El exasambleísta paceño Gustavo Torrico afirmó que, tras la detención de Arturo Murillo en Estados Unidos (EEUU) por los delitos de soborno y lavado de dinero, ahora deben responder los viceministros que acompañaron su gestión en el Ministerio de Gobierno.

“Yo creo que más bien le va a salpicar tanto a los (ex) viceministros de Gobierno, (Wilson) Santamaría y otros, que tienen que ver con esa administración, la compra de gases pasa, pues, por el Viceministerio de Gobierno, por ejemplo, que tiene que hacer el requerimiento”, manifestó.

Torrico también señaló que otro de los involucrados en el caso de la compra irregular de gases lacrimógenos y armamento no letal es el exministro de Defensa del gobierno de facto, Fernando López.

“Esa compra de gases y demás fue hecha en acuerdo con el Ministerio de Defensa, luego le pasa al Ministerio de Gobierno para que pague, yo creo que eso va a saltar a (Fernando) López y a otros ministros y viceministros”, subrayó.

Según el exasambleísta, los delitos de lavado de dinero en EEUU son considerados como un hecho de financiamiento al terrorismo y que, en ese sentido, no solo involucran al que recibe el dinero, sino también al que lo da.

“Éste es un delito federal en Estados Unidos, que aplica a este tema, aquí hay una ley también, pero la ley es internacional sobre financiamiento al terrorismo, el lavado de dinero está considerado dentro de estos delitos”, ratificó.

Además, cuestionó la labor del Ministerio Público en Bolivia, que pese a contar con las pruebas, incluido un informe en conclusiones evacuado por la Comisión Mixta de Investigación sobre el caso de la compra de gases lacrimógenos, no avanzó en ese proceso, así como en el caso de los respiradores.

“El Ministerio Público aquí en Bolivia no funciona, hay que hacer una reestructuración completa, no funciona y no hacen su trabajo, solo saltan al calor de la prensa, si mañana los empiezan a atosigar recién van a salir a hacer sus declaraciones y hasta ahí llegan”, reprendió.

Finalmente, aclaró que las investigaciones y todo el proceso fue desarrollado por el FBI de EEUU y no por la justicia boliviana, por lo que sería conveniente que Murillo y los demás involucrados sean juzgados y sentenciados en ese país.

“Preferiría que lo juzguen allá, y que se quede allá, porque hay cárceles de verdad; aquí va a tener su palacio al igual que la señora Áñez, que tiene médicos, tiene peluquera y demás”, subrayó.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, felicitó este miércoles a la Comunidad Andina (CAN) por su 52 aniversario e invitó a sus países miembros a sumar esfuerzos para salir adelante, cuidar la salud de las familias y reactivar la economía subregional en esta época de pandemia por el COVID-19.

“Desde Bolivia, hago llegar un abrazo fraterno a los más de 111 millones de ciudadanos andinos y los invito a apropiarse de este mecanismo de integración para que juntos, bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos podamos sumar esfuerzos para salir adelante, para cuidar la salud de nuestras familias, para reactivar nuestra economía y, en definitiva, para que nuestros pueblos vivan más integrados”, señaló el canciller.

La autoridad gubernamental recordó que los países de la CAN están obligados a hacer una profunda reflexión para que los beneficios de la integración lleguen de manera tangible a sus pueblos.

En ese sentido, recomendó que la integración sea reforzada mediante el diálogo y bajo los principios de solidaridad y complementariedad para que todos los países miembros avancen de manera mancomunada “y nadie se quede atrás”.

Asimismo, Mayta destacó que la CAN contó durante sus 52 años de vida institucional con instituciones que han superado momentos y coyunturas “muy complejas”, por lo que continúa siendo el ejemplo de integración regional más sólido del continente en la búsqueda de la unidad latinoamericana.

La CAN es una comunidad de países que se reúnen de manera voluntaria con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana.

Fue establecida con la puesta en vigencia del denominado Acuerdo de Cartagena, el 26 de mayo de 1969, y cuenta como miembros activos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Durante su intervención en el acto de los 212 años de creación del Regimiento 1ro de Infantería Colorados de Bolivia escolta presidencial, el presidente Luis Arce lamentó este miércoles que durante el régimen golpista se haya mancillado su uniforme.

“Hoy asistimos con indignación a la develación de cómo las autoridades golpistas mancillaron el sagrado uniforme con actos de corrupción en los años 2019 y 2020 que van saliendo a la luz, porque día que pasa se conocen irregularidades y actos de corrupción donde claramente se demuestra que en el régimen golpista simplemente privó la consigna personalista sectaria y antipatriótica y se olvidó de preservar los intereses del pueblo y la democracia”, señaló.

En este sentido, instó a los uniformados a proteger el proceso de cambio y el futuro de los bolivianos como una de sus altas misiones.

“Hermanos Colorados, su uniforme es símbolo de la defensa de Bolivia, por eso se les ha confiado la alta misión de ser escolta presidencial, no solo para que cuiden a la persona sino para que protejan el proceso de cambio y el futuro de todos los bolivianos”, manifestó.

Asimismo, destacó que los Colorados de Bolivia representan el alma del ejército boliviano y del heroísmo de sus soldados, quienes a través de la historia escribieron las páginas más sangrientas y sagradas de la defensa de la patria. 

“Hoy recordamos la batalla del Alto de la Alianza, librada el 26 de mayo de 1880, donde los Colorados inscribieron una de las páginas más heroicas de la defensa de Bolivia al mando del coronel Idelfonso Murguía. Cinco mil bolivianos y 8.500 peruanos pelearon heroicamente contra 14.000 chilenos al grito de 'temblad rotos que aquí entran los colorados de Bolivia'”, rememoró

Mencionó que este regimiento no solo ha sido necesario en tiempos de guerra sino también en tiempos de paz, porque el Ejército es fundamental para el resguardo del bien público en estos tiempos de pandemia.

“Hoy, nuestras Fuerzas Armadas no apuntan contra el pueblo porque estamos combatiendo la pandemia, no con represión sino fundamentalmente con la conciencia ciudadana”, subrayó.

El Departamento de Justicia de EEUU dio a conocer este miércoles, mediante un comunicado oficial, que Arturo Murillo, exministro de Gobierno del régimen de Jeanine Áñez, estuvo involucrado en hechos de corrupción en el denominado caso gases lacrimógenos. Según los indicios, ciudadanos estadounidenses pagaron $us 602.000 en sobornos.

“Dos ciudadanos bolivianos y tres ciudadanos estadounidenses fueron arrestados el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia por cargos penales relacionados con sus supuestos roles en un esquema de soborno y lavado de dinero. El exministro de Gobierno de Bolivia y otro exfuncionario boliviano están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense e individuos para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos”, se lee en parte del comunicado estadounidense.

Indica que, según documentos judiciales, Arturo Carlos Murillo Prijic  (57 años), Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal  (51), Luis Berkman (58), Bryan Berkman (36) y Philip Lichtenfeld  (48) participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020.

“En ese momento, Luis Berkman, Bryan Berkman y Lichtenfeld pagaron $us 602.000 en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano en beneficio de Murillo, el exministro de Gobierno de Bolivia; Méndez, el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de Bolivia y otro boliviano funcionario del gobierno. Los sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman con sede en Florida obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente, un contrato de aproximadamente $us 5.6 millones para proporcionar al Ministerio de Defensa de Bolivia gas lacrimógeno y otros equipos no letales”, se lee en otra parte del comunicado.

Las cinco personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de EEUU y otros factores legales.

 Lea el comunicado en el siguiente enlace: https://www.justice.gov/opa/pr/former-minister-government-bolivia-owner-florida-based-company-and-three-others-charged