El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó que tiene planificado reuniones con representantes del Banco Central de Bolivia (BCB) para identificar responsables del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) que generó un daño económico al Estado de $us 24,3 millones.

El Banco Central de Bolivia dio a conocer el 17 de febrero que realizó la devolución de $us 346,7 millones al FMI, préstamo gestionado por el régimen de Jeanine Áñez y que fue considerado irregular.

El crédito generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado, que a febrero de 2021 sumaron $us 24,3 millones, de los cuales 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses.

“Se ha tomado en cuenta esto y se van a tener reuniones con el Banco Central (de Bolivia) para identificar a los responsables de ese grave daño al país, por tomar un crédito rompiendo las normas constitucionales que establecen que los préstamos se realizan a través de ley y no de decretos supremos”, indicó el Procurador General del Estado.

El análisis realizado por el BCB también determinó que el denominado Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI condicionó a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias, incumpliendo con lo establecido en los artículos 158 y 322 de la Constitución Política del Estado.

“Hemos restablecido la ley y el orden. Había que devolver ese crédito que aparte era sometimiento al Fondo Monetario Internacional y a la intromisión”, indició Chávez.

El Artículo 322 de la Constitución determina que las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y entidades financieras que tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano.

Además, indica que la máxima autoridad de la institución de regulación de bancos y entidades financieras será designada por el Presidente del Estado, de entre una terna propuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley.

El Artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones para la realización de obras públicas y de necesidad social.

El viernes, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, aseguró que en el caso del crédito del FMI se advirtió un proceso irregular debido a que este tipo de préstamos debe contar con el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que no ocurrió en el régimen de Áñez.

Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional evalúa la conformación de una comisión especial de investigación para el caso del daño económico de $us 24,3 millones generado por el crédito del FMI.

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó que, hasta este 22 de febrero, el número de registrados en el Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA) se elevó a 20.224 personas.

Según un boletín institucional, de ese total, 18.284 beneficiarios optaron por la modalidad de cómputo automático; es decir que el SIN identificará y cuantificará las facturas emitidas en el mes a nombre y número de la cédula de identidad del beneficiario.

Mientras que 1.940 eligieron el registro manual de facturas y envío a la Administración Tributaria; esto significa que el mismo beneficiario debe registrar y enviar al SIN el detalle de las facturas del mes mediante el Formulario 111, a través del aplicativo “Mis Facturas”.

Del universo de registrados, 12.439 mantienen una relación laboral Dependiente (asalariados), 7.662 son Independientes (trabajadores por cuenta propia) y 123, jubilados.

Las personas naturales con un ingreso promedio mensual igual o menor de Bs 9.000 pueden inscribirse en el Re-IVA, a través de la página web www.impuestos.gob.bo (ingresar a la Oficina Virtual y ubicar en el menú de Servicio al Ciudadano la opción Registro de Beneficiarios Re-IVA).

El Re-IVA es parte de la política gubernamental de redistribución del ingreso, que tiene el objetivo de canalizar recursos a las familias bolivianas más necesitadas y reactivar la demanda interna.

En 11 meses de gestión del entonces ministro Iván Arias, se ejecutó el 15% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, lo que paralizó varios proyectos de desarrollo. Sin embargo, con la nueva gestión del ministro Edgar Montaño, se reactivó la ejecución presupuestaria hasta llegar al 38,40%.

Estos datos fueron hechos públicos este lunes durante la “Audiencia Final de Rendición Pública de Cuentas Gestión 2020” del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

El ministro Montaño informó que “el golpismo ejecutó, en este Ministerio de Obras Públicas, solamente el 15 por ciento. Nosotros alcanzamos el 38,40 por ciento en menos de un mes y sus días”.

“Ellos, en más de 11 meses, solamente pudieron avanzar el 15 por ciento, por eso es que las carreteras, las telecomunicaciones y las viviendas dejaron un ritmo importante de crecimiento económico y ahora estos resultados tiene que sufrir el pueblo boliviano”, manifestó la autoridad.

La alusión de Montaño fue a la gestión de Iván Arias, quien fue ministro de Obras Públicas en la gestión de Jeanine Áñez y ahora es candidato a la Alcaldía de La Paz.

Indicó que ahora se reactivan varios proyectos de desarrollo, con la consigna de lograr un “Ministerio del pico, pala y la tecnología”.

Entre esos proyectos citó la priorización de obras como la hidrovía Ichilo-Mamoré, la reactivación de la carretera bioceánica, los aeropuertos y de la Red Vial Fundamental, entre otros.

Según un reporte de prensa, Arias paralizó el avance de varias obras, entre ellas el Tren Metropolitano que tenía un presupuesto de Bs 735.747.153. Hasta el 9 de noviembre de 2020, el porcentaje de ejecución sólo alcanzó el 10%; pero desde esa fecha y con una liberación de Bs 185 millones, realizada por el gobierno del presidente Luis Arce, la cifra ascendió al 36%.

Ante la baja inversión en obras, Montaño reactivó el proyecto Vía Férrea Montero - Bulo Bulo (Santa Cruz), que se encontraba con un 49% de ejecución presupuestaria. Ordenó el pago de una planilla que incrementó el desarrollo de las obras a 64%.

Durante la gestión de Montaño se gestionó la ampliación de los aeropuertos de Cobija y Trinidad. En la terminal pandina se ejecutan obras en la pista, plataforma y calles de rodaje, entre otras, con un avance de poco más de 71%. Mientras que, en la capital beniana, se realizan trabajos de infraestructura y de equipamiento moderno.

En cuanto a las comunicaciones por radio base, el gobierno de facto dejó de lado ese aspecto, mientras que Montaño desembolsó más de Bs 125 millones para este objetivo, que además generará 6.607 empleos directos e indirectos, agrega el informe institucional.

El Programa de Mejora de la Gestión Municipal que beneficia a 12 municipios con la actualización de catastros urbanos tenía un presupuesto de Bs 50.367.230.17, de los cuales, se invirtió el 24%.

El Programa de Regularización del Derecho Propietario (Prorevi) llegó al 59% de sus recursos económicos, y la Unidad Ejecutora de Titulación al 65,95% hasta diciembre de 2020.

“Por la pésima administración del anterior gobierno, los ingresos económicos de Boliviana de Aviación (BoA) descendieron a 885 millones de bolivianos, y en 2018 las ganancias superaron los 2.050 millones; lo mismo ocurrió con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) que mermó sus ganancias en más de 430 millones de bolivianos en relación al año 2018”, menciona el reporte de prensa.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) apenas construyó 32 kilómetros en todo el país, mientras que en 2018 se tendieron casi 400 kilómetros para la integración.

La Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” registró números rojos en ganancias, en comparación con años anteriores, indica el informe de prensa.

Analistas económicos y periodistas de Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia, coincidieron en denunciar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorga créditos condicionados a los países, lo que deriva en aumento del desempleo, disminución de la inversión pública, achicamiento del Estado y eliminación de subsidios al combustible, con secuelas de violencia y levantamientos populares.

Estos análisis fueron expresados este domingo en el programa Economía Plural, de Bolivia Tv, por los periodistas Daniel Oiticica, de Brasil; Daniel Cacciabue, de Argentina; Orlando Pérez, de Ecuador; el exministro de Economía de Bolivia, Mario Guillén; el exviceministro Marío Durán y la exintegrante de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Otilia Choque.

Oiticica señaló que desde los años ’50, Brasil recibió, en distintos momentos, créditos condicionados del FMI, los cuales impulsaron la reducción de salarios, disminución de la inversión pública para sectores sociales bajo la lógica de defender “intereses del mercado financiero internacional”.

Para el analista argentino Daniel Cacciabue, el FMI tuvo su respaldo en los gobiernos neoliberales cuando se manejaba el discurso de la urgencia de la globalización o del “fin de la historia” de Francis Fukuyama.

Dijo que el FMI representa los intereses de EEUU, ya que ese país es el principal accionista del Fondo.

El especialista destacó la decisión del presidente Luis Arce de devolver el crédito al FMI como una señal de soberanía, ya que la lógica de la región debería ser “más justicia, más dignidad y menos FMI”.

Por su lado, el ecuatoriano Pérez, dijo que los créditos del Fondo, en su país, históricamente desembocaron en levantamientos populares, huelgas, privatización de empresas públicas y derrocamientos de autoridades debido a que el FMI normalmente exige achicar el Estado.

Dijo que, en Ecuador, una de las recetas del Fondo fue el retiro del subsidio del combustible, lo que generó una conmoción popular de magnitud.

Pérez también destacó la decisión del Gobierno boliviano de devolver el crédito del FMI.

Al respecto, el exministro de Economía, Mario Guillén, explicó que esa devolución del crédito se realizó por que el mismo era ilegal, debido a que no contó con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Además de ello, el préstamo implicaba condicionamientos aceptados por el régimen de Jeanine Áñez, ya que generó no solo intereses por un monto de $us 5 millones, sino que incluyó derechos especiales de giro, es decir, un mantenimiento de valor que significó el pago de otros $us 20 millones para el Estado en un solo año.

Entre los condicionamientos exigidos, Guillén citó los despidos, la reducción de la inversión pública, una posible devaluación y, lo más importante, el riesgo de dejar “con las manos atadas” al gobierno de Luis Arce. 

Para la exasambleísta Otilia Choque, el Legislativo rechazó el crédito del FMI debido a que fue desembolsado sin conocimiento de la Asamblea, no contaba con un contrato público, no especificaba condiciones financieras ni objetivos claros y el plazo de pago era muy corto, además de los intereses muy elevados.

Por su parte, el exviceministro Jaime Durán explicó que, históricamente, los condicionamientos del FMI estuvieron detrás de la “guerra del agua”, del “impuestazo” y de la privatización de empresas estatales durante el neoliberalismo.

“Con el FMI hay más desempleo, pobreza y bajo crecimiento”, indicó.