El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, denunció hoy que “existe un movimiento sedicioso” en contra del gobierno del presidente Luis Arce que se manifiesta a través de acciones concurrentes de excandidatos perdedores de la elección nacional y actores de la oposición involucrados en el golpe de Estado.

“Esta situación no va a quedar en la impunidad”, advirtió la autoridad a tiempo de confirmar una investigación que derive en un proceso penal, según un boletín de prensa institucional.

Lima recapituló varias acciones de desestabilización que pretenden desconocer la voluntad popular de la elección de octubre del año pasado que culminó con la elección del Presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca con el 55, 11% de votos.

Advirtió además que esta campaña política de la oposición se apoya en un discurso de odio que busca politizar las acciones de contención de la pandemia mundial por el Covid 19.

“Ese es un tema muy grave y me parece a mí que es un tema estructural y que no es casual”, dijo el ministro.

“Desde el primer momento de la elección de los primeros días en los que sabíamos ya que el pueblo boliviano había optado por el Presidente Arce con un 55% de apoyo se empieza a generar una serie de movilizaciones que son estructurales, no son casuales”, dijo la autoridad.

“La vocal (del Tribunal Supremo Electoral) Rosario Baptista desconoció resultados y solicitó una nueva intervención por parte de la OEA, sin pruebas. A eso se suman los pedidos de cívicos y otros para pedir de rodillas una intervención de las Fuerzas Armadas entre otros hechos”, recordó.

El Ministro Lima recordó además que el principal promotor del paro de 21 días en Santa Cruz que derivó en las acciones violentas previas al golpe de noviembre de 2019, Luis Fernando Camacho advirtió al Presidente Arce con que seguiría la misma surte del expresidente Evo Morales.

“Camacho diciendo que el Presidente Arce no siga la suerte del Presidente Morales y toda la estructura que se está dando en este momento de generar una situación de convulsión en el país es una muestra evidente de que existe un movimiento sedicioso y esta situación no va a quedar en la impunidad”, dijo Lima.

Mencionó que la revelación de las “grabaciones de Fernando López (exministro de Defensa del gobierno de facto) contratando a 10.000 mercenarios en los EE.UU, la visita que se hace de parte del señor (Rómulo) Calvo, a (Luis) Almagro (secretario general de la OEA), pidiendo la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, reflejan un esquema de conspiración política de la oposición.

La autoridad de Estado, dijo que a esas acciones antidemocráticas se suman las arengas de un excandidato perdedor del MNR que inició una campaña para forzar la renuncia del Presidente Arce.

“Esto es parte de un proceso sedicioso, es un proceso que no puede quedar sin investigación y, adicionalmente a todo lo que está haciendo tiene que aclararse”.

“Tendrán que ser convocados quienes están participando en este movimiento sedicioso que de ninguna manera puede ser tolerado”, dijo.

Aclaró que el discurso de odio y sedición promovidos por algunos opositores no puede ser confundido con la libertad de expresión, derecho garantizado por la Constitución Política del Estado.

Autoridades del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) informaron el sobreseimiento de su secretaria de Justicia, Susana Larrea, quien en octubre de 2020 fue aprehendida y enviada a Palmasola. Denunciaron que hubo móviles políticos en la investigación y violación de derechos por parte del gobierno de Facto.

“El 31 de agosto de 2020, se abrió un proceso penal contra el entonces director general de Justicia Indígena del Ministerio de Justicia, Zenón Rodríguez, quien fue aprehendido en base a un CD de audio con relación a una convocatoria para notarios y supuesto cohecho activo para la designación de notarios en Santa Cruz, el cual fue difundido por redes sociales. Esa investigación fue ampliada a la Mama Justicia del Conamaq, Susana Larrea, sin elementos en su contra. Al presente, el caso se encuentra con sobreseimiento ejecutoriado”, manifestó el Tata Jiliri Departamental Santa Cruz, Iver Valenzuela, en conferencia de prensa.

Por su parte, la Mama Justicia del Conamaq, Susana Larrea, expresó: “He demostrado mi inocencia en la investigación que me hicieron, la resolución fiscal ha reconocido que no existió prueba en mi contra y nunca probó mi participación en el hecho, por lo que he sido sobreseída. Es lo que debo hacer conocer a la población, fui perseguida durante el gobierno de Áñez, se violaron mis derechos como mujer por ser indígena, está limpio el nombre del Conamaq”.

Las autoridades de Conamaq identificaron móviles políticos en la ampliación de la investigación y la forma en que se llevó a cabo, no habiendo podido recolectar elementos lícitos en contra de los sindicados.

La asesora del Ministerio de Justicia, Cecilia Urquieta, dijo que Carlos Mesa incurre en una obstaculización de las investigaciones judiciales al negarse a declarar lo que conoce sobre el golpe de Estado de 2019.

Urquieta, entrevistada este viernes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, dijo que es un deber ciudadano y cívico, el prestar declaraciones sobre un determinado hecho investigado por las autoridades competentes.

“Él está obstaculizando una investigación”, dijo la asesora quien dijo que las autoridades judiciales actuarán como corresponda ante este caso de “obstaculización de la justicia”.

Recordó que el 10 de noviembre de 2019, tras la renuncia obligada de Evo Morales y otras autoridades debido a la violencia, quema de domicilios, secuestros y torturas contra las familias de autoridades, Carlos Mesa llegó a inmediaciones de la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, junto a un grupo de personas.

Allí anticipó que se oponía a que cualquier asambleísta del MAS pueda asumir la presidencia del país, es decir que se opuso a la sucesión constitucional que establece la normativa vigente, dijo Urquieta.

“Esas cosas lo pueden implicar”, añadió en referencia a la respuesta de Mesa, quien dijo ante los fiscales que “no voy a contestar la pregunta, porque me puedo incriminar”.

Por otro lado, Urquieta indicó que la fuerza del pueblo y la fortaleza democrática evitaron un segundo golpe de Estado a cargo del entonces ministro de Defensa, Fernando López, en 2020.

Una investigación de la revista The Intercept, de EEUU, revela que Bolivia estuvo al borde de un nuevo golpe de Estado y una invasión armada de mercenarios estadounidenses tras la victoria electoral del presidente Luis Arce en octubre de 2020. El producto periodístico incluye grabaciones, a partir de audios y correos electrónicos interceptados, que atribuyen a Fernando López Julio.

Este viernes, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó que el Gobierno iniciará una investigación sobre el plan de conspiración de Fernando López, para plantear un proceso penal.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, anunció este viernes que el proceso de socialización nacional del anteproyecto para la modificación de la Ley 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, está en la etapa final, con foros de validación realizados en siete departamentos y dos más en curso.

“Estamos agotando este proceso de recolectar todos los insumos que nos da la sociedad civil. Ha sido amplio este proceso, pese a que la pandemia nos ha perjudicado bastante”, dijo Lima.

En ese sentido, la autoridad detalló que los foros de validación concluidos se realizaron en los departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Pando, La Paz y Beni, donde fue socializado el diagnóstico denominado “Estado de la situación de la violencia contra las mujeres en Bolivia”.

La autoridad estatal indicó que en los próximos días se efectuará foros en Cochabamba y Santa Cruz y adelantó que posterior a la conclusión de los encuentros departamentales se realizarán encuentros con organizaciones no gubernamentales y operadores de justicia, a nivel nacional, con la finalidad de escuchar a todos los actores del proceso.

Además, subrayó que la modificación de la Ley 348 es una prioridad del Gobierno, en el marco de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, por lo que se debe escuchar a todas las organizaciones sociales de la población.

“Quisiéramos que ya pronto podamos entregar el proyecto. Ha sido un mandato de la gente, quieren ser escuchados y quieren que todos sus criterios estén involucrados en la Ley 348. A partir de esa socialización entregaremos un anteproyecto para la discusión en la Asamblea y por esta comisión que ha sido conformada en el parlamento. Este año (la promulgación de la norma) es una prioridad del Gobierno”, aseveró.

Finalmente, Lima explicó que uno de los objetivos gubernamentales es concluir la etapa de validación de propuestas en el primer semestre de 2021 para que el proyecto resultante sea analizado por la ALP y la Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre Feminicidios.