El vicecanciller ruso Serguéi Riabkov indicó que Moscú espera que la reunión del presidente Vladímir Putin con su par estadounidense, Joe Biden, el 16 de junio impulse las negociaciones sobre la reducción de las armas estratégicas

"Espero que la cumbre sea un punto de partida, entregamos nuestras propuestas a los estadounidenses, está en curso el proceso de análisis interno, es difícil predecir cuánto tiempo les tomará (...) por ahora no nos dicen nada, pero espero que la cumbre dé un inicio al nuestro trabajo, la ardua labor de negociaciones que estamos dispuestos a realizar", dijo Riabkov, informó el portal de noticias Sputnik V.

Rusia y Estados Unidos acordaron extender en febrero el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) por cinco años sin renegociar ninguno de sus términos.

Subrayó que es necesario “limitar armas y fortalecer la estabilidad estratégica en vez de incrementar armas” para reforzar la seguridad.

El START III, que ahora vence el 5 de febrero de 2026, es actualmente el único acuerdo que vincula a EEUU y Rusia, después de que Washington rompiera definitivamente el 2 de agosto de 2019, el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance.

Mauricio Ordóñez, exministro de Jeanine Añez, reveló ante los fiscales que fue Carlos Sánchez Berzaín, exautoridad que se encuentra en Estados Unidos (EEUU), quien gestionó el préstamo de granadas y proyectiles, por parte del gobierno de Lenín Moreno, en Ecuador, para la represión ocurrida en Bolivia durante el golpe de Estado de 2019.

Ordóñez, exministro de Desarrollo Rural del régimen de Jeanine Añez, declaró ante la comisión de fiscales que investiga el caso “gases lacrimógenos”. Él indicó que fue la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien se contactó por teléfono con Carlos Sánchez Berzaín, quien se comprometió a contactar a altas autoridades de Ecuador para que presten gases lacrimógenos al gobierno de Añez.

“Lizárraga junto al resto de ministros nos encontrábamos en una reunión de gabinete, existía una desesperación de Arturo Murillo y Fernando López por adquirir gases lacrimógenos. Lizárraga pidió unos minutos en esa reunión de gabinete, salió de la sala de reuniones y volvió a los minutos manifestando ‘asunto arreglado, ya hablé con Carlos Sánchez Berzaín y él hará las gestiones ante Ecuador para que nos envíe los agentes químicos que necesitamos’”, relató Ordóñez en su declaración en la Fiscalía, según la versión web del periódico La Razón que citó al portal Detrás de la Verdad.

Según Ordóñez, la exministra Lizárraga añadió: “Más bien, alisten el avión Hércules para que vaya a recoger ese material y así puedan reprimir a la gente que está protestando en las calles”.

En ese sentido, el sábado, el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que, tras las gestiones de Lizárraga (y luego se supo que también intervino Sánchez Berzaín) el 15 de noviembre, el “gobierno de facto solicita a Ecuador el permiso para sobrevolar una aeronave Hércules C130 y el agregado militar de Bolivia en Ecuador, José Luis Frías Cordero, se comunica con el comandante del Ejército, Gral. Inchauste, disponiendo que la aeronave partiera a Ecuador para trasladar proyectiles y granadas”, indica una nota de prensa.

Al día siguiente, el 16 de noviembre, parte el avión a Ecuador para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo.

Tres días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las FFAA y la Policía reprimen una manifestación y ocurre la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, con un saldo de 11 civiles muertos y al menos 78 heridos.

Tras ello, se consolida el golpe de Estado que duraría hasta noviembre de 2020.  

El 27 de mayo de 2020, a través de una carta, Ecuador pidió la devolución del material prestado. Se trata de 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM.

Hasta antes de este lunes, se desconocía el papel de Sánchez Berzaín en la gestión ante Ecuador para conseguir armamento destinado a la represión en Bolivia. La exautoridad vive en EEUU donde, además de ser director del Interamerican Institute For Democracy, tiene lazos con la élite política estadounidense.

Los países que componen el ALBA-TCP denunciaron el domingo un “bloqueo arbitrario” por parte del Banco suizo UBS, que impide a la República Bolivariana de Venezuela la adquisición de vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX.

“Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) denuncian el bloqueo arbitrario realizado por parte de una institución financiera, como lo es el Banco suizo UBS, del pago de la República Bolivariana de Venezuela para la adquisición de vacunas contra el COVID19 a través del mecanismo COVAX”, señala el comunicado que fue difundido a través de sus redes sociales.

El bloque de integración calificó la acción de ilegal y señaló que es una consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, remarcó que sus efectos en el sector financiero atentan contra el bienestar, la salud, la seguridad y el derecho a la vida de los pueblos, con el propósito de promover un cambio de régimen y el derrocamiento de gobiernos constitucional, legal y legítimamente electos.

“La Alianza repudia el sostenimiento de medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y resalta la necesidad de que se respeten plenamente todos los derechos humanos, en especial la vida y la salud”, añade el pronunciamiento.

La semana pasada, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, manifestó a través de su cuenta de Twitter: “Como lo acaba de denunciar la Vicepresidenta @delcyrodriguezv, #Venezuela ha pagado LA TOTALIDAD de sus compromisos con el mecanismo #COVAX para adquirir las vacunas. Sin embargo, el Banco ha "bloqueado" arbitrariamente los últimos pagos y están bajo "investigación". ¡Un crimen! (sic)”.

Ante esta situación, el ALBA-TCP exigió “el levantamiento inmediato de las medidas coercitivas unilaterales que impiden a los países afectados enfrentar de forma efectiva el COVID-19”.

El presidente Vladímir Putin indicó que nunca recibió pruebas de los ciberataques que incriminan a Rusia o de su supuesta injerencia en las elecciones de EEUU.

Las declaraciones fueron hechas por el mandatario durante una entrevista con el canal televisivo NBC.

“Nos acusan de muchas cosas. De injerencia en las elecciones, de ciberataques y etcétera y etcétera. Pero nunca, ni una sola vez, ellos se tomaron el trabajo de presentar algún tipo de testimonios o pruebas. Se trata solo de acusaciones infundadas”, indicó, según reporte de la agencia de noticias Sputnik V.

El mandatario calificó de "farsa" las afirmaciones de que detrás de los ciberataques en EEUU se encuentran supuestos hackers rusos o Moscú.

“Todo lo que provoca el temor de EEUU también puede representar un peligro para nosotros", indicó.

Aseguró que Rusia “está dispuesta a cooperar con los representantes extranjeros, en particular, con EEUU”.