El asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, cuestionó este miércoles a los periodistas Humberto Vacaflor y Carlos Valverde por el hecho de acordar contratos para difundir opinión a favor del régimen de Jeanine Áñez.

“Humberto Vacaflor o el señor Valverde son generadores de opinión y se supone que son periodistas independientes que dan la visión clara de lo que ocurre en el país. Aquí se pudo ver la prostitución de la pluma, esa pluma que muchos siguen y piensan que la opinión de estos señores es una realidad y un análisis serio, sesudo sobre lo que ocurre, eso no es verdad, se pudo ver”, cuestionó Torrico.

El asambleísta indicó que esta situación pone en entredicho lo que ambos periodistas puedan decir en la actualidad sobre los hechos de análisis de la coyuntura nacional. “Sabemos que ya tienen precio”, aseguró.

Sostuvo que durante el régimen de Áñez, empresarios de medios de comunicación optaron por aplicar una “guerra sistemática” para posicionar la narrativa de la sucesión constitucional.

En 2020, el periodista Humberto Vacaflor cobró más de Bs 82.000 por elaborar artículos de opinión, de un promedio de siete párrafos por jornada durante 11 meses y 28 días, para el periódico estatal Bolivia durante el régimen de Jeanine Añez, según documentos que difundió el periódico La Estrella del Oriente.

No fue el único sueldo que cobró. También desempeñó el Servicio de Análisis Político Social en el canal estatal Bolivia TV, desde septiembre de 2020 a través del contrato C-S N° 033/2020, con un salario mensual de Bs 6.531,40. “Cabe aclarar, que se fue sin previo aviso incumpliendo la vigencia de contrato, según informe de Gerencia de Producciones a partir del 9 de noviembre”, detalla una publicación del periódico Bolivia.

En el otro caso, el periodista Carlos Valverde admitió haber suscrito un contrato con el Estado por Bs 75.275 para escribir a favor del régimen de Áñez, entre diciembre de 2019 y 2020, oficio que ejerció mientras desempeñaba funciones en medios de comunicación privados.

Los dos casos se sumaron al de la periodista Nancy Vacaflor, quien recibió Bs 30.000 del gobierno de Jeanine Áñez como pago por realizar la “Consultoría de Sistematización Periodística de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE)”.

Las autoridades originarias de la población del Ayllu de Ch’alla del departamento de Cochabamba que promueven la autonomía originaria, entregaron el primer borrador del Estatuto de la Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC) e instruyeron al Órgano Deliberativo recabar propuestas de las comunidades y ayllus para revisar y ajustar el documento. El siguiente paso es enviar la propuesta al Tribunal Constitucional Plurinacional para el control correspondiente.

La solicitud y obtención de la certificación de ancestralidad y de viabilidad gubernativa, las reuniones de coordinación con el municipio de Tapacari, la elección y reconocimiento municipal de sus símbolos, bandera e himno fueron parte de la agenda de trabajo de las autoridades originarias que buscan establecer su autonomía.

La Autonomía Originaria Ch’alla constituida por los ayllus Aransaya, Majasaya y Urinsaya como ejercicio de su libre determinación inició el camino hacia una nueva entidad autónoma hace dos años. El borrador del estatuto fue presentado el 10 de abril.

El 15 de febrero de 2020, representantes de las 27 comunidades del distrito municipal de Ch’alla aprobaron por unanimidad, mediante normas y procedimientos propios, su acceso a la autonomía indígena originaria campesina, y conformaron el Órgano Deliberativo encargado de redactar el proyecto de estatuto autonómico.

Cada ayllu postuló 15 representantes elegidos democráticamente por usos y costumbres y, el año pasado, en el aniversario del distrito de Ch’alla, fueron posesionados el presidente del Órgano Deliberativo, Eleuterio Flores Condori, y 35 miembros (11 mujeres y 24 hombres) con la tarea de elaborar un estatuto que defina la estructura gubernativa y administrativa de la futura AIOC.

“Los estatuyentes, más cinco suplentes de cada ayllu, discutimos las diferentes propuestas y sugerencias de las bases y concertar el borrador del estatuto en varias sesiones”, precisó el Presidente del Órgano Deliberativo, el 10 de abril, en el acto de presentación del documento en la localidad de Ch’alla Lacuyo, provincia Tapacarí del departamento de Cochabamba.

El presidente del Parlamento Andino, Adolfo Mendoza, sostuvo este miércoles que en Bolivia existe un cerco mediático que tiene como objetivo deslegitimar la lucha contra la pandemia del COVID-19 que impulsa el Gobierno nacional.

La autoridad hizo referencia al tema en respuesta a un mensaje de Twitter publicado por la exdiputada Susana Rivero, quien critica la desinformación en el país en relación a la pandemia.

Entrevistado por radio Éxito, Mendoza aseveró: “La desinformación no es un asunto del Gobierno, proviene de algo que prevalece desde hace algún tiempo en los medios de comunicación y es el cerco mediático, hubo un cerco mediático durante el régimen dictatorial y de facto de la señora Jeanine Áñez, hubo en los años anteriores de la última gestión del expresidente Evo Morales y la actuación corporativa, no digo de periodistas, digo de propietarios de los medios; generaron un cerco a la democracia, a la ciudadanía y una actitud de desinformación, y, más bien, propagación de fake news”.

Bolivia es uno de los pocos países de la región que impulsa a nivel nacional una campaña masiva de inmunización en un contexto marcado por la demanda internacional de dosis para enfrentar la pandemia del COVID-19 y ante las medidas restrictivas que aplican algunos proveedores en el mundo.

El Gobierno puso en funcionamiento la aplicación móvil Bolivia Segura - Unidos Contra el COVID-19, la web www.bolivia.gob.bo y la línea telefónica gratuita 800-10-4110 para brindar información certera sobre centros de salud, laboratorios, farmacias y medicina tradicional. Además, estas tres herramientas tecnológicas permiten el prerregistro nacional para la vacunación masiva contra el virus. Todo esto es reforzado con materiales informativos y ferias.

“Lo que yo noto es que, pese a los esfuerzos del Viceministerio de Comunicación, hay todavía este cerco mediático donde se pone en la agenda pública otro tipo de cosas, y esto, que es objetivo, que es concreto en el orden internacional y en la política pública nacional, no se lo dice, no se lo dice porque se intenta generar desde las propiedades de los medios de comunicación una desinformación y, sobre todo, una pauta de acción política ligada con la desestabilización de la democracia y el intento de deslegitimar las acciones del presidente Luis Arce Catacora”, aseveró el Presidente del Parlamento Andino.

El viceministro de Comercio de Exterior, Benjamín Blanco, informó este miércoles que hasta la fecha ningún gobierno subnacional presentó ante la Cancillería una solicitud oficial para viabilizar la importación de vacunas anticovid.

“Hasta ahora no hemos recibido ni una sola solicitud, pero el momento en que se reciba, en el momento en el que se tenga un contacto serio, tengan por seguro de que vamos a viabilizar lo más que se pueda, porque el interés nuestro es que haya la mayor cantidad de vacunas”, señaló en contacto con radio Patria Nueva.   

La autoridad lamentó que, con algunas declaraciones de prensa, se pretenda confundir a la población y se intente hacer creer la falacia de que el Gobierno nacional obstaculice la importación de más vacunas.

“Cuanto más vacunas ingrese, no importa quien las traiga, no importa el color político, no importa si es una empresa privada, cuanto más vacunas tengamos en nuestro país, pues es mejor y vamos a salir más rápido de la pandemia”, subrayó.

Asimismo, reveló que algunos gobiernos municipales hicieron contactos con intermediarios que no están reconocidos por las empresas farmacéuticas.

“Las empresas que han traído son intermediarias que solo existen en papeles que nosotros, como Cancillería, que sí estamos en contacto con los dueños de las patentes, hacemos la consulta y nos dicen 'no, no conocemos a ese intermediario y nosotros negociamos con ustedes con el Estado'”, resaltó.

En este sentido, recomendó a autoridades de gobiernos subnacionales verificar la seriedad de las empresas con las que se contactan para no caer en engaños y crear falsas expectativas.

“Las empresas farmacéuticas apenas están pudiendo cumplir con sus contratos, con sus financiadores, es decir, con los estados que han pagado la investigación y desarrollo, hasta a ellos le están incumpliendo los contratos, ¿ustedes creen que le van a vender a un gobierno subnacional dos millones de vacunas?, no tiene lógica”, reflexionó.