Diego Pary, embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, señaló este martes que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se constituyó en un personaje nefasto para Bolivia y América Latina, pues fue uno de los principales responsables para que se haya destruido la democracia de varios países del continente.   

“Luis Almagro es un personaje nefasto para Bolivia y para América Latina, un personaje que ha destruido las democracias de varios países del continente. Creo que más allá de lo que se pueda hacer por la vía legal, la historia y los pueblos juzgarán a personas de esta naturaleza que solamente han destruido la convivencia pacífica, han atentado contra la democracia y han inducido a la violación de los derechos humanos”, subrayó en contacto con radio Patria Nueva.

Cuestionó que Almagro, como secretario general, se haya atribuido funciones más allá de lo que establece la carta de la OEA, actuando al margen de los mandatos que le dieron los Estados miembros, respondiendo a intereses particulares y políticos.

“En ese marco, deberá ser la misma OEA la que juzgue a Almagro, la OEA está compuesta por países del continente americano y, en ese marco, los miembros, como los verdaderos dueños, podíamos decir de la OEA, serán quienes deben ver el accionar de su secretario general”, manifestó.

En el caso de Bolivia, el diplomático recordó que el informe elaborado por su representación respecto a las elecciones generales de 2019 incumplió todos los estándares internacionales.

“El informe que ha sido elaborado por la Secretaría General de la OEA es un informe que absolutamente incumplió todos los estándares internacionales, e incluso Almagro ha incumplido todos los puntos del acuerdo que él mismo había firmado con Bolivia en su momento”, rememoró.

Almagro fue uno de los primeros representantes internacionales en reconocer al autoproclamado gobierno de facto de Bolivia en noviembre de 2019.

A días de realizarse el balotaje en Perú, programado para el próximo domingo 6 de junio, el analista peruano Álvaro Espinoza afirmó este martes que ese país se enfrenta a una polarización sin precedentes con riesgo de llegar a un enfrentamiento entre los dos frentes políticos que disputan la presidencia.

“Tenemos dos opciones que son muy opuestas en lo ideológico, en el discurso, en la visión de país, pero, además, son dos opciones que no es que tengan gran apoyo de la población, sino que tienen mucho rechazo del otro lado”, apuntó en contacto con Bolivia TV.

Según el analista, toda la campaña, tanto la de Perú Libre, de Pedro Castillo, como la de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, se concentró en enfrentar y denigrar al otro, situación que se refleja no solo a nivel de los candidatos, sino también en grupos de amigos, trabajo e incluso la familia.

Espinoza apunta que, a días del acto electoral, Castillo continúa imponiéndose en las encuestas con una clara preferencia principalmente en las zonas rurales y regiones fuera de las capitales del país, sin embargo, esta diferencia se fue acortando últimamente.

En la primera vuelta de las Elecciones Generales de Perú del 2021, según los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100%, Castillo obtuvo un respaldo del 19,032%, mientras que Fujimori un 13,368% de votos válidos.

Son campañas distintas las que enfrentan ambos candidatos, Castillo con el contacto directo con la gente y Fujimori haciendo uso de los medios de comunicación, complementó.

“El profesor Castillo básicamente ha estado haciendo su campaña en mítines, movilizaciones, en moverse por todo el país, en reunirse con organizaciones sociales, mientras que la candidata Fujimori realizó su campaña con un apoyo muy claro de prácticamente de todos los medios de comunicación del país”, resaltó el analista.

La exdiputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito, dijo el lunes que la expresidenta de facto y sus 17 ministros son corresponsables en el caso denominado “Gases lacrimógenos” que fueron comprados con sobreprecio, porque firmaron tres decretos supremos para la adquisición irregular del equipamiento no letal.

“Fue una gestión donde todo su Gabinete (de Añez) tuvo conocimiento y tuvo una coparticipación desde el momento que autorizan con estos decretos que se realicen estas compras (…). No es una sola firma, entonces, desde la presidenta y los 17 ministros que firmaron estos decretos, tienen corresponsabilidad con esta compra irregular”, manifestó, en una entrevista con Bolivia TV.

La exlegisladora explicó que uno de los decretos supremos fue el 4090, que autoriza al Ministerio de Gobierno para la compra del gas lacrimógeno con el fin de destinarlo a la cartera de Defensa.

Asimismo, mencionó el Decreto Supremo 4116, que autoriza al Ministerio de Defensa comprar el material bélico en el extranjero con todos los trámites, pese a que en el pasado se hizo las adquisiciones con la transacción en el país.

Además, manifestó que el tercer Decreto Supremo implicado fue el 4168, por el que se autoriza la reasignación de recursos económicos que el Ministerio de Economía otorga a la cartera de Gobierno, para que cuente con más de Bs 40 millones con el fin de concretar la compra.

En ese contexto, la exdiputada recordó que la denuncia penal respectiva sobre el caso de la compra irregular de los gases lacrimógenos fue presentada al Ministerio Público en mayo del año pasado.

“Fuimos un grupo de diputados, Elvira Rojas, Edgar Montaño, Aida Villarroel, Juana Quispe, Remberto Calani, Franklin Flores y mi persona”, indicó.

La querella fue presentada, dijo, porque se detectó que la adquisición del equipamiento no letal no había seguido los procedimientos establecidos, entre la pesquisa de 22 casos de corrupción investigados por una comisión especial mixta legislativa.

Rememoró que incluso se planteó interpelaciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional para el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y su colega de Defensa, Luis Fernando López, por el caso.

“Resulta que no vinieron y al final, después de una tercera vez que se los había convocado a interpelaciones, es que la Asamblea decide darles el voto de censura y según la Constitución lo que corresponde es que el presidente, en este caso la presidenta, tiene que destituirlos. Los destituyó y en 24 horas los repuso inmediatamente”, aseveró.

La exdiputada expresó su preocupación debido a que la investigación del caso no tenía avances en más de un año y que sólo por la activación de una denuncia por corrupción en Estados Unidos en contra de Murillo haya vuelto a tomar el interés respectivo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, ratificó este lunes que la Ley de Emergencia Sanitaria (N° 1359) garantiza la adquisición de lotes de oxígeno, vacunas y pruebas de diagnóstico COVID-19 para los bolivianos y bolivianas; y que el Gobierno no escatima esfuerzos para enfrentar la pandemia.

“Nosotros hemos aprobado una ley donde se contempla el 10 por ciento para salud. En este momento, ese presupuesto es todavía suficiente para enfrentar la pandemia. No vamos a escatimar los esfuerzos para comprar las pruebas y vacunas. Incluso, nos permite garantizar oxígeno”, afirmó la autoridad legislativa en conferencia de prensa, citada en un boletín de prensa institucional.

La declaración surge tras el anuncio del Gobierno nacional sobre la llegada (en junio) de un lote de un millón de vacunas Sinopharm y 320 toneladas de oxígeno que serán importadas desde Brasil.

Según el reporte del 30 de mayo del Ministerio de Salud, 1.635.543 bolivianos recibieron entre la primera y segunda dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer.

10 % para Salud supera los Bs 22 MM

El Gobierno aprobó una ley que destina el 10 por ciento del Presupuesto General del Estado (PGE) al ámbito de la salud. Esta medida es considerada como un hecho histórico que incrementó la asignación de recursos de Bs 2.522 millones en 2005 a Bs 22.216 millones en 2021. Es decir, 10 veces más.

Este presupuesto permite al Gobierno central, departamental y municipal, implementar infraestructuras sanitarias adecuadas, garantizar insumos médicos, contratar personal de salud, entre otras acciones dirigidas principalmente a la lucha contra la pandemia.