Arturo Murillo, exministro de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, está detenido en una cárcel de Florida, Estados Unidos. Sobre él, existe prueba suficiente para condenarlo por soborno y lavado de dinero, dijo el abogado estadounidense Thomas Becker, quien sospecha que el próximo en ser detenido puede ser el exministro de Defensa, Luis Fernando López.

Becker, abogado de la Clínica de Derechos Humanos de la universidad de Harvard, dijo que la detención de Murillo por hechos de corrupción muestra que durante el gobierno de facto de Áñez no solamente se cometió violaciones masivas a los derechos humanos y masacres, sino que se incurrió en actos de corrupción mientras la población boliviana sufría las secuelas del COVID-19 y la cuarentena rígida controlada por militares y policías.

El especialista aclaró que la detención y el proceso judicial contra Murillo y varios de sus cómplices en EEUU, fue iniciado por un agente especial de la oficina de Seguridad Nacional y que ahora el caso está en manos de la justicia estadounidense que tiene la potestad de imponer una pena de cárcel de hasta 20 años a Murillo, aunque existe la probabilidad de que el exministro se declare culpable y atenúe su condena.

"La demanda penal (es) contra (Sergio) Méndez, contra Murillo por su papel en el lavado de dinero y soborno. Hay otras personas nombradas: Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld que están aquí. Según la demanda, ha sido una conspiración pagar a Murillo, pagar a Méndez, vender armamentos no letales al Estado de Bolivia", indicó.

Dijo que estas transacciones demostraron que "durante la pandemia han usado dineros de Bolivia, cuando las personas estaban sufriendo, han pagado demasiado para comprar armamento y usaron este armamento contra su propia gente. No se trató de una acción aislada, son varias personas que han cometido estos delitos que son parte de un patrón que pasó durante el gobierno de Áñez: violaciones a los Derechos Humanos, corrupción, soborno, lavado de dinero".

Becker recordó que las investigaciones mostraron la participación de dos conspiradores: el primero en el Ministerio de Gobierno, es decir, Arturo Murillo; y el segundo conspirador que se desempeñaba en el Ministerio de Defensa. El abogado estadounidense considera que este último involucrado puede ser el exministro de esa cartera de Estado, Luis Fernando López.

"Pero hay otra persona que no ha sido nombrada públicamente, pero es una autoridad de alto nivel del Ministerio de Defensa (…). Mencionaron dos conspiradores, uno de ellos es Murillo y el otro es una persona del Ministerio de Defensa, no sabemos quién es, pero es muy posible que es López, el exministro de Defensa", sostuvo.

Consultado sobre la ubicación de López, dijo que hay versiones de que pasó por Brasil y que se encuentra en EEUU, pero no hay confirmación.

Etapas del proceso

Respecto a Murillo, dijo que se encuentra detenido en una prisión de Florida, a la espera de que se le inicie un proceso en el que se tiene que seguir, al menos, las siguientes etapas: primero, se debe reunir un jurado para determinar si existen pruebas mínimas para seguir el juicio. Luego, si se encuentra culpabilidad, la justicia estadounidense permite una negociación, es decir que, si Murillo se declara culpable, podría recibir unos cinco años de cárcel y no los 20 que establece la pena por delitos de lavado de dinero.

El soborno tiene une pena privativa de libertad de 15 años, indicó.

Tras esa negociación, un jurado confirmará la pena de presidio. Sin embargo, Murillo tiene la posibilidad de apelar la determinación. Todo ese proceso judicial podría demorar "un par de años", calculó el abogado Becker.

Sin embargo, el jurisconsulto consideró que hay prueba suficiente para acusar a Murillo."Hay conversaciones, llamadas por WhatsApp hablando del soborno, hay prueba directa de dinero en sus bancos, entonces yo creo que es un caso muy fuerte (…), hay mucha prueba de delitos y van a ser procesados, yo creo", sostuvo.

El abogado consideró poco probable de que se otorgue una fianza para liberar a Murillo ya que existe el riesgo de fuga.

Respecto al pedido de extradición expresado por algunos dirigentes y políticos de Bolivia, aclaró que la detención de Murillo fue impulsada por la oficina de Seguridad Nacional de EEUU y es por un caso distinto al proceso seguido por la justicia boliviana.

Sin embargo, explicó que las autoridades bolivianas pueden tramitar la extradición de Murillo, pero antes deberán hacer coincidir los tipos penales de la acusación para que se adecúen a la legislación de EEUU.

La candidata a alcaldesa del municipio de Moroleón, estado Guanajuato, centro de México, Alma Rosa Barragán, fue asesinada en un atentado a balazos en pleno mitin de campaña que dejó a otras dos personas heridas, informó su partido, el opositor Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata).

"Desde Movimiento Ciudadano condenamos enérgicamente el cobarde asesinato de nuestra candidata a la presidencia municipal de Moroleón, Alma Rosa Barragán, en donde también dos personas más fueron heridas en este ataque armado", dijo la organización política en un comunicado publicado por Sputnik News.

El partido que encabezan el exsenador Clemente Castañeda y su fundador, el senador Dante Delgado, exigió a las autoridades "pronta justicia, una investigación profunda y castigo a los responsables de este indignante suceso".

La exigencia está dirigida al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, del Partido Acción Nacional (PAN centroderecha), para que "hagan justicia y no dejen este crimen en la impunidad".

La candidata había publicado en sus redes sociales, poco antes de ser asesinada, un entusiasta vídeo convocando a sus seguidores al acto de campaña, y en forma póstuma su partido publicó otro mensaje en el que manifestaba "Yo no tengo miedo".

La dirigencia nacional de MC y sus delegados en Guanajuato, un polo industrial del centro del país asolado por la violencia del crimen organizado centrado en el robo de combustible de los oleoductos de una refinería en la ciudad de Salamanca, se comprometieron a vigilar las acciones de la fiscalía y las autoridades.

"No permitiremos que su muerte quede en la impunidad (…), la violencia en este proceso electoral debe parar", dice el llamamiento de la organización por la paz, en las que ya son las campañas más violentas en dos décadas en México.

El fin de semana pasado, otro candidato a síndico municipal de MC en el vecino estado de Querétaro (centro), fue hallado asesinado, después de que la semana antepasada fue asesinado Abel Murrieta, candidato de MC en Cajeme, en el norteño estado de Sonora, fronterizo con EEUU.

La consultora especializada en riesgos de seguridad en procesos políticos Etellekt Consultores publicó la noche del martes que "con el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano Alma Barragán, suman 88 los políticos asesinados en las elecciones 2021 en México".

Desde la mañana del martes, el nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien asumió el cargo el lunes pasado, enfrentó su primera protesta por parte de organizaciones sociales, indígenas y campesinas de la provincia de Imbabura, al norte del país.

Los movimientos bloquearon varias vías principales de esa entidad, como la Panamericana, para exigir a Lasso que derogue tres decretos emitidos en la administración de Lenín Moreno, que propiciaron el alza de los combustibles, señala un reporte de RT.

En el transcurso del día hubo cierres de vías en las parroquias Eugenio Espejo y San Rafael de la Laguna, así como en la comunidad de Peguche, en el cantón (municipio) de Otavalo de Imbabura.

En concreto, piden que se eliminen los decretos ejecutivos 1054, 1158 y 1183, emitidos en mayo, septiembre y noviembre de 2020, respectivamente.

En el país regía hasta el año pasado un sistema fijo de precios para los combustibles. La gasolina extra y ecopaís, por ejemplo, tenían un valor de $us 1,85 por galón y el diésel premium de $us 1,037 por galón.

Sin embargo, el decreto 1054 estableció un sistema de bandas de precios de los combustibles, para reducir de manera gradual el subsidio estatal que tenían. Esto generó que el valor de estos productos fluctúe desde entonces cada mes, teniendo como base el promedio de los precios de los petróleos Oriente y WTI en el mercado internacional.

El 1158, por su parte, liberó la importación de derivados de petróleo por parte de privados; en concreto este sector puede importar gasolinas, diésel, gas industrial y otros.

Mientras, con el decreto 1183 se estableció que la fijación de precios de los combustibles diésel 2, diésel prémium, gasolina extra y ecopaís esté a cargo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARC).

En octubre de 2019 hubo fuertes protestas antigubernamentales en Ecuador, luego que Moreno anunciara una serie de medidas económicas y un paquete de reformas, que incluyó el Decreto Ejecutivo 883, en el cual se eliminó el subsidio a las gasolinas extra y ecopaís, las más usadas en Ecuador, así como al diésel, lo que provocó el aumento de sus precios.

Fueron 11 días de protestas, que dejaron 11 muertos, 1.340 heridos —entre ellos 11 personas que perdieron un ojo— y 1.192 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo. Finalmente, se derogó el decreto 883 en el que se establecía esa eliminación del subsidio a los combustibles y sus precios bajaron.

Sin embargo, en plena pandemia del coronavirus, Moreno emitió estos tres decretos que ahora son cuestionados. Sobre ello, el pasado 5 de mayo, durante su participación en el Foro para la Defensa de la Democracia en las Américas en Miami, Estados Unidos, el ahora exmandatario dijo que "al final nos salimos un poco con la nuestra".

Miles de colombianos se movilizarán este miércoles en las principales ciudades del país en respuesta a la convocatoria del Comité Nacional del Paro para impulsar las negociaciones con el Gobierno.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés Tello, llamó a fortalecer las movilizaciones este miércoles y el viernes próximo cuando se cumple un mes de las protestas en contra del Gobierno de Iván Duque.

Como parte de las acciones de protestas, el líder sindical instó a realizar actos culturales, cacerolazos en la noche y otras iniciativas pacíficas en el contexto del paro, reportó Telesur.

A pesar de haber alcanzado un preacuerdo con el Gobierno para avanzar en las negociaciones, el Comité Nacional del Paro acusó al presidente Iván Duque de dilatar el diálogo para hallar respuestas a las demandas populares exigidas por la mayoría de los ciudadanos.

La comisión gubernamental aplazó para el jueves la firma de un acuerdo, dijo Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores que integra el Comité.

El gobierno de Iván Duque no quiere atender las negociaciones que podrían darle salida al paro, denunció Arias por medio de su cuenta en Twitter.

Desde el 28 de abril miles de colombianos se mantienen protestando contra la agenda neoliberal de Iván Duque que afecta a millones de ciudadanos.

Aunque el Gobierno anunció el retiro de la reforma tributaria gracias a la presión popular, las protestas sociales continúan contra las políticas de Iván Duque con un cada vez más creciente pliego de demandas.

En ese contexto, las fuerzas policiales y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y el ejército iniciaron una fuerte represión con saldo de más de dos mil casos de violencia contra los manifestantes, en particular, más de 40 muertos.

Ante ese escenario de violencia de la fuerza pública, el Congreso realizó dos mociones de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, a quien responsabilizan por la represión contra los manifestantes.

Organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales como Temblores ONG registran al menos 50 muertos en las protestas, cientos de heridos y desaparecidos; además de 37 manifestantes con lesiones oculares, entre otros abusos, a manos de la fuerza pública.