El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, informó este lunes que con el impuesto a las empresas extranjeras digitales, cuyo anteproyecto de ley fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la semana pasada, se proyecta recaudar al menos Bs 30 millones por año.

"Estimamos que anualmente recaudemos algo así como 30 millones (de bolivianos) aproximadamente (…). Esto va a ir aumentando progresivamente en el tiempo porque el mercado digital va a ir ampliándose, dado un escenario donde ahora ya casi todo es digital", dijo Morales en contacto con Bolivia Tv.   

El Viceministro remarcó que esta proyección todavía es "preliminar" tomando en cuenta que el mercado de los servicios digitales es "muy dinámico”, es decir, que cada vez aparecen nuevos competidores.

En ese sentido, sostuvo que el anteproyecto que fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional es una nueva medida que busca darle un tratamiento igualitario a los servicios digitales que se utilizan en el territorio boliviano. 

"No estamos creando un impuesto, lo que estamos haciendo es alcanzar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) (…) a las empresas transnacionales que venden servicios digitales en Bolivia", aclaró el viceministro Morales.

Explicó que la aplicación del IVA a los servicios digitales prestados desde el exterior no es un tema nuevo en Bolivia, pues en países de la región como por ejemplo Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica ya existe esa experiencia.

El Gobierno envió a la ALP un anteproyecto de ley para ampliar el alcance del IVA a las empresas que prestan servicios digitales en Bolivia, desde el exterior, según datos oficiales.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, aseguró que el Gobierno realizará una verificación minuciosa para determinar la libre exportación de carne bovina, con garantía de abastecimiento del mercado interno,

“Las exportaciones eran libres, ahora serán reguladas con la Resolución Biministerial 006/2021, en tanto abastezcan el mercado interno a precio justo se buscará el mecanismo para poder exportar libremente, para ello se hará una verificación minuciosa", señaló en una entrevista televisiva.

La autoridad informó que, junto al Ministerio de Desarrollo Productivo, se reunió con los comercializadores de carne de Bolivia y llegaron a un acuerdo de tres puntos, donde se establece que el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando junto al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) harán un trabajo conjunto para evitar el contrabando de carne bovina en las fronteras.

Otro punto consiste en que, de acuerdo a la Resolución Biministerial 006/2021, se suspende la exportación libre de ese producto en tanto no se cumplan los requisitos como ser el abastecimiento interno a precio justo.

Asimismo, dijo que los operativos serán rigurosos porque se maneja información no comprobada de que los productores ganaderos tendrían un excedente de 45.000 toneladas (t) de carne y los comerciantes argumentan que no estaría llegando ganado a los centros de remate.

"Hay contrabando, se está saliendo nuestro ganado a pie por las fronteras, eso vamos a controlar, porque el precio de la carne afuera está más caro que aquí en Bolivia, y eso está haciendo que gente inescrupulosa que está sacando el ganado a pie, eso vamos a controlar”, aseveró.

La autoridad explicó que para tal propósito se establecerá un centro observatorio que trabajará en conjunto con los ganaderos, para revisar los centros de confinamiento donde harán una declaración jurada de cuánto ganado tienen.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó este lunes que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) implementará controles para evitar que el ganado vacuno sea trasladado a las fronteras y sea exportado ilegalmente.

“A través de Senasag se va a implementar todos los controles necesarios para que, con las guías de movimiento del producto, los ganados sean trasladados a los centros de remate y no así a lugares fronterizos”, informó en una entrevista con Bolivia Tv.

La autoridad señaló que los comercializadores de carne de res denunciaron que muchos de los criadores de ganado trasladan su producto a otros lugares, o a frigoríficos privados para su exportación, lo que deja sin producto a los centros de abasto interno.

"La mayor preocupación que tienen los hermanos carniceros que venden y comercializan este producto es que supuestamente no estaría llegando la cantidad de ganado a los centros de remate. Estos centros de remate son lugares donde los carniceros compran ganado en pie para faenear, ellos están exigiendo que ahí sean trasladados los ganados en pie de calidad", explicó.

Huanca aseguró que el abastecimiento de este producto está garantizado para el mercado interno, tras los acuerdos a los que se llegó durante el fin de semana con representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores de Carne de Bolivia (Contracabol) y de la Federación Única de Trabajadores en Carne (Futecra) para la comercialización normal de carne bovina y la suspensión de medidas de presión.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó este domingo que la sostenibilidad de la deuda pública externa está garantizada porque alcanzó a $us 12.171,7 millones al 31 de diciembre de 2020, lo que equivale a un 31,7% del Producto Interno Bruto (PIB), que está por debajo de los límites referenciales de organismos internacionales.

“El Ministerio de Economía informa que el saldo de la deuda externa pública a mediano y largo plazo, al 31 de diciembre de 2020, alcanzó a $us 12.171,7 millones. Sin embargo, no es suficiente conocer solo el saldo, el dato revelador es su relación con el PIB, el cual muestra que el saldo de la deuda externa pública de Bolivia equivale a alrededor de 31,7% del PIB y se ubica por debajo de los límites referenciales de organismos internacionales que establecen un tope de 40% (Marco de Sostenibilidad de la Deuda BM-FMI), y 50% (parámetro de la Comunidad Andina de Naciones-CAN)”, menciona en un boletín institucional.    

También explica que el Gobierno nacional recibió una pesada herencia producto de la mala administración de las finanzas públicas de la gestión del gobierno de facto, caracterizada por un incremento descontrolado de la deuda interna del Tesoro General de la Nación (TGN) con la contratación de créditos de liquidez y de emergencia por más de Bs 18.000 millones.

Además, menciona que, velando por la sostenibilidad del endeudamiento interno, el Estado trabaja para administrar esa pesada carga sin poner en riesgo las finanzas, al igual que se tuvo que administrar el peso de la deuda interna en 2006, cuando se tuvo que ampliar plazos, bolivianizar la deuda y reducir tasas de interés, lo cual permitió retornar a la senda de la estabilidad.

Por otro lado, indica que es necesario recordar que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su documento Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021, estima que la recuperación de las economías no será hasta 2023, por lo que ve necesario un acceso internacional equitativo a las vacunas contra el COVID-19, mayor disponibilidad de financiamiento para ampliar el espacio fiscal y reformas en la arquitectura financiera internacional que aseguren el acceso a nuevo financiamiento de todos los países en desarrollo.

“Actualmente, la mayoría de los países se encuentra adoptando mayor endeudamiento a fin de poder financiar sus planes de recuperación económica y la lucha contra el COVID-19, situación similar asume el Estado boliviano, que debe además reconstruir la economía después de medidas de política económica mal aplicadas y decisiones desacertadas del gobierno transitorio”, añade.

En ese contexto, esa cartera de Estado rechaza las afirmaciones vertidas por la Fundación Jubileo sobre una supuesta insostenibilidad con argumentos que no condicen con un análisis académicamente serio y que más parecen responder a posiciones pseudocientíficas, que pretenden generar incertidumbre y nerviosismo respecto a la economía nacional.

El documento recuerda que la Fundación Jubileo puso en duda la semana pasada la sostenibilidad de la deuda pública de Bolivia, con un análisis de datos que se limita a una descripción de ingresos y gastos, con varios errores metodológicos dentro de los cuales destaca el análisis de los datos nominales de la deuda.

Asimismo, expone que para establecer la sostenibilidad de la deuda pública existen varias metodologías que son reconocidas a nivel internacional y que, en general, incluyen proyecciones de mediano plazo de las principales variables macroeconómicas, las cuales no se limitan a un análisis descriptivo como lo hace la Fundación Jubileo.

“La falta de rigurosidad del análisis por parte de Jubileo también se refleja en la descripción de los datos nominales de la deuda pública cuando lo utilizado a nivel internacional es el análisis de los saldos de la deuda pública externa en relación al PIB, que es la forma de relacionar las obligaciones asumidas respecto a la capacidad de pago de un país”, acota.

Finalmente, establece que resulta irresponsable que se generen este tipo de opiniones sin guardar los parámetros mínimos para un análisis de deuda y llama la atención que la Fundación Jubileo no haya advertido a la sociedad, el año pasado, cuando se producía el enorme endeudamiento interno del TGN, lo cual genera sospechas de la existencia de una probable afinidad con el gobierno transitorio.