Cochabamba, 29 de septiembre de 2025 (ABI).- La reciente captura en Uruguay del exsacerdote Juan José Sant’Anna Trinidad generó una fuerte reacción en la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Eclesial, que exige justicia por los abusos sexuales cometidos en el internado ubicado en el municipio de Tapacarí, Cochabamba.
“Nosotros como Comunidad Boliviana, celebramos que lo hayan detenido. Autoridades, tanto la Fiscalía, la Cancillería están tramitando para que en menos de 70 días esté en Cochabamba y que enfrente a la justicia. Nosotros apoyamos a las víctimas, que no tengan miedo, rompan el silencio y se acerquen también a la justicia”, declaró el vocero de la organización, Pedro Lima.
El ahora acusado estuvo prófugo por 17 años y es señalado por el abuso sexual de al menos 30 menores quechuas entre 2005 y 2007.
Sant’Anna dirigía el ala masculina del internado salesiano, donde residían 72 niños de entre 6 y 17 años, provenientes de comunidades rurales.
En ese contexto, Lima denunció que la orden salesiana tenía conocimiento previo de los antecedentes del exsacerdote en Uruguay, donde ya había recibido denuncias en colegios. A pesar de ello, Sant’Anna fue trasladado a Bolivia en 2005 y ordenado sacerdote en Cochabamba.
El vocero relató que cuando la denuncia estalló en 2007, el entonces arzobispo de Cochabamba, monseñor Tito Solari, anunció una supuesta investigación. Al término de esta, reconoció públicamente que “uno de nuestros sacerdotes ha cometido abuso” y ofreció apoyo psicológico a las víctimas.
“Nada de eso se cumplió. No hubo ayuda. Solo silencio. Lo más grave es que cuando daban esa conferencia de prensa, el sacerdote ya había huido del país hacía 20 días”, denunció Lima, en entrevista con Bolivia TV.
El modus operandi del exsacerdote, según testimonios recogidos, consistía en invitar a los niños a su habitación —la única con televisión—, ofrecerles refrescos y, una vez dormidos, agredirlos sexualmente.
La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes acompañará el proceso de extradición desde Uruguay, el cual tiene un plazo de 40 días.
Lima también anunció que solicitará que la investigación se amplíe a quienes facilitaron la fuga del sacerdote en 2007, incluyendo autoridades eclesiales que, según afirma, actuaron con encubrimiento.
“Vamos a pedir que (la investigación) se amplíe a las personas que facilitaron, a autoridades eclesiales que facilitaron que huya de la justicia. (...) vamos a luchar para que estos hechos nunca más se repitan en Bolivia. Son cargos gravísimos que pesan sobre ese exsacerdote y él mismo reconoció y no niega las acusaciones”, enfatizó Lima.
GMM/Mac