El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aclaró este sábado, por medio de un comunicado, que el débito automático realizado de las cuentas del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz para el proyecto carretero El Espino-Charagua-Boyuibe no tiene relación alguna con una supuesta falta de liquidez del Gobierno central.

Un diario de circulación nacional, en su edición del 27 de febrero, apoyado en dos analistas, aseguró que el Gobierno central retiene recursos por falta de liquidez.

De acuerdo con el comunicado de Economía, los recursos del débito automático de las cuentas del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz son depositados directamente a la cuenta de la Administradora Boliviana de Carreteras, para dar continuidad al proyecto, y los mismos fueron comprometidos por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, entidad responsable de financiar la contraparte local y no así el Gobierno central.

Asimismo, se aclara que este débito automático tampoco vulnera la autonomía establecida en la Constitución Política del Estado, como afirman algunos analistas con declaraciones que reflejan un desconocimiento de los artículos 112 y 116 de la Ley 031, Marco de Autonomías, que autorizan al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar débitos automáticos ante el incumplimiento de convenios.

El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz garantizó el cumplimiento de los desembolsos de la Administradora Boliviana de Carreteras mediante el convenio ABC Nro.02/18 GNT-SCT-CIN-GADSC, acordando una cláusula de débito automático.

“Por lo mencionado, el débito automático fue realizado dentro del marco legal establecido”, agrega el comunicado oficial.

El Gobierno central no incentiva la ilegalidad, por tanto, tampoco puede incentivar el incumplimiento de los convenios firmados por parte de la Gobernación cruceña, poniendo en riesgo la ejecución de la carretera El Espino-Charagua-Boyuibe, situación que es de conocimiento general, por cuanto los pobladores de Charagua y Boyuibe anunciaron bloqueos ante una posible paralización de obras.

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó que, hasta este 26 de febrero, el número de registrados en el Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA) se elevó a 22.162 personas.

Según un boletín institucional, de ese total, 20.100 beneficiarios optaron por la modalidad de cómputo automático; es decir que el SIN identificará y cuantificará las facturas emitidas en el mes a nombre y número de la cédula de identidad del beneficiario.

Mientras que 2.062 eligieron el registro manual de facturas y envío a la Administración Tributaria; esto significa que el mismo beneficiario debe registrar y enviar al SIN el detalle de las facturas del mes mediante el Formulario 111, a través del aplicativo “Mis Facturas”.

Del universo de registrados, 13.549 mantienen una relación laboral dependiente (asalariados), 8.471 son independientes (trabajadores por cuenta propia) y 142, jubilados.

Las personas naturales con un ingreso promedio mensual igual o menor a Bs 9.000 pueden inscribirse en el Re-IVA, a través de la página web www.impuestos.gob.bo (ingresar a la Oficina Virtual y ubicar en el menú de Servicio al Ciudadano la opción “Registro de Beneficiarios Re-IVA).

El Re-IVA es parte de la política gubernamental de redistribución del ingreso, que tiene el objetivo de canalizar recursos a las familias bolivianas más necesitadas y reactivar la demanda interna.

El secretario general de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Fredy Mamani, informó este sábado que esa entidad efectuó un taller en el municipio de Tarata, Cochabamba, para que dirigentes y representantes de organizaciones de base realicen el control social al mantenimiento de rutas y obras viales que se ejecutan en ese departamento.

"Estamos recogiendo todas las sugerencias de los representantes de organizaciones sociales. Tenemos la responsabilidad de llevar adelante una gestión transparente y participativa", dijo, citado en un boletín institucional.

Los servidores públicos de la ABC recordaron que las organizaciones y los actores sociales tienen el derecho constitucional a la participación en el control social a la gestión de las autoridades del Estado y el manejo de los recursos económicos.

“El objetivo es que la ABC se someta al control social”, expresó el responsable nacional de Comunicación, Wilson Mangudo, quien también brindó una exposición completa sobre la importancia de la Rendición Pública de Cuentas.

Un taller similar se realizó en el departamento Santa Cruz hace algunos días y la instalación de esos eventos continuará en La Paz y el resto del país.

En 2013, Bolivia aprobó la Ley 341, de Participación y Control Social, que regula la participación y el control social por parte de los bolivianos.

Asimismo, señala de manera precisa los derechos, deberes, atribuciones, prohibiciones y restricciones en esta tarea con el fin de prevenir y luchar contra la corrupción.

La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comunicó este sábado que garantiza el stock y la logística para cumplir con el abastecimiento de gasolina especial, diésel oíl, y gas licuado de petróleo.

“YPFB comunica a la opinión pública que, en el marco de la responsabilidad y del compromiso con la población boliviana, la empresa garantiza el stock y la logística para cumplir con el abastecimiento de gasolina especial, diésel oíl, y gas licuado de petróleo”, aseveró en una publicación en su cuenta de Twitter.

La empresa estatal recuerda que el consumo requiere un promedio diario de 5.320 metros cúbicos (M3) de diésel oíl, 5.650 M3 de gasolina y 111.500 garrafas de gas licuado de petróleo.

El comunicado de YPFB menciona, además, que para garantizar el stock de almacenaje se maximizó la capacidad de almacenamiento, llegando a contabilizar para el caso de diésel oíl y gasolina más de 100.000 M3, saldos más altos registrados en los últimos nueve meses.

“Esto permitirá que se pueda operar los turnos necesarios para satisfacer la demanda de acuerdo con las exigencias del mercado interno”, indica la estatal petrolera.

Las estaciones de servicio administradas por YPFB atienden las 24 horas del día a nivel nacional.