El viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, José María Romay, informó este jueves que los 11 aerogeneradores del parque eólico de San Julián, ubicado en el municipio de Cotoca del departamento de Santa Cruz, están listos para su conexión eléctrica, tras una inspección técnica que verificó la conclusión de los trabajos de construcción y montaje mecánico.

“Estamos apuntando a que todos los parques ingresen en operación comercial en mayo y junio, los meses en los cuales las velocidades del viento van aumentando, para que estos aerogeneradores de 120 metros de altura y con una potencia nominal de 3,6 megavatios, cada uno, puedan funcionar a su máxima capacidad”, manifestó según un boletín institucional.

El proyecto se reactivó después de que la nueva administración de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) subsanara una serie de problemas administrativos, técnicos y legales. 

El parque eólico de San Julián tuvo sus obras civiles paralizadas durante al menos cuatro meses de la gestión 2020 por la cuarentena rígida y el cierre de fronteras ocasionados por la pandemia por el COVID-19. 

Además, Romay explicó que la pandemia no fue el mayor perjuicio para la obra, sino la administración del régimen de Jeanine Áñez, que en menos de un año realizó constantes cambios de autoridades y responsables del proyecto, lo que provocó retrasos significativos en pagos, trámites y autorizaciones, así como desfases en su cronograma de ejecución. 

“Podemos enumerar muchos descuidos que hubo en la administración del gobierno golpista que no permitieron dar continuidad a los proyectos”, sentenció.

Por su parte, el presidente de ENDE Corporación, Marco Escobar, mencionó que en noviembre de 2020 se decidió reactivar la economía del país, con la reanudación de proyectos de inversión como es el caso del denominado “Proyecto Eólico Santa Cruz”.

“Hemos estado regularizando muchos procesos y problemas que nos ha dejado el gobierno de facto. Gente que no tenía ni la experiencia ni la capacidad para manejar estos proyectos, y lamentablemente los estancaron y paralizaron”, acotó Escobar. 

Al margen del complejo de San Julián, se espera que en los próximos meses también se concluya los montajes de los parques eólicos de Warnes y El Dorado, que aportarán 108 megavatios de energía limpia y renovable al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

En el marco del Proyecto Nacional de Cereales, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) socializa con los productores de la región del Gran Chaco, en el departamento de Tarija, las nuevas tecnologías para mejorar la productividad de maíz y trigo. 

De acuerdo con un comunicado institucional, el director General Ejecutivo del Iniaf, Hugo Chambilla, señaló que su trabajo es generar nuevas tecnologías para beneficiar al pequeño y mediano productor. 

"Felicitamos el trabajo que realizan nuestros técnicos. Llevamos a cabo el día de campo demostrativo de parcelas de investigación, producción e intercambio de experiencias, que es de gran importancia para nuestros productores", dijo Chambilla.

Por su parte, el responsable de la macroregión Chaco del Iniaf, Edwin Cardozo, explicó que se expuso a los productores las ventajas de la producción de semillas, además de las cualidades de las variedades de trigo y maíz.

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia Claure, y los servidores públicos de esa institución, expresaron su repudio contra supuestos exfuncionarios y contra “los ataques mediáticos mal intencionados” dirigidos a la ministra de Planificación, Félima Gabriela Mendoza.

Mediante un comunicado, Arandia expresó que “estos ataques de contenido meramente politizado buscan afectar la institucionalidad de dicha cartera de Estado y, sobre todo, la imagen de la Ministra en su condición de mujer y joven profesional”.

“Estas embestidas buscan únicamente perjudicar la gestión de Gobierno, que posee en el Ministerio de Planificación del Desarrollo, a través de su Ministra, un pilar fundamental para encarar el desafío de salir adelante, meta en la que todo el equipo de profesionales del INE está claramente comprometido”, añade el pronunciamiento público.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) informó este miércoles que el Proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT), busca promover y fortalecer acciones para prevenir, detectar y reprimir esas actividades ilícitas que, además de ser un flagelo para la sociedad, se constituyen en una amenaza para la integridad del sistema financiero, económico y la sociedad en su conjunto.

Esta normativa fue inicialmente presentada a la Asamblea Legislativa en 2016, como parte de un paquete de medidas que se implementaron de forma soberana y continua para prevenir y luchar contra estos delitos, logrando con ello que el Estado Plurinacional de Bolivia sea reconocido en el plano internacional como un país que tiene instituido un conjunto de medidas de protección ante estos flagelos, indica un boletín de prensa institucional.

La Estrategia determina operativamente las acciones a realizar por los diferentes órganos del Estado y no significa una modificación al sistema normativo penal vigente, constituyéndose en un instrumento de gestión y coordinación entre éstos. Acciones que serán debidamente evaluadas por Organismos Internacionales a los cuales pertenece Bolivia, desde el año 2000, cuando se adhirió como país miembro al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD, actual GAFILAT), indica el reporte.

Otro de los propósitos importantes de la Ley es potenciar operativamente e integrar las acciones de todas las instituciones de diferentes Órganos del Estado, quienes juegan un rol importante en la lucha contra delitos de LGI/FT y no modifica de ninguna manera la normativa vigente en materia penal.

Los delitos de LGI/FT causan profundos daños contra el orden moral y económico de la sociedad, afectando así a la integridad y estabilidad del sector financiero. Su combate mitiga que los criminales y sus organizaciones de manera paralela continúen desarrollando mecanismos y esquemas cada vez más complejos y sofisticados.

"Esta no es una batalla en sí misma contra este mal, sino más bien contra aquellos crímenes que son la fuente de beneficio económico que busca ser puesto nuevamente en circulación bajo un manto de legalidad y por tanto su combate debe ser asumido en forma conjunta por todos los países, bajo estándares internacionales consensuados", agrega el reporte. 

Bolivia se adhirió como país miembro al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica desde el año 2000 y será evaluado próximamente por esta instancia internacional.

El proyecto de Ley contempla actividades para instituciones públicas y bajo ninguna forma constituye un instrumento de persecución política, sino por el contrario, es una decisión de Estado que busca proteger a la sociedad y su economía de los efectos nocivos de estos actos delictivos.

El no contar con medidas de prevención y detección oportunas, conlleva a que en lo futuro el Estado incumpla los estándares internacionales mencionados, lo cual se traducirá en  determinadas restricciones para el sistema financiero y la economía nacional, traducidas en mayores exigencias en transacciones financieras internacionales que afectarán al sector empresarial y repercutirán en operaciones cotidianas que realizan los bolivianos como ser las remesas, transferencias, giros y operaciones de comercio exterior, manifiesta el informe institucional.