El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) planteó este martes el incremento únicamente al Salario Mínimo Nacional del 0,67% para la gestión 2021, con el objetivo de reponer el poder adquisitivo de la clase trabajadora que recibe el mínimo nacional y garantizar la estabilidad laboral.

“Luego de realizar la evaluación, en el marco de las posibilidades financieras del Tesoro General de la Nación y del Estado, responsabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica del país, el MEFP —en representación del Gobierno Nacional— propone un incremento únicamente al Salario Mínimo Nacional del 0,67% (cero punto sesenta y siete por ciento), velando por los salarios de los trabajadores que ganan el mínimo nacional y la estabilidad laboral de los mismos”, señala el acta de la reunión que tuvieron este martes las autoridades del Ministerio de Economía y la Central Obrera Boliviana (COB), según un reporte de prensa institucional.

Este martes se instaló la mesa de negociación entre el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro; los viceministros de Presupuesto, Zenón Mamani, y de Política Tributaria, Jhonny Morales; y los dirigentes de la COB a la cabeza de Milton Zelada, secretario de Finanzas de esa organización.

El Ministro de Economía explicó que cada porcentaje de incremento salarial generará una consecuencia en la economía y si acaso se dispone un mayor incremento salarial, generará un “descalabro” en la economía del país.

El 9 de abril, se dio la primera reunión con la COB en la cual el Ministro de Economía hizo una presentación sobre la situación económica del país.

El 13 de abril, se instaló la primera mesa de negociación entre el Ministerio de Economía y los dirigentes de la COB, en dicho encuentro se decidió conformar tres mesas técnicas de trabajo: una mesa de negociación de incremento salarial, otra mesa para analizar la Ley de Pensiones y una tercera para analizar temas impositivos.

El 22 de abril, se instaló la mesa de subcomisión salarial, en la cual el MEFP expuso el estado de situación financiera y económica de las empresas públicas, de las entidades territoriales autónomas, universidades públicas, el presupuesto destinado a salud y educación, así como de la economía en general. En esta oportunidad, se solicitó a la dirigencia de la COB que justifique la propuesta de incremento salarial del 5%, plasmada en su Pliego Petitorio, sin embargo, el ente laboral no presentó ninguna argumentación.

El 23 de abril, se continuó con la mesa de subcomisión salarial, en la cual el MEFP explicó a la dirigencia de la COB el estado de situación del mercado laboral del país.

Considerando la situación financiera de las empresas, del Tesoro General de la Nación y de las instituciones, y cuidando la sostenibilidad y estabilidad macroeconómica del país, el MEFP explicó a los dirigentes sindicales que no se debe poner en riesgo la reactivación económica del país, añade el boletín.

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó que Bolivia registró un incremento significativo de sus exportaciones no tradicionales en los últimos tres meses, luego de que los precios fueran afectados por la pandemia.

“Hemos registrado un incremento de nuestras exportaciones no tradicionales, si recuerdan el tema de los precios, sobre todo en la pandemia ha hecho que nuestras exportaciones disminuyan de manera significativa, durante el mes de febrero hemos superado los $us 1.100 millones en exportaciones no tradicionales”, indicó.

“Si comparamos estos tres últimos meses con los tres meses anteriores, hemos incrementado nuestras exportaciones no tradicionales de manera sustantiva”, subrayó.

Según datos presentados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las exportaciones no tradicionales registraron un crecimiento en ventas, entre enero a febrero de 2020, de $us 256,9 millones, y en similar periodo de 2021 la cifra subió a $us 347,3 millones con un incremento de 35 % en el valor y 9% en volumen, indica un boletín institucional.

El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnés, informó este martes que se realizan auditorías a la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, con la finalidad de avanzar en la reactivación de este sector.   

"Se está haciendo auditoria en todo el sector de las piscinas, en el sector de la construcción de la Planta de Carbonato de Litio y también en la Planta de Tratamiento de Aguas", indicó en contacto con radio Patria Nueva.   

Según la autoridad, el año pasado la administración del gobierno de facto de Jeanine Áñez frenó la Planta de Tratamiento de Aguas, de donde se obtiene el insumo líquido que se requiere para la construcción y funcionamiento de la Planta Industrial de Carbonato de Litio.    

"Toda planta necesita agua para su funcionamiento, el problema estriba en que se ha avanzado en la Planta de Carbonato de Litio a nivel industrial, pero el insumo importante que es el agua se lo ha frenado completamente", sostuvo.

Se prevé que la construcción de esta nueva factoría demore alrededor de 12 meses, tomando en cuenta que se tiene que esperar dicho insumo para que pueda entrar en operación, indicó el Viceministro de Altas Tecnologías Energéticas.       

La Planta Industrial de Carbonato de Litio se construye en el departamento de Potosí. Su edificación fue retomada este año por el gobierno del presidente Luis Arce, luego de ser paralizada por el gobierno de facto en 2020.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, señaló este martes que la justicia debe investigar el daño económico a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianas (YPFB) y sus subsidiarias ocasionado por autoridades del gobierno de facto en 2020.

“La justicia tiene que actuar, como YPFB somos parte de las víctimas, una vez que se hagan las investigaciones se tiene que mostrar el daño económico y conocer cómo se han administrado las empresas de los bolivianos”, precisó en entrevista en Radio Patria Nueva.

El presidente de YPFB, Wilson Zelaya, informó el lunes que el régimen de Jeanine Áñez solicitó Bs 12,8 millones de un presupuesto exigido a ocho filiales y subsidiarias de la estatal petrolera para un plan de unidades médicas de emergencia por el COVID-19 durante la gestión 2020, de los cuales al menos $us 1,21 millones fueron ejecutados de manera irregular.

La Resolución Ministerial 031-2020, del 23 de marzo de 2020, fue el instrumento con el cual los involucrados realizaron el movimiento de recursos para el Plan Social de Prevención y Control de Contagios de Coronavirus COVID-19 (UMEC-YPFB).

“Recomendar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus empresas filiales y subsidiarias que, de manera extraordinaria e inmediata, destine recursos económicos necesarios para la compra de insumos médicos y material de prevención para la lucha contra el COVID-19, así como para las Unidades Médicas de Emergencia Contra el Coronavirus”, menciona ese documento.

Además, esta Resolución Ministerial conminaba a “disponer que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus empresas filiales y subsidiarias quedan encargadas de la realización, ejecución y cumplimiento de la presente Resolución Ministerial”. Es decir que: Transporte, Andina, Chaco, GTB, Transierra, Refinación, Air BP Bolivia y Logística, desembolsaron los $us 1.850.000 en diferentes porcentajes, de los cuales $us 1.210.000 fueron ejecutados de manera irregular.

Otras irregularidades encontradas fueron, que para ejecutar adquisiciones y compras para el UMEC-YPFB no se hizo cotizaciones ni licitaciones que permitan conocer si los precios pagados fueron competentes con los del mercado como establece cualquier tipo de contratación estatal. Además, en ninguno de los casos los bienes adquiridos por las subsidiarias y filiales entregados a YPFB ingresaron por almacenes, lo que evidencia el incumplimiento de procedimientos.

Áñez designó a Herland Solís como presidente de la estatal petrolera el 16 de diciembre de 2019 y apartado del cargo el 7 de mayo en medio de denuncias de irregularidades en contratos de combustibles, seguros y alimentos y de despidos masivos en empresas subsidiarias.

Solís y el exministro Víctor Hugo Zamora fueron también denunciados por presunta conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, tras la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo. Ambas exautoridades fugaron del país.