El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Wilson Zelaya; el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez; y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, inspeccionaron este sábado la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) y constataron el avance en los respectivos cronogramas de cara a la reactivación de la misma.

El Ministro de Hidrocarburos manifestó que “estamos haciendo seguimiento al cronograma que se ha planificado en diciembre para poner en marcha la Planta de Amoniaco y Urea. Hemos venido a constatar qué avances hay; sin embargo, en esa tarea, se van encontrando algunos otros temas. Se han contratado una serie de servicios, y se vienen ejecutando todos los otros planes de mantenimiento y toda la parte de diagnósticos como la provisión de recursos humanos especializados”.

Agregó que “se confirma una vez más lo que habíamos mencionado en nuestra primera visita a la Planta de Amoniaco y Urea, y es que la acción deliberada de paralizar este complejo industrial petroquímico ha generado un daño económico al país de más de 250 millones de dólares. Sin duda, este es un gran daño económico al país. No es tarea fácil reactivar la planta, ponerla en operación y mantenimiento. Sin embargo, creemos que con el equipo comprometido en la gestión, y la decisión de nuestro presidente Lucho Arce de poner en marcha esta planta, se van a ir cumpliendo los cronogramas”, según indica un reporte de prensa.

Por su parte, el Director de la ANH, afirmó que existen grandes avances para reactivar la Planta.

“Ahora nos hemos constituido hasta este lugar, luego de haber realizado una primera inspección en diciembre pasado y podemos decir que hay avances muy importantes para la reactivación de esta Planta”, indicó.

Jiménez dijo que la ANH, como ente regulador de la cadena hidrocarburífera, garantiza la trazabilidad de un cronograma de inspección para que pronto la Planta de Amoniaco y Urea vuelva a operar y el país entre en la dinámica de producción.

“El compromiso de la ANH es lograr ese objetivo, por eso realizamos ese trabajo conjunto con la Asamblea Legislativa Plurinacional, para ser fiscalizadores de la reactivación de la Planta”, sostuvo, según un boletín de prensa institucional.

Por su parte, el presidente de YPFB, indicó que “hay varios equipos dañados que fueron identificados ya en diciembre. No obstante, ello, debido a que no se ha hecho una hibernación adecuada de la planta ni un buen mantenimiento durante el año pasado, en que ha estado la planta parada, se van evidenciando algunos otros daños adicionales que van a ser cuantificados para ver al final cuánto nos va a llegar a costar todo, la reparación y puesta en marcha de esa planta. Definitivamente los daños son incalculables desde el punto de vista de la pérdida de credibilidad después de haber ganado clientes durante tanto tiempo”.

“Ahora trabajamos con el equipo comercial paralelamente a la restauración de la planta para ir cerrando algunos aspectos comerciales de manera que en mayo o junio, cuando la planta ya esté empezando a funcionar, podamos enlazar rápidamente la comercialización del producto principal de la planta que es la urea”, acotó.

Todo indica, agregó Zelaya, que se ignoraron los procedimientos establecidos para el manejo de la PAU y una eventual paralización de actividades, y para mantenerla en ese estado. “Esto ha generado cuantiosos daños a la economía de la empresa porque se ha tenido que pagar alrededor de 70.000 dólares por cada cinco días de mantener la planta parada para proteger los catalizadores de la misma. Felizmente, hemos podido conseguir e importar temporalmente un equipo en calidad de alquiler que nos está brindando el servicio ahora, en tanto y cuanto se pueda poner en servicio la planta”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Senado dijo que se conformará una comisión mixta entre diputados y senadores para inspeccionar no solamente las plantas industriales, sino también proyectos camineros que se han paralizado, con financiamiento garantizado. “La situación de la planta de potasio en Oruro, las plantas termoeléctricas en Yacuiba y Entre Ríos, el caso de la planta nuclear en El Alto”, indica el reporte.

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, y el embajador del Uruguay, Fernando Marr Merello, acordaron en una reunión acciones para dinamizar el área económico - comercial.

Uno de los acuerdos es el aprovechamiento de las condiciones que ofrece Uruguay para la carga nacional por la Hidrovía Paraguay - Paraná, una salida natural hacia el Atlántico.

La hidrovía es una ruta navegable de 3.400 km de extensión, desde Puerto de Cáceres en Mato Grosso, a la vera del río Paraguay, hasta el Puerto de Nueva Palmira en la desembocadura del Paraná. Se trata de la alternativa de transporte más importante para la integración logística de la región.

“De igual forma, se acordó realizar un evento en el cual se socialice los instrumentos normativos vigentes para la facilitación de tránsito y de comercio entre ambos países y estas puedan ser aprovechadas por los actores del comercio exterior”, se lee en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Otro de los convenios es retomar los temas en el área económico - comercial como la trazabilidad bobina, entre otros, con el fin de fortalecer el comercio para la reactivación económica pospandemia.

El presidente Luis Arce destacó la recuperación de la democracia y el retorno al camino del desarrollo con la meta de lograr este año un crecimiento aproximado de 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB), en contraste con el gobierno de facto que intentó regresar al modelo neoliberal y aplicó políticas económicas erróneas para atender intereses personales y grupales.

Esas afirmaciones están contenidas en tuits emitidos este jueves por el Mandatario respecto al Programa Fiscal Financiero 2021, que fue presentado esta jornada.

“Retomada la democracia, estamos saliendo gradualmente del fondo del abismo y retornando al camino del desarrollo para mejorar la calidad de vida de las y los bolivianos. Nuestra meta en 2021 es un crecimiento aproximado de 4,4% del PIB y una inflación controlada de 2,6%”, escribió el Presidente en su cuenta de Twitter.

Estas metas están contenidas en el Programa Fiscal Financiero 2021 que tiene el objetivo de reactivar y estabilizar la economía nacional con políticas que retoman la soberanía proscrita durante el régimen de Jeanine Áñez.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y el Banco Central de Bolivia (BCB) firmaron este jueves el mencionado Programa.

Sus principales metas macroeconómicas son: un crecimiento del PIB de alrededor del 4,4%, una inflación de fin de período en torno al 2,6% y un déficit fiscal de aproximadamente 9,7% del PIB, además de retomar las políticas redistributivas y de protección social implementadas por el Gobierno nacional a través de los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad, entre otros.

El Presidente destacó el Programa y recordó que “desde el 2006, presentamos el documento para mostrar absoluta transparencia sobre nuestro programa económico y que el país tenga certeza de que éste comulga con los intereses del pueblo boliviano”.

En contraste, el Mandatario, en otro tuit, lamentó que “el gobierno de facto se encargó de enterrar todo el trabajo que realizamos en 14 años. Intentó retornar al modelo neoliberal, hizo convenios con el FMI a espaldas del pueblo y aplicó políticas económicas erróneas para atender intereses personales y grupales”.

La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este jueves que sorteará 230 lotes de trabajo, el 31 de marzo de este año, que equivalen a unas 5.000 instalaciones de gas domiciliario que beneficiarán a varias localidades mineras ubicadas en Oruro y Potosí.

“Las localidades beneficiadas son Llallagua, Catavi, Uncía, Siglo XX, Challapata y Huanuni, entre otras. Para ello, el primer sorteo de ejecución de lotes de trabajo para instalaciones internas se realizará el 31 de marzo, a las 10.00”, manifestó el jefe distrital de Redes de Gas de YPFB Oruro, Grover Condori, citado en un boletín institucional.

El sorteo se hará con absoluta trasparencia en cumplimiento al Decreto Supremo 4302, por lo que contará con la presencia de un notario de Fe Pública, personal de la Dirección de Trasparencia Corporativa de YPFB, representantes del ente regulador y delegados de empresas instaladoras.

Por su parte, el responsable de Instalaciones Internas de Redes de Gas, Edwin Chungara, señaló que en un evento realizado el 30 de noviembre de 2020, se sortearon 25 lotes de trabajo cuya primera fase se encuentra terminada.

“El mes de abril, la empresa estatal iniciará las instalaciones de gas domiciliario en el distrito minero de Catavi, unas 250 familias serán las favorecidas con este servicio básico”, aseveró.

Las zonas mineras en Bolivia suelen ser las que presentan mayor dificultad para abastecerse de gas domiciliario, por lo que las instalaciones en casas facilitarán la vida de sus pobladores.

Las empresas instaladoras de gas domiciliario interesadas en participar pueden inscribirse en el sitio web: registroempinst.ypfb.gob.bo.