto, hasta el lunes 9 de agosto. Este plan se va a desarrollar en todo el país”, explicó el viceministro.

De acuerdo con la autoridad, este plan se desarrollará en tres etapas. Durante la primera, los efectivos se encargarán de identificar espacios de mayor tráfico vehicular considerados “conflictivos” para prevenir posibles accidentes de tránsito en el territorio nacional.

Se prevé que un equipo de efectivos brinde asistencia técnica e inmediata a los ciudadanos que lo requieran, además de interactuar con la comunidad bajo el modelo de policía comunitaria, brindando auxilio inmediato ante cualquier situación de peligro o riesgo. En la última etapa de este plan se realizará una sistematización y evaluación del plan. “Nuestro trabajo será a favor del pueblo”, aseguró la autoridad.  

El comandante nacional de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, instó a los efectivos policiales a trabajar intensamente en esta primera fase del plan mediante la socialización, prevención y concienciación de los ciudadanos.

Por su parte, el director Nacional de Tránsito y Transportes, Juan Carlos Espinoza, informó que realizarán diversas actividades de socialización para que la población, tanto conductores como peatones asuman su obligación y cumplan con las normas.  

Espinoza indicó que se activará el plan “Viajero Seguro” y trabajará de manera coordinada con otras instituciones para hacer controles en las terminales. Añadió que se evaluará física y psicológicamente a los conductores para habilitar su viaje, también se hará un riguroso control de la documentación y el estado de los vehículos.

Asimismo, aclaró que se realizarán anillos de control a nivel nacional para identificar a conductores que infrinjan la norma. Los mismos que se desarrollarán a nivel nacional para prevenir accidentes de tránsito e intensificar las recomendaciones sobre el uso de elementos de bioseguridad frente al COVID-19.

El presidente del Parlamento Andino, Adolfo Mendoza, dijo que los cívicos de la ciudad de Santa Cruz comenzaron a manejar la bandera del tema tierras para exacerbar el regionalismo y el odio racial con el fin de afectar la unidad de Bolivia y la democracia.

En declaraciones al programa Primer Plano, de Bolivia Tv, el legislador supraestatal llamó a la reflexión a los cívicos que anunciaron bloqueos y movilizaciones en demanda del cumplimiento de una amplia y variada agenda que incluye el tema tierras, el sobreseimiento del caso fraude, rechazo de la Ley de Emergencia Sanitaria y de la norma Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, entre otras exigencias.

Dijo que los anuncios de los cívicos cruceños tienen “otros intereses” que no son de defensa del bien común. “La preocupación que se establece en todo esto, en el fondo, es que se está motivando ya no una demanda regional sino el regionalismo, que es como tender la cama para afectar la unidad del país y eso es grave”, manifestó.

Puso como antecedente que, en 2019, los sectores opositores usaron la bandera del “fraude monumental” para impulsar el golpe de Estado.

Ahora, la bandera usada por los cívicos cruceños es el regionalismo que “puede afectar seriamente las bases del Estado unitario”, indicó.

Mendoza manifestó que los cívicos cruceños parecen querer desplazar a los partidos de la oposición, esta vez con el objetivo de horadar la democracia.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en un informe dirigido a la Fiscalía, derrumbó el armazón de “sucesión constitucional” usado por los impulsores del régimen de Jeanine Áñez para teñir con algo de legalidad al golpe de Estado de 2019.

El Tribunal, el 20 de julio de 2021, envió una respuesta a la comisión de fiscales que investiga el caso golpe de Estado.

El documento, clasificado como CITE:TCP-SG N° 223/2021 y firmado por Marvin Molina, Secretario General del Tribunal Constitucional Plurinacional, indica que no se encontró “sentencia, declaración o auto constitucional” sobre la presunta sucesión constitucional de Jeanine Áñez, en noviembre de 2019.

El documento, indica que “De la revisión del Sistema de Gestión Procesal y el informe de 16 de julio de la presente gestión por parte del Gestor Procesal Tutelar de esta institución, se concluye que no se encuentra sentencia, declaración o auto constitucional por el cual se hubiese emitido pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de la entonces senadora ciudadana Jeanine Áñez Chávez, producidas el mes de noviembre de 2019”.

El 12 de noviembre de 2019, Áñez se basó en un supuesto aval del Tribunal Constitucional para asumir la presidencia del Senado, primero, y la presidencia de Bolivia, después.

Ese aval, en realidad se trató de un simple comunicado informativo que no tenía valor jurídico, solo informativo, pero fue usado por quienes impulsaron ese armazón jurídico, como Luis Vásquez y su esposa, para darle un barniz de legalidad a la toma del poder.

Entonces, Jeanine Áñez justificó su autoproclamación con la lectura de un comunicado del TCP de ese día, que apelaba a la Resolución 003/2001 con la que el vicepresidente Jorge Quiroga sucedió en agosto de 2001 al presidente Hugo Banzer.

“Ese 12 de noviembre de 2019, el entonces senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez esperaba el documento del TCP, aunque días antes Luis Vásquez, exsenador y asesor de (Jorge) Quiroga, hacía lobby político y legislativo para promover la sucesión de Áñez con la resolución constitucional de 2001. La misma Iglesia Católica, que promovió diálogos extralegislativos en la Universidad Católica, informó de que ese grupo de políticos apeló al texto de 2001”, informó La Razón.

Esa fecha se aplicó el “Plan B”, propuesto por la diputada Jhovana Jordán, que consistía en la sucesión de Jeanine Áñez en base a la Declaración Constitucional 003/2001, del 31 de julio de 2001, utilizada para la sucesión de Banzer.

“Jordán es esposa de Luis Vásquez, asesor legal del expresidente Quiroga (2001-2002) y uno de los artífices de la iniciativa que, paralelamente a los intentos de sesión en la Asamblea Legislativa, justificaba la propuesta en la reunión extralegislativa de la Universidad Católica Boliviana (UCB)”, informó el impreso el 21 de junio de 2021.

Ese comunicado del TCP del 12 de noviembre de 2019, fue usado para justificar que el Tribunal “dio su respaldo legal a la sucesión constitucional (de Jeanine Áñez) en el marco de la Sentencia Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2001, que se sustenta en la ‘vacancia’ del presidente”, informó la agencia ANF en esa fecha.

Sin embargo, en el documento enviado por el TCP a los Fiscales el 20 de julio de 2021 se aclaró que “en cuanto a los efectos jurídicos, todo comunicado tiene carácter general y no particular, pues lo que transmite o difunde es información”.

Es decir, ese comunicado fue solo informativo y no tenía efecto jurídico como una sentencia, declaración o auto constitucional.

Por otro lado, la carta del TCP a los Fiscales que investigan el golpe de Estado de 2019, aclara que “la fecha y hora de publicación del comunicado del 12 de noviembre de 2019, se encuentra descrita en el INFORME TCP-INF-JUI N° 011/ 2021 elaborado por el Jefe de la Unidad de Informática; asimismo, se adjunta el referido comunicado en copia legalizada”.