Autoridades de Easba, Emapa y la Policía Boliviana suscribieron este miércoles, en la ciudad de La Paz, contratos para la provisión de azúcar, arroz y harina, para más de 48.000 funcionarios de la institución del verde olivo. 

En rueda de prensa, el gerente general de la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), Boris Alcázar, indicó que esta compañía emitió propuestas de venta del endulzante a instituciones públicas y privadas del país, como la Policía Boliviana, con la cual se llegó a consolidar un proceso de contratación.  

"Es por esa razón que la Empresa Azucarera San Buenaventura y la Policía Boliviana firman este miércoles un contrato para la adquisición de 96.329 quintales de azúcar blanca por más de 14,3 millones de bolivianos, con el compromiso de entregar la dotación en un plazo no mayor a 160 días calendario", dijo.

Por otra parte, el gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, señaló que para esta compañía estatal es importante que instituciones del Estado, como la Policía Boliviana, consuman "lo hecho en Bolivia".

"Hoy tenemos este documento en mesa para firmar con la Policía Boliviana", señaló Flores, quien detalló que el contrato con Emapa establece la provisión de arroz y harina producidos por los agricultores del oriente y occidentes del país.

El viceministro de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, Luis Siles, destacó que la suscripción de los contratos para la compraventa de estos tres importantes alimentos es una muestra de que la economía boliviana se reactiva.

"Se están firmando varios contratos, no solamente los de hoy, sino ya meses atrás se han firmado contratos de la empresa Easba con instituciones privadas también, lo que demuestra que se está reactivando la economía. Aplaudir estos contratos entre la Policía Nacional y las empresas estatales", enfatizó Siles.

A su turno, el director nacional administrativo de la Policía Boliviana, coronel Fernando Oblitas, explicó que estos contratos suscritos beneficiarán a al menos 48.164 funcionarios de la institución del verde olivo.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó este miércoles que se presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para regular y controlar los servicios de las funerarias en el país.

"Estamos presentando un proyecto de ley para regular y controlar las funerarias y, de esta manera, también garantizar a los consumidores del abuso, del exceso de estos proveedores del servicio de funerarias y que también se sometan, se adecuen a los precios que tiene que regular los gobiernos municipales", dijo Silva en entrevista con Bolivia Tv.

De acuerdo con la autoridad del sector, se identificó funerarias "inescrupulosas" que en este momento de pandemia por COVID-19 incrementaron los precios de sus servicios; es decir, las que antes cobraban entre Bs 2.500 o Bs 3.000, ahora tienen tarifas desde Bs 8.000 hasta Bs 12.000. 

"Tenemos que ser conscientes en estos momentos difíciles, tenemos que unirnos, trabajar juntos para combatir este tema (que) causa bastante dolor en las familias que están atravesando la pandemia", sostuvo el Viceministro.

Asimismo, señaló que ante la situación de los cementerios públicos que "no tienen la capacidad para cremar a las personas que fallecieron con COVID-19", aparecen los campos santos privados que por brindar este servicio pretenden cobrar desde $us 3.000 hasta $us 5.000. 

"Es decir, hay gente abusiva, lamentablemente que no pierde la oportunidad para lucrar con el dolor de la gente. No le importa el llanto de la gente, no le importa si la gente no tiene dinero", lamentó la autoridad.

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) prevé inaugurar en julio de este año el Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales y Recursos Evaporíticos de Bolivia (CICYT-MAT-REB), en la localidad La Palca, ubicada en el municipio de Yocalla, del departamento de Potosí. 

"Esta infraestructura va a ser inaugurada en el mes de julio, estamos fijando la fecha. Va a llegar con este motivo el primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Luis Arce Catacora", informó el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, según un reporte de Patria Nueva.

El presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos, Marcelo Gonzales, y el Gobernador de Potosí realizaron este martes una inspección al nuevo Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales y Recursos Evaporíticos de Bolivia, según una nota institucional.

"Estamos evidenciando que (el CICYT-MAT-REB) ya está con un avance del 96% y se cumple con todos los estándares nacionales e internacionales para su funcionamiento", indicó el Gobernador potosino. 

De acuerdo con datos de YLB, esta infraestructura contará con equipamiento de alta tecnología y modernos laboratorios en el campo del procesamiento de salmueras, purificación de sales e industrialización del litio. 

"También contribuirá al desarrollo científico-tecnológico del país mediante actividades de investigación de nuevos procesos y productos (sales inorgánicas, materiales catódicos, electrolitos) útiles para la cadena de industrialización del litio", indicó la empresa estatal.

Según Mamani, no sólo se realizó la inspección al Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales y Recursos Evaporíticos de Bolivia, sino también a las plantas piloto de Materiales Catódicos y de Baterías. 

El Presidente Ejecutivo de YLB también sostuvo una reunión con el Gobernador para aunar esfuerzos y llevar a cabo el plan de socialización para la industrialización del litio en los salares de Uyuni y Pastos Grandes, en coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos y Energías. 

"Esta actividad tiene por objeto hacer conocer los logros y proyectos programados por la Empresa Pública Nacional Estratégica a los pobladores de las comunidades aledañas a los mencionados salares; asimismo, se dará a conocer la nueva tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), misma que se probará en los salares bolivianos", indicó YLB.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) firmaron este martes un convenio de cooperación interinstitucional que permitirá establecer mecanismos de coordinación, cooperación y apoyo técnico entre ambas entidades.

Según un boletín, el convenio fue suscrito por la directora ejecutiva nacional de la Ajam, Brenda Lafuente y la directora general ejecutiva de la UIF, Ana María Morales.

Lafuente señaló que el convenio tiene como objeto poner en vigencia mecanismos de coordinación, cooperación y apoyo técnico entre ambas instituciones, para garantizar el acceso de información que brindará la AJAM a la UIF a través de servicios y/o herramientas de interconexión, que permitirá lograr la mayor efectividad en la prevención y lucha contra la minería ilegal vinculada a la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo. 

“La coordinación entre instituciones parte de la premisa del mandato de nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia (Luis Arce) de luchar contra la corrupción, la minería ilegal, entre otros y es por eso que hoy les damos la bienvenida y manifestamos nuestra alegría al poder coordinar temas de cooperación interinstitucional en beneficio de nuestro Estado”, dijo.

Por su parte, la Directora de la UIF indicó que el tráfico ilegal en el ámbito de la minería se constituye en un riesgo para el cual se debe trabajar, gestionar e implementar medidas de mitigación. 

“La UIF tiene como fin realizar la investigación de cualquier patrimonio que tenga un origen vinculado a delitos tales como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal entre otros (…), por lo que agradezco y felicito el impulso a este convenio”, indicó Morales.  

La AJAM es la responsable de dirigir, administrar, controlar supervisar y fiscalizar las actividades de la minería en el territorio boliviano. Por su lado, la UIF es la encargada de las investigaciones financieras de delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, así como la regulación preventiva contra esos delitos en las actividades económicas.