El Ministerio de Gobierno y la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT) firmaron este viernes un convenio para la donación de madera decomisada a los diferentes centros penitenciarios del país para que los internos aprendan el oficio de carpintería, como parte de las actividades de reinserción social.

“Esta madera será un insumo, una herramienta para la reinserción de los privados de libertad, para que aprendan un nuevo oficio dentro de las cárceles y puedan salir después con un oficio y ocupar nuevas fuentes laborales”, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

Manifestó que los internos tienen el reto de fabricar catres para equipar el nuevo centro penitenciario de Montero, Santa Cruz, que se inaugurará en los próximos días.

En tanto, el comandante General de la Policía Boliviana, coronel Jhonny Aguilera, aseguró que el objetivo de la entidad es que todos los internos se capaciten para vivir en libertad una vez que cumplan con su condena, por lo que el convenio fortalecerá esta misión.

“Con esta labor van a poder subsistir en la vida externa porque es importante la rehabilitación y dotar de un material que permita generar un nuevo conocimiento y la posibilidad de encontrar un modo de subsistencia en el mundo externo”, expresó.

En una audiencia de juicio oral, el Ministerio Público demostró que Román P. F., de 58 años, es el autor del delito de violación cometido en contra de su sobrina de 10 años. El Tribunal de Sentencia Nº 5 de Cochabamba determinó la pena máxima de 30 años de cárcel para el responsable, quien deberá cumplir la condena en el penal de El Abra.

“Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público están: el abordaje psicológico y social realizado a la víctima, su historia clínica, una pericia genética realizada al agresor que confirma la paternidad, declaraciones testificales, entre otros elementos que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional que dictó sentencia condenatoria”, informó la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles Romero.

Por su parte, la fiscal de materia, Zulma Corrales, detalló que el hecho ocurrió en 2018, en la zona sud de la ciudad de Cochabamba. Dijo que el agresor cometió el delito desde enero hasta abril del mismo año, cuando llevaba a su sobrina a su trabajo de albañilería. El hombre amenazaba a la niña con dañar a su familia si es que ella contaba lo que sucedía. 

En octubre, la niña le dijo a su madre que se sentía mal del estómago por lo que fue llevada al hospital, el médico que la atendió confirmó que la menor estaba embarazada de ocho meses. Ante la noticia, la víctima reveló lo sucedido y el caso fue denunciado ante la Policía, que procedió a la aprehensión del agresor.

En audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público demostró con elementos suficientes que Jorge Luis Segundo Romero, de 34 años, es el autor del delito de abuso sexual agravado cometido en contra de una adolescente de 16 años en el municipio de Villa Montes, informó el fiscal departamental de Tarija, Wilson Tito.

El Juzgado de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Primero de Villa Montes dictó 10 años de cárcel para el autor del hecho, quien deberá cumplir la pena en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola.

“Durante la audiencia, el imputado, en presencia de su abogado, admitió haber cometido el delito y de manera voluntaria se sometió a procedimiento abreviado. Además, el Ministerio Público ofreció pruebas consistentes en la entrevista psicológica a la menor que demostró el grado de afectación emocional que sufre a causa de la agresión, declaración de testigos que identificaron al hombre y otras pruebas que fueron valoradas por la autoridad jurisdiccional que emitió sentencia”, afirmó Tito.

De acuerdo a los antecedentes, el 1 de mayo de 2020, aproximadamente a las 21.40, la menor se dirigía a la casa de su tía y fue interceptada por Jorge Luis Segundo, quien intentó besarla, la agarró de sus brazos y procedió a realizarle toques en sus partes íntimas. Ante ese hecho, la adolescente escapó de su agresor y pidió ayuda a los vecinos del lugar que llamaron a la Policía.

Los efectivos policiales se constituyeron en el lugar del hecho y, junto a los vecinos y la víctima, procedieron a la búsqueda del agresor que fue detenido en el mercado campesino de Villa Montes, para posteriormente ser trasladado hasta celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que la Dirección de Régimen Penitenciario invertirá en esta gestión Bs 8,5 millones en la compra de medicamentos para combatir el coronavirus, mantenimiento y ampliación de obras en ocho cárceles y en actividades de rehabilitación y reinserción social de los internos en la sociedad.

“Dotaremos de medicamentos, insumos médicos y equipamiento básico, fortaleceremos los talleres de producción, realizaremos cursos, talleres, encuentros, jornadas y otros, diseñaremos el protocolo de servicio de atención médica y analizaremos gestiones para interactuar y fortalecer los vínculos de padres o madres privados de libertad con sus hijos”, indicó la autoridad en el Encuentro Nacional de Régimen Penitenciario y los talleres de Seguridad Ciudadana y Lineamentos de la Policía Boliviana que se desarrolla en santa Cruz.

Anunció la creación de un sistema de información para conocer el número de internos, si tienen sentencia ejecutoriada, cantidad de hombres y mujeres, cuantos pertenecen a los pueblos indígenas, personas con enfermedad de base, diabéticos, con VIH, y otros datos, cuyo objetivo es contar con información pronta y oportuna “para generar políticas reales en base a datos y estadísticas concretas”.

Del Castillo lamentó que el gobierno de facto de Jeanine Áñez, haya descuidado la atención en los centros penitenciarios porque 51 internos fallecieron a causa del COVID-19, aunque la cifra no es creíble debido a varios factores.

Afirmó que el indulto y la amnistía beneficiará a personas víctimas del sistema judicial que sufren de la retardación de justicia, padres de familia que tienen niños dentro de las cárceles, personas con enfermedades de base, adultos mayores y víctimas del gobierno de facto.

“Una señora de 80 años está detenida en el departamento de La Paz por más de 11 meses acusada de quemar los Puma Katari, imagínese como una persona de 80 años va a quemar los buses”, concluyó.