El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, se comprometió a que, en un eventual Gobierno a su cargo, asumirá una verdadera política de vivienda en todo el país, con la finalidad de otorgarle un título de propiedad a las personas que lo necesitan.

Durante un mitin realizado en Carabayllo, precisó que miles de compatriotas viven, en muchos casos, en viviendas alquiladas que no son de su propiedad, sino que se endeudan para pagar los alquileres.

"Entonces, no solamente otorgarle un título de propiedad, sino que asuma el Estado una política de vivienda a todo el país", precisó el candidato, según un reporte de la agencia Andina.

Castillo explicó que esta propuesta debe hacerse realidad, porque es un derecho que debe asumirse y de esta manera atender una necesidad que tienen miles de peruanos en el territorio nacional.

Asimismo, señaló que este tema muchas veces se usa de manera política en épocas de campaña, donde muchas personas "tienen que rogarle a un candidato" para obtener un título de propiedad, es decir, "hacer (política) de la necesidad de la población".

En otro momento, manifestó que en un Gobierno a su cargo priorizarán el espacio agrario, para, de esta manera, pasar hacia una segunda reforma agraria otorgándole a los agricultores un presupuesto real.

"Dándole un banco de semillas, análisis de suelos, contar con apoyo profesional para ver qué sembrar, acompañando este proceso con el asfaltado de las carreteras de las provincias y centros poblados hacia las capitales, con la finalidad de que los productos no se pudran", añadió.

De otro lado, también se comprometió a acabar con la corrupción en todos los niveles del sector público, porque existen corruptos "de todo tamaño" y recuperar el dinero de los actos de corrupción para entregárselo a las personas que necesitan adquirir oxígeno.

"Hay que entender que solo hay que ordenar las cosas, pero tienen miedo que un hombre del pueblo llegue al poder", añadió.

Durante la pandemia del coronavirus, en América Latina y el Caribe han surgido una treintena de nuevos multimillonarios, que aumentaron su patrimonio en $us 196.000 millones, según un reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El texto, firmado por el subsecretario general de la ONU y director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, Luis Felipe López-Calva, citó a Forbes y señaló que en marzo de 2020, cuando apenas se habían confirmado los primeros casos de coronavirus en esta parte del mundo, en la región había 76 multimillonarios con un patrimonio neto combinado de $us 284.000 millones.

Ese número de multimillonarios aumentó en marzo de este año a 105, con un patrimonio de $us 448.000 millones; y dos meses después, en mayo, ya son 107 acaudalados, que suman $us 480.000 millones.

"En conjunto, vemos que durante la pandemia el número total de multimillonarios en América Latina y el Caribe aumentó en 31 y su patrimonio neto combinado aumentó en $us 196.000 millones, esto es aproximadamente el tamaño de la economía en Ecuador", mencionó López-Calva en el reporte, según informó RT.

El funcionario de la ONU indicó que esto quiere decir que el acervo de riqueza de los multimillonarios en la región "ha crecido más del 40% durante el COVID-19 hasta el momento".

El reporte precisa que alrededor de las tres cuartas partes de los multimillonarios de la región son de Brasil y México, al igual que aproximadamente el 80% de su patrimonio neto combinado.

En el mismo artículo, López-Calva detalló que la región de América Latina y el Caribe es la segunda "más desigual del mundo", y hace la comparación de este aumento de los multimillonarios y su patrimonio con el creciente índice de pobreza.

Señaló que según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hubo un incremento de la pobreza en la región, que pasó de 30,5% en 2019 a 33,7% en 2020, mientras la pobreza extrema del 11,3% al 12,5%.

Entretanto, el Banco Mundial prevé un aumento de la pobreza extrema, de 24% en 2019 a 27,6% en 2021.

López-Calva sugirió que "gravar a los más ricos podría proporcionar algunos de los recursos necesarios para promover ganancias sociales y económicas generalizadas"; aunque, dice, "esto no necesariamente incluye gravar la riqueza, sino el retorno de esa riqueza".

Señaló que, en las circunstancias adecuadas, esto podría tener efectos positivos tanto en la equidad como en la eficiencia.

"A medida que la pandemia continúa en la región de América Latina y el Caribe, está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre nuestros sistemas fiscales y exponiendo las grietas existentes en nuestras redes de seguridad social. Ahora debemos reinventar un nuevo camino a seguir, uno que sea más equitativo y más sostenible que el que estábamos antes", subrayó el funcionario.

El Comité Nacional del Paro denunció que el Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, se niega a firmar un preacuerdo establecido días atrás, en una táctica que denominó “dilatoria” para iniciar un diálogo.

En una conferencia de prensa, los integrantes del Comité sostuvieron que “esa acción dilatoria, que no entiende la complejidad del momento que se vive, hace que el responsable del paro, por su puesto, sea el Gobierno del presidente Duque”, señala un reporte de Telesur.

El Poder Ejecutivo “se niega a firmar el acuerdo de garantías”, lo que impide la instalación de una mesa formal de negociaciones, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés.

En tanto, el equipo del mandatario Duque exigió a los manifestantes el levantamiento de los bloqueos de vías principales del país para poder avanzar en los diálogos.

Ambas partes han conformado un preacuerdo -sujeto a la ratificación del Poder Ejecutivo- que incluye, entre otros puntos, la reactivación del acuerdo de paz para la terminación del conflicto; el gobierno deberá hacer una alocución donde no se estigmatice la protesta social pacífica.

Además, no habrá uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones; no habrá presencia del ejército durante las marchas; habrá protocolo de prevención frente a la violencia sexual hacia las mujeres en las protestas, entre otros puntos.

El Comité del Paro también informó que de haber negociación se formarán mesas de diálogo con jóvenes, estudiantes, representantes de sectores agrarios, campesinos, indígenas, docentes y voceros de diferentes ciudades.

Colombia cumple este viernes un mes de Paro Nacional desde que iniciaron las movilizaciones populares el 28 de abril, para rechazar las políticas neoliberales del presidente Duque.

Para este viernes se tiene planificada una gran toma cultural en todo el país suramericano, con actividades como conciertos, obras de teatro, movilizaciones y marchas artísticas.

Del 28 de abril al 25 de mayo, se han reportado 3.155 casos de violencia policial, de estos 955 víctimas de violencia física por parte de la fuerza pública y 43 víctimas de homicidios, presuntamente por la Policía, según un recuento hecho por la organización no gubernamental (ONG) Temblores.

Temblores denunció 1.388 detenciones arbitrarias contra los manifestantes, 595 intervenciones violentas, 46 víctimas de lesiones oculares, 165 casos de disparos de arma de fuego por parte de la Policía y 22 víctimas de violencia sexual.

Al menos 236 personas, entre jóvenes, mujeres y niños, resultaron heridas s en una nueva jornada de represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de la Policía Nacional, contra el Paro Nacional que se lleva a cabo en Colombia.

De acuerdo con recuentos hechos por activistas humanitarios y difundidos por medios de comunicación independientes, en el sector de Usme, en el sur de Bogotá, la capital del país suramericano, la represión policial dejaba en la noche del miércoles un saldo de 185 heridos.

De ellos, 18 tendrían lesiones de bala; cinco graves con aturdidoras en la cabeza, uno de los cuales -un joven- habría perdido la vida, informó Telesur.

La agencia de comunicación Colombia Informa indicó en su cuenta de Twitter que la ofensiva de elementos del Esmad en el barrio Chicalá, en inmediaciones al Portal Resistencia, en Bogotá, ha dejado más de 25 personas heridas.

El Esmad también arremetió el miércoles contra ciudadanos en el sector de Terranova, municipio de Jamundí, en el suroccidental departamento de Valle del Cauca. El saldo hasta ahora es de 26 personas con heridas, según fuentes hospitalarias.

Escenas similares se vivieron este miércoles en Bucaramanga, cabecera del departamento de Santander, donde el Esmad lanzó gases lacrimógenos y disparos contra manifestantes, con un saldo aún sin cuantificar de heridos y detenidos, de acuerdo con organismos de derechos humanos.

La población colombiana comenzó el 28 de abril pasado un Paro Nacional contra las políticas neoliberales impuestas por el Gobierno del presidente Iván Duque, y en búsqueda de un modelo sociopolítico que contribuya a cesar la violencia y disminuir la desigualdad social en la nación.

Desde ese día y hasta el 25 de mayo, se han reportado 3.155 casos de violencia policial, 955 víctimas de violencia física por parte de la fuerza pública, 43 víctimas de homicidios, presuntamente por la Policía, según un recuento hecho por la organización no gubernamental (ONG) Temblores.

Temblores denunció 1.388 detenciones arbitrarias contra los manifestantes, 595 intervenciones violentas, 46 víctimas de lesiones oculares, 165 casos de disparos de arma de fuego por parte de la Policía y 22 víctimas de violencia sexual.