Tras tomar el poder, reprimir al movimiento popular en Senkata y Sacaba, el régimen de Jeanine Áñez redujo el rol estatal en la educación desde el 31 de julio de 2020 al clausurar el año escolar, imitando así a los gobiernos militares de René Barrientos, Hugo Banzer o Alberto Natusch Busch, con perjuicios que se arrastran hasta la fecha.
Esa tendencia de achicar el Estado se reflejó también en la eliminación del Ministerio de Culturas, campo que fue considerado entonces como un “gasto absurdo”, por lo que ese despacho, junto al área de Deportes, fue transferido al Ministerio de Educación.
“Para la historia de la educación en nuestro país (la clausura del año escolar) fue totalmente lamentable, por que el anterior gobierno tomó la decisión más cobarde e infame, atentando la educación de los niños, niñas y adolescentes”, aseguró José Antonio Pereira, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Particulares.
El representante dijo que los perjuicios de la clausura del año escolar se viven hasta la fecha, ya que los estudiantes tienen problemas en nivelarse al siguiente curso, varios bachilleres de 2020 tienen tropiezos para ingresar a las universidades, lo que obligó a los padres de familia a contratar profesores particulares, con el consiguiente gasto extra para los hogares.
“Se produjo un daño irreversible”, dijo el representante de los padres de familia al mantener vivo el cuestionamiento a la clausura del año escolar en 2020.
Ese año, el Ministerio de Educación, dirigido por Víctor Hugo Cárdenas, emitió un comunicado en el cual anunció al país que “a partir del 31 de julio de 2020 se procede a la clausura de la gestión educativa 2020 para el Subsistema de Educación Regular en sus niveles Inicial, Primario y Secundario de la educación fiscal, privada y de convenio con la promoción de los estudiantes al curso inmediato superior. Asimismo, se instruye a las unidades educativas cumplir con los trámites administrativos de rigor”.
"La gran mayoría del área rural no cuenta con internet, los niños no tienen internet. La fibra óptica sólo llega a las ciudades. No hay condiciones (...) por lo que hemos visto conveniente clausurar el año escolar”, dijo el entonces ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.
El cierre del año se aplicó desde el lunes 3 de agosto, explicó entonces el funcionario.
Previamente, el régimen de Áñez ya había mostrado su escaso interés por la educación de los estudiantes ya que suspendió en marzo de 2020 las clases presenciales, tan sólo un mes después de que habían empezado, aduciendo la pandemia del COVID-19.
Clausura, la medida adoptada en época de dictadura
Esta decisión de clausurar el año escolar tiene como antecedentes medidas similares aprobadas por los gobiernos de René Barrientos, Hugo Banzer y Alberto Natusch.
En 9 de septiembre de 1968, el general René Barrientos Ortuño aprobó el Decreto Nº 08472 que estableció: “Clausurase el año escolar de 1968 en todos los sectores y ciclos educativos del país disponiéndose la promoción del alumnado al curso inmediato superior, sin tomar en cuenta para ello los promedios que hasta la fecha hubiesen obtenido los estudiantes”.
El 3 de octubre de 1956, el entonces presidente Hernán Siles aprobó el Decreto Supremo Nº 4504 que determinó: “Clausurase el año escolar, con pérdida del curso, para los alumnos huelguistas que no asistan regularmente a clases, a partir de mañana jueves 4 de octubre a horas catorce”.
Otro de los presidentes que determinó la culminación anticipada de las actividades escolares fue el dictador militar Hugo Banzer Suárez, en las gestiones 1971 y 1974, informó el periódico Página Siete.
El 11 de noviembre de 1979, el también dictador militar Alberto Natusch Busch procedió a clausurar el año escolar mediante una disposición que, en su artículo tercero, determinó: “Declárese concluido el año escolar en la Escuela Pública y Privada Boliviana, correspondiente al período lectivo de 1979”.
Para el actual ministro de Educación, Adrián Quelca, la clausura del año escolar durante el régimen de Áñez, fue un “delito de lesa humanidad porque prohíbe el derecho a la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes”, según indicó el 10 de diciembre de 2020.
Programas paralizados y desmantelamiento
Sin embargo, durante el golpe de Estado no solo se procedió a la clausura del año escolar, sino que se desmanteló, paralizó y omitió varios programas educativos en perjuicio de los maestros y estudiantes."El régimen de facto de la señora (Jeanine) Áñez con sus dos ministros, lo que han hecho es desmantelar los programas educativos que tenía el Ministerio de Educación. Han paralizado prácticamente todos los programas", denunció el ministro Quelca el 20 de diciembre de 2020.
Entre las iniciativas gubernamentales paralizadas citó al Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros (Profocom), así como otros de formación continua, formación permanente para profesores, y programas de nivelación académica.
El régimen de Áñez omitió otros proyectos, como el caso de las Olimpiadas Científicas para los estudiantes, los encuentros académicos de estudiantes de escuelas superiores de formación de maestros, los Juegos Plurinacionales de estudiantes de nivel primario y de nivel secundario que prácticamente fueron anulados en ese periodo.
Además de ello, el Gobierno de facto desvió los fondos que estaban destinados para el pago del Bono a la Excelencia gestión 2020, que era entregado cada año a los bachilleres con los mejores promedios, indica la Rendición Pública de Cuentas final, gestión 2020 del Ministerio de Educación.
El reporte explica que se procedió a la “denuncia a las instancias pertinentes y generación de responsabilidades sobre los pagos indebidos del Bono Juancito Pinto”.
Según la Rendición Pública de Cuentas final, gestión 2020, durante el régimen de Áñez no solo se produjo la clausura del año escolar, sino que se impulsó el desconocimiento de la Ley 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” en un claro intento de anulación del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo y retorno al modelo neoliberal privatizador que considera a la educación privilegio de unos cuantos, así como la evasión de la responsabilidad del Estado sobre la educación.
Recuperación del derecho a la educación
La educación es un derecho humano fundamental y es uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial de Educación 2030, así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), adoptado por la comunidad internacional.
El ODS 4 está basado en los derechos humanos y tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para lograr un desarrollo sostenible.
La recuperación de este derecho marcó uno de los primeros hitos del gobierno del presidente Luis Arce. Así quedó registrado el 1 de febrero en la inauguración de la Gestión Educativa 2021 en el colegio Pedro Rivera, en la comunidad San Andrés de Tarija junto al jefe de Estado y el ministro de Educación, Adrián Quelca.
Hasta la última semana de julio, el 34,12% de las unidades educativas en toda Bolivia pasaba clases en la modalidad semipresencial, mientras que el 28,10% trabajó en la modalidad presencial; ambos porcentajes hacen un total del 62,22%.
“A la última semana de julio, tenemos 5.997 unidades educativas que desarrollan sus actividades bajo la modalidad a distancia, que representan el 37,58%; con la modalidad semipresencial, están 5.444 unidades educativas, equivalentes al 34,12%; en la modalidad presencial trabajan 4.484 unidades educativas, equivalentes al 28,10%”, detalló el Ministro de Educación.
Ese objetivo se concretó como resultado del 6to Encuentro Pedagógico que marcó la ruta de la gestión educativa entre el 17 y el 18 de noviembre de 2020. Estableció nueve conclusiones, entre las cuales se encuentra el punto 8: “Declaramos el 2021 como el ‘Año por el Derecho a la Educación’”.
El Ministerio de Educación aprobó la Resolución Ministerial 001/2021, instrumento técnico pedagógico y normativo para regular los procedimientos de planificación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de la Gestión Educativa y Escolar 2021 del Subsistema de Educación Regular del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo establecido en la Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”. En ese marco, se establecieron tres modalidades de atención educativa: presencial, semipresencial y a distancia.
El Gobierno diseñó e implementó una estrategia para garantizar que todos los estudiantes bolivianos tengan acceso a la educación este 2021. Se basa en cuatro componentes: la Plataforma Educativa, distribución gratuita de textos de aprendizaje, que demandó una inversión de más de Bs 24 millones, y la difusión de las tele y radio clases mediante la franja Educa Bolivia.
Así, desde el 1 de febrero, se puso en marcha el proyecto Educa Bolivia, el programa de teleeducación que atiende las necesidades de los estudiantes bolivianos ante la suspensión de clases presenciales por la pandemia del COVID -19.
Cuenta con tres segmentos: Primero, educación primaria en familia comunitaria; segundo, educación primaria comunitaria vocacional y, tercero, educación secundaria comunitaria productiva. Los programas educativos, que también incluyen formatos en idiomas originarios, son difundidos de lunes a viernes por medios estatales y privados.
Según datos oficiales del Ministerio de Educación, entre el 1 de febrero y el 30 de julio de 2021, el Gobierno logró un ahorro de Bs 81.367.574,01 mediante el acuerdo con medios estatales y privados para la difusión gratuita de los contenidos elaborados para una cantidad de 1.000 programas de televisión y 1.000 programas de radio.
Educa Bolivia ahorró Bs 199.874.522,37 en la producción de los 2.000 programas educativos televisivos y radiales hasta el 30 de julio. En total, el ahorro en producción y difusión es de Bs 281.242.126,38.
El 24 de junio, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Rafael Ramírez, resaltó la amplitud de la estrategia aplicada por el Ministerio de Educación que diseñó tres modalidades de atención educativa para la presente gestión: asistencia presencial, semipresencial y a distancia.
“Desde nuestro punto de vista, las diferentes modalidades que hay son amplias, dan la flexibilidad necesaria y se tiene los instrumentos necesarios como la Plataforma Educativa, los mecanismos para educación a distancia, las tele y radio clases, que son mecanismos flexibles. Hay que reconocer que su efectividad en cada uno de estos mecanismos es bastante buena”, aseguró.
En el marco de la lucha contra la pandemia, el Gobierno determinó incluir en la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 a los maestros del área rural y urbana de todo el país, al considerar que es un sector de riesgo de primera línea, debido a que en un importante porcentaje asumieron la responsabilidad de dar clases presenciales y semipresenciales a estudiantes de los ciclos de primaria y secundaria.
Entre otros logros en beneficio de la educación, el ministro Quelca destaca la recuperación del incentivo de Bs 1.000 “Bachiller destacado - Excelencia en el bachillerato” para los estudiantes, luego de que el pago fuera suspendido en el gobierno de facto.
Otra de las medidas asumidas por el Gobierno de Luis Arce es la asignación del 10% del Presupuesto General del Estado al sector educativo, también la incorporación de maestras y maestros graduados por excelencia en su fuente de trabajo.
Se retomaron las entregas de infraestructura educativa a nivel nacional, además de la implementación de laboratorios con su respectivo equipamiento. Ya está en marcha la 10° Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana y el VII Encuentro Plurinacional de Maestras y Maestros Educa Innova 2021, un espacio de producción de conocimientos y propuestas en el uso de herramientas tecnológicas en el trabajo en aula. Se prevé reactivar los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales, suspendidos en el régimen de Jeanine Áñez.
“Estamos reactivando todos los programas que habían antes del golpe de Estado y vamos a incorporar otros elementos”, aseguró el Ministro de Educación.
Desde el Gobierno, se considera uno de los principales desafíos a futuro el desarrollo de una educación en el marco de las calidades educativas acorde a un sistema plurinacional.
“Vamos a trabajar para que desde el ámbito educativo podamos aportar al desarrollo económico del país, porque para eso existe el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, el bachillerato técnico humanístico que es la antesala para la formación de profesionales en el ámbito productivo, ese es el reto”, aseveró Adrián Quelca.
