Jeanine Áñez conocía el pedido del Papa Francisco para que se libere a exautoridades asiladas en 2019 tras el golpe de Estado, mientras la Conferencia Episcopal de Bolivia, días después de la solicitud del Sumo Pontífice, tuvo una reunión al respecto. Sin embargo, tanto el régimen de entonces como la jerarquía católica guardaron silencio.

Las revelaciones fueron expresadas por la excanciller del gobierno de facto, Karen Longaric y, en parte, por el exembajador de Bolivia ante el Vaticano, Julio César Caballero, quien firmó el informe diplomático del 15 de enero de 2020 donde da a conocer que el Papa Francisco solicitó proporcionar salvoconductos a las personas asiladas en la residencia de la embajada de México, en La Paz.

Tras el golpe de Estado de noviembre de 2019, los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, Wilma Alanoca, César Navarro y Hugo Moldiz, además de Víctor Hugo Vásquez, exgobernador de Oruro; Pedro Dorado, exviceministro de Desarrollo Rural, y Nicolás Laguna, exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), se refugiaron en la residencia de la Embajada de México en la ciudad de La Paz.

Dos meses después, el Santo Padre sugirió “superar la crisis de los asilados en la Embajada de México en la ciudad de La Paz, proporcionando salvoconductos a aquellas personas que se encuentran en esa legación diplomática, consolidando así el proceso de pacificación y el periodo electoral iniciado por Bolivia”, según indica la nota clasificada de “muy urgente”, con CITE: EB.VA. NSC.08/2020, firmada por el entonces embajador de Bolivia ante la Santa Sede del Vaticano, Julio César Caballero Moreno.

La nota fue enviada a Karen Longaric con copia al entonces vicecanciller Carlos Zannier.

Caballero consideró, en radio Fides, que “es obvio que la señora Ministra comunicó a la señora presidenta en ese momento este mensaje porque es un mensaje clasificado como muy urgente”.  

Al respecto Longaric indicó que “conocía de esa carta y yo instruí al vicecanciller de entonces hablar sobre ese tema y también le transmití a la presidenta (Jeanine Áñez) el tema”, dijo en una entrevista con el programa Asuntos Centrales, según el periódico La Razón.

Es decir, Jeanine Áñez, quien varias veces enarboló públicamente la Biblia, conocía la solicitud del Papa Francisco para liberar a los asilados en la residencia mexicana, pero no permitió el desalojo de las exautoridades y tampoco realizó algún informe público sobre ese pedido.

Pero también la jerarquía católica del país tenía conocimiento de la preocupación de Santo Padre, ya que hizo gestiones en ese sentido, pero se limitó a solicitar la liberación de una persona de todas las asiladas, según relató Longaric.

Ella dijo que fue visitada por una “delegación grande” de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y los sacerdotes, quienes le dijeron que ellos querían que el Gobierno “exprese un gesto humanitario y dé un salvoconducto al menos para una persona”, según publicó La Razón.

“Inmediatamente llamé a la Presidenta y al exministro (de Gobierno Arturo) Murillo y (también) le transmití esa gestión de la Conferencia Episcopal (porque eran) justamente los sacerdotes que participaron de la pacificación del país”, relató Longaric.

Al respecto, el exembajador Caballero, quien había transmitido la solicitud del Papa, dijo que se enteró de esas gestiones. “Solamente he escuchado, no tengo la información porque no necesariamente debo tenerla, sé que la gestión la realizó la Conferencia Episcopal que en su momento hizo una gestión ante la Cancillería. Hicieron gestiones para tratar el tema de los refugiados en ese momento. Eso es lo que sé, pero no tengo un conocimiento oficial de ese tema”, dijo en radio Fides.

Esas gestiones de la Conferencia Episcopal se realizaron días después que Caballero informó al régimen de Áñez, el 15 de enero de 2020, de la solicitud del Sumo Pontífice.

Días después, el 31 de enero de 2020, Áñez otorgó permisos para que el exministro de Minería, César Navarro y el exviceministro de Desarrollo Rural Agropecuario, Pedro Damián Dorado López, puedan salir de la residencia mexicana.

Al respecto Longaric dijo que “entonces, la Presidenta seguramente analizó con Murillo y decidieron dar dos salvoconductos, uno para el exministro (César) Navarro y otro para un exviceministro”, contó.

Sin embargo, la Policía detuvo de manera ilegal a Navarro y Dorado por más de siete horas antes de su vuelo a México.

Sobre la detención, Longaric reveló otras gestiones de la jerarquía católica ya que dijo que el Nuncio Apostólico la llamó para informar de ese problema.

“Entonces, llamé (otra vez) a la Presidenta y Murillo para decir que no se cometiera semejante atropello (detener a Navarrro y Dorado). Y a los dos días me visitó el Nuncio junto con un grupo de embajadores para expresarme su preocupación por lo que había ocurrido en el aeropuerto”, indicó.

El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, calificó esa detención como un “incidente” y atribuyó a una “mala comunicación” la aprehensión.

Tras esas dos liberaciones y pese al pedido del Papa, el resto de las exautoridades asiladas no pudo salir de la residencia mexicana. Inclusive, grupos civiles se apostaron en las cercanías y hasta la policía reforzó el control para evitar la salida de los refugiados.

Sobre el conocimiento y papel del régimen de Áñez y de la Conferencia Episcopal Boliviana, respecto a la solicitud del Papa para liberar a los asilados, la exministra de Culturas, Wilma Alanoca dijo que ambos deben dar explicaciones al pueblo boliviano.

“Exijo a la señora Karen Longaric que no nos responda por Zoom, ni por Twitter, que venga a Bolivia desde Chile, que diga la verdad de lo que pasó con el tratamiento de esa nota tan importante de la que sí o sí dependían la vida de muchas personas y de muchas familias en nuestro país. Lo propio, que los señores de la Conferencia Episcopal de Bolivia digan la verdad con la biblia en la mano y que le hablen al pueblo boliviano”, solicitó el viernes en el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este viernes que los miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) hallaron una estancia con una pista clandestina en el departamento de Beni y secuestraron 305 kilos de pasta base de cocaína valuada en más de $us 1,2 millones.

“El total del patrimonio afectado al narcotráfico solamente con la sustancia controlada es de $us 1.220.000 puestos en el exterior. Nuevamente demostramos con hechos y no solo con palabras nuestro compromiso en la lucha contra el narcotráfico”, señaló en una conferencia de prensa.

Según Del Castillo, el resultado fue logrado con el operativo denominado “Lince”, que se ejecutó el 21 de junio de este año en la estancia “Buen Retiro” del municipio de Santa Rosa, que está ubicado en la provincia José Ballivián.

Dijo que los miembros de dos patrullas de las fuerzas antidroga encontraron primero la pista clandestina que tenía cerca de 700 metros de largo.

“Se pudo encontrar en el lugar tres bidones de combustible con una capacidad aproximada para almacenar 60 litros cada uno, haciendo un total de 180 litros”, acotó.

El Ministro indicó que los efectivos antinarcóticos hallaron luego una caleta, a 800 metros de la pista, que estaba camuflada con una carpa de color naranja y en ella se halló diez bolsas de yute color plomo que contenían la pasta base de cocaína.

Explicó que la investigación preliminar determinó que el inmueble y su pista eran usados para el traslado de droga proveniente de Perú, la recarga de combustible y su posterior traslado hacia Brasil.

El titular de Gobierno manifestó, además, que el propietario de la estancia, identificado como Walter N.V.R, falleció hace varios años, por lo que el predio era presuntamente administrado por su hijo, Wilson N.V.M.

“De acuerdo a las investigaciones y el trabajo que realicemos de manera conjunta con el Ministerio Público citaremos a esta persona (el hijo) para ver si tiene algún elemento, alguna documentación, para descartar la propiedad de este inmueble”, acotó.

Por último, Del Castillo dijo que se continuará con las acciones correspondientes para que la estancia sea utilizada “en beneficio de todos y cada uno de los bolivianos”.

Efectivos del Batallón de Infantería de Marina IV “Alianza”, dependiente del Cuarto Distrito Naval Titicaca de la Armada Boliviana, realizaron este viernes el control de hitos fronterizos que limitan con el vecino país de Perú, con el propósito de resguardar la soberanía de los espacios acuáticos y terrestres en el área de jurisdicción dentro el territorio nacional.

“Los efectivos navales desarrollaron el recorrido de una extensa senda montañosa bajo una temperatura que alcanzaba los 04°C, donde realizaron la inspección de los 10 hitos fronterizos que existen entre Bolivia y Perú, haciendo su reconocimiento por sectores de la Bahía de Cocahui, Arroyo Machu Machani, Tilali, Coquerani, Cerro Querani, Querani y Tuntani Pampa”, señala una nota de prensa.

Según el capitán de corbeta Pavel Chambi, comandante del Batallón de Infantería, la tarea permite delimitar el territorio de forma permanente.

“Es por ello que, personal militar con equipos y medios navales, son desplazados hasta el límite fronterizo, donde además verifican la existencia de carreteras clandestinas que son aprovechadas por personas que se dedican al contrabando para tomar acciones de lucha contra actividades ilícitas”, informó.

Tras llevarse a cabo la audiencia cautelar sobre el caso gases lacrimógenos, este viernes, la autoridad jurisdiccional dispuso la emisión de una resolución de declaratoria de rebeldía en contra de los exministros del régimen Arturo Murillo Prijic y Luis Fernando López Julio, así como las anotaciones preventivas de los bienes de ambos coimputados, informó el fiscal anticorrupción, Junior Flores.

“En definitiva, ya la norma procesal penal ha establecido que cuando un sujeto procesal, previa a su legal notificación no asiste al llamado de la autoridad jurisdiccional, entonces la autoridad lo que hace es aplicar la rebeldía, es decir, el efecto de su rebeldía es que la investigación se va a llevar a cabo en ausencia del sindicado con los efectos, justamente, de una aprehensión a los efectos de que sea conducido a esta autoridad jurisdiccional”, explicó en conferencia de prensa.

Flores además señaló que la declaratoria en rebeldía no impide que el Ministerio Público lleve la investigación a los efectos de esclarecer la verdad histórica de los hechos.

“El fallo radica en juicios declarados rebeldes con la Ley 004, acá lo que se está haciendo es una etapa netamente investigativa donde estamos en una etapa preparatoria, donde el Ministerio Público está acumulando mayores elementos de convicción, eso no impide que el sujeto procesal declarado rebelde pueda comparecer ante la autoridad jurisdiccional y poder proseguir y continuar con los actos investigativos”, mencionó.

Informó que en la audiencia se presentó un abogado que asumió la defensa de López Julio, quien manifestó que su defendido se encuentra en la clandestinidad, criterio que fue valorado por la autoridad.

“Ha manifestado que su cliente estaría en la clandestinidad, criterio que ha sido valorado por la autoridad, empero, las diligencias han sido corridas conforme establece la Ley 1970, es decir, que han cumplido la finalidad y ellos tenían la obligación de comparecer ante la autoridad jurisdiccional”, remarcó.

Asimismo, adelantó que el Ministerio Público activará todos los mecanismos necesarios para acortar los plazos y así poder llegar a una verdad histórica de los hechos, tener un requerimiento conclusivo y la participación de cada uno de los implicados.

Sobre la anotación preventiva de los bienes de ambos imputados, dijo que la autoridad jurisdiccional emitirá una resolución judicial que establece las características de esta determinación.

“Entiendo yo que se va a emitir oficios a las diferentes instituciones a los efectos no solamente del congelamiento de cuentas, sino también de la anotación preventiva de bienes que estarían registrados en contra de estos coimputados”, finalizó.