La Secretaría General de la Comunidad Andina y el proyecto IP Key Latinoamérica, promovido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) presentaron este lunes los compendios de resoluciones andinas en materia de diseños industriales y de marcas, como resultado de la cooperación brindada en beneficio de los países de la CAN.

Ambas publicaciones que reúnen el acervo jurídico de los últimos años emitidos en los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, además, recogen lo más relevante de la experiencia de las oficinas de propiedad industrial de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en cuanto a la concesión de derechos de marcas y de diseños industriales.

El secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, destacó que los dos compendios que se constituyen como un invaluable aporte para la armonización de criterios en estas materias, permitirán que las mencionadas oficinas nacionales y en general los 111 millones de usuarios andinos cuenten con una herramienta útil, dinámica y sobre todo vigente.

Durante el acto, el jefe del organismo también resaltó el valioso apoyo del proyecto IP Key que desde el año 2017 ha realizado diversas actividades de cooperación fortaleciendo las capacidades de los funcionarios de las oficinas andinas de propiedad intelectual desarrollando seminarios, intercambios de experiencias y hace dos semanas presentando el sistema “CAN TMview”, moderna herramienta tecnológica que permite a los usuarios acceder a información sobre las marcas registradas en la región.

Asimismo, Jorge Hernando Pedraza expresó su agradecimiento a las autoridades y funcionarios de los cuatro gobiernos por el permanente trabajo conjunto a través del Comité Andino ad hoc de Propiedad Intelectual y un especial reconocimiento al representante de IP Key, Pedro Duarte, quien culmina sus funciones.

El viceministro de Comercio Exterior subrogante de Ecuador, Javier Latorre, en representación de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina saludó los resultados de esta iniciativa de cooperación y dijo que ambas compilaciones facilitarán un mejor entendimiento de la aplicación de la decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

Por su parte, el líder del Proyecto IP Key América Latina, Pedro Duarte, destacó la suma de esfuerzos de los países, la Secretaría General y la labor desarrollada por los autores de las publicaciones Ray Meloni y Luis Alonso García y dijo que los compendios identifican y promueven los mejores estándares de registro de la propiedad intelectual.

Acceda a los documentos: 

*Compendio de resoluciones andinas en materia de diseños industriales: http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/2021823165046d%20industriales.pdf

*Compendio de resolucionea andinas en materia de marcas: http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/202182316411marcas.pdf

La investigación en Argentina por el envío de armas a Bolivia, sigue adelante. Esta vez, el fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó al exjefe de Gabinete Marcos Peña y al excanciller Jorge Faurie, ambos de la gestión de Mauricio Macri, en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando de material represivo de Argentina a Bolivia en 2019. Eso ocurrió cuando se produjo el Golpe de Estado contra Evo Morales, informó el periódico digital El Destape.

En el mismo documento, el fiscal Claudio Navas Rial también imputó al exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, al impulsar la ampliación de la denuncia original presentada la semana pasada por funcionarios del gobierno nacional.  "Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete Marcos Peña; al canciller Jorge Faurie; y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo; en cuanto a una supuesta participación", sostiene la imputación que dio a conocer la agencia de noticias Télam.

En el dictamen que presentó Navas Rial se manifiesta que los imputados habrían participado de la "organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero". Este dictamen fue presentado ante el juez Javier López Biscayart.

En la ampliación de la denuncia, el gobierno nacional consideró probada la participación del expresidente Mauricio Macri en el golpe de Estado cometido contra Evo Morales en Bolivia en 2019. Tanto los ministros de Justicia y de Seguridad habían incluido en la ampliación de la denuncia una serie de documentos. Martín Soria y Sabina Frederic dieron a conocer registros oficiales sobre reuniones mantenidas en Casa Rosada, al igual que lo presentó la titular de la AFI, Mercedes Marcó del Ponto.

"Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando", sostuvieron en aquel escrito al que accedió la agencia Télam.

El escrito da cuenta, en alusión a Peña y Pompeo, que "el ministro coordinador y su secretario de confianza, especialista en política internacional, no solo participaron en reuniones que evidencian su rol central en la organización del contrabando, sino que también intervinieron directamente en el trámite mediante el cual se gestionó el traslado de los gendarmes a Bolivia, ocultando la verdadera finalidad de ese viaje".

"Lo que hasta hoy eran inferencias prácticamente irrefutables, ahora se confirma con pruebas directas: el contrabando de armas a Bolivia fue decidido y coordinado por Macri, quien utilizó la Casa Rosada para organizar esta maniobra en apoyo al golpe de estado en Bolivia", agregó la presentación.

Los denunciantes aseguraron que, con las nuevas pruebas entregadas a la Justicia, "se profundiza el caudal probatorio que pesa sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero", ya imputados en el expediente, al igual que Macri, informó el periódico digital El Destape.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció que firmó una ley que incluye al feminicidio entre los delitos de violencia contra la mujer, para penalizarlo y garantizar una sociedad más segura.

"Firmamos la Ley de Penalización de la Violencia contra las mujeres, con la ampliación del concepto de femicidio. Que estos actos atroces sean castigados como tales, aun sin una relación sentimental. Debemos impulsar una sociedad segura para las mujeres", escribió en la red social Twitter el mandatario.

El Congreso aprobó la semana pasada en segunda y definitiva votación una reforma a la referida ley, con la que se amplía el ámbito de castigo del delito de femicidio o feminicidio, que antaño solo castigaba a la pareja de la víctima a un máximo de 50 años de prisión.

Con las nuevas modificaciones queda tipificado como feminicidio cuando la víctima se haya negado a establecer o restablecer con la persona autora, una relación o vínculo de pareja permanente o casual, o a tener cualquier tipo de contacto sexual.

La normativa establece como feminicida a quien mate a una mujer aprovechándose de un vínculo de confianza, amistad, de parentesco, de autoridad o de una relación de poder, e incluso de una relación familiar hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad.

También será tipificado cuando el crimen sea cometido por alguien con antecedentes de violencia perpetrada contra la víctima en el ámbito familiar, laboral, estudiantil, comunitario o religioso, así como una persona que sea cliente explotador sexual, tratante o proxeneta de la víctima.

Según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial, desde que fue promulgada la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, en 2007, hasta la fecha, Costa Rica ha registrado cerca de 400 feminicidios.

El Ministerio de Salud español informó que podrán ingresar aquellos que tengan esquema completo de vacunas aprobadas por la EMA o la OMS. Por el momento, las vacunas autorizadas en Europa son Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac y Sinopharm.

Los viajeros vacunados contra el coronavirus que lleguen a España procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Namibia y Sudáfrica, no tendrán que hacer desde este martes la cuarentena obligatoria de diez días, vigente desde junio, a partir de una decisión del Ministerio de Salud del Gobierno español de no prorrogar el decreto que vencía hoy lunes.

Asimismo, se informó que podrán ingresar a España aquellos que tengan esquema completo de vacunas aprobadas por la EMA o la OMS, con el requisito de haber recibido la segunda dosis al menos 14 días antes del viaje.

La vacuna Sputnik no figura en el listado porque aún no fue autorizada por la EMA.

En medio de la crisis sanitaria del coronavirus, el Ministerio de Salud de España publicó el 24 de julio en el Boletín Oficial del Estado la Orden el decreto SND/791/2021, de 23 de julio, sobre las condiciones de cuarentena a las que debían someterse las personas procedentes de países de alto riesgo -Argentina incluido- a su llegada a España.

La orden entró en vigor desde las 00:00 horas del 27 de julio por un período inicial de catorce días, pero fue extendida el 7 de agosto hasta las 00 de mañana, martes 24 de agosto, sin que se volviera a pedir una nueva prórroga.

“El Ministerio de Sanidad no ha prorrogado la Orden SND/791/2021 sobre condiciones de cuarentena. Por tanto, a partir de las 00 de mañana martes 24 de agosto, decae la exigencia de cuarentena a los viajeros provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Namibia y Sudáfrica”, informó la Embajada de ese país en la Argentina.

“Todos los países pasan, por tanto, a la categoría general de países de riesgo”, indicó la sede diplomática española en Buenos Aires.

Requisitos

La persona que viaje debe completar un formulario online en las 48 horas previas al vuelo para generar un código QR que deberá presentar al ingresar al país.

Por el momento, el fármaco producido por el Instituto Gamaleya, Sputnik V, no se encuentra en el listado aceptado para ingresar a España.

Sin embargo, si las razones del viaje son por motivo laborales o personales, como la enfermedad grave de un familiar, la persona que no esté vacunada o haya sido inoculada con algún inmunizante aún no aprobado, deberá presentar un PCR negativo emitido 48 horas antes de abordar el vuelo.

También puede ingresar si cuenta con un certificado médico en que se afirma que tuvo Covid-19, que se recuperó hace más de 180 días y que detalle que desarrolló anticuerpos.

Finalmente, los menores de 12 años que ingresen junto a su familia, ya vacunada, no precisan estar vacunados.