Arturo Murillo, exministro de Jeanine Áñez, no solo está detenido en EEUU acusado de soborno y lavado de dinero, sino que ahora enfrenta disputas con su abogada defensora ante la alternativa de declararse culpable para minimizar su condena. Las dificultades llegaron a tal punto que tuvo que cambiar de abogado defensor ante la cercanía de una audiencia judicial que podría postergarse.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, está atento al curso del proceso penal contra Murillo y da los últimos toques a una demanda civil para recuperar los $us 2,3 millones de sobreprecio que pagó el exministro de Gobierno en la compra de gases lacrimógenos destinados a la represión de las protestas durante el régimen de facto de Áñez.

Chávez fue quien informó, en entrevista con el canal Abya Yala, de las recientes penurias de Murillo con su equipo de abogados.  “Lo último que hemos conocido es que tiene diferencias con la abogada que lo patrocinaba y esto ha ocasionado que la abogada pida que en audiencia explique los motivos por los cuales existió esa diferencia, que de hecho entendemos, ha ocasionado el cambio de la abogada y sustituida por otro patrocinio, es decir, ha cambiado de abogado, el abogado saliente quiere explicar por qué motivo es que ha dejado el caso”, manifestó.

En mayo de 2021, se conoció que Julia Kefalinos, una jurista destacada en Miami especializada en la defensa a personas o empresas acusadas por delitos financieros, era la abogada de Arturo Murillo en Estados Unidos.

El Procurador explicó que Murillo tiene la probabilidad legal de disminuir su condena por los delitos por los cuales se le acusa, pero para acceder a esa modalidad de la justicia de EEUU, antes debe declararse culpable.

“La información que tenemos es que, de acuerdo a los procedimientos y las leyes de los Estados Unidos, el señor Murillo puede llegar a algún acuerdo procesal, a un acuerdo con la Fiscalía a objeto de rebajar su condena, dando información que permita acceder a un beneficio de este tipo, pero siempre con la premisa de que debe declararse primero culpable”, dijo.

Estas dificultades legales que atraviesa Murillo y la probabilidad de que acceda a la reducción de su condena pueden derivar en la postergación de su audiencia programada inicialmente para el 9 de julio. Sin embargo, ese diferimiento aún no fue confirmado, dijo el Procurador.

Consultado sobre el juicio civil para recuperar los dineros sustraídos por el clan de Murillo, Chávez informó que “estamos también nosotros trabajando en esta semana ya el proyecto de la demanda civil que también vamos a introducir en los Estados Unidos para que se recuperen los dineros a objeto del robo que ha existido en este millonario caso de engaño y sobornos de parte del señor Murillo”.

“Por un lado, vamos a recuperar los dineros, queremos eso y, por otro lado, queremos que se califique, de manera dura, el monto por cuál deben responder las personas que han ocasionado tremendo daño al país, le reitero, en una época de pandemia, esto deberá ser dimensionado en esos dos componentes en la acción civil que estamos introduciendo en los siguientes días”, sostuvo.

Murillo fue detenido en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y recibir soborno proveniente de la corrupción. El dinero le habría sido entregado a cambio de la contratación que hizo el gobierno de facto de la empresa Bravo Tactical Solutions por $us 5,6 millones para la provisión de gases lacrimógenos.

Tras la admisión de la proposición acusatoria por las muertes en las masacres de Sacaba y Senkata, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó este martes que se comunicó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para dar inicio a las investigaciones y citaciones de los involucrados en los hechos de 2019, entre ellos, la expresidenta de facto, Jeanine Áñez. Indicó que se prevé que las indagaciones duren 30 días.

“En el marco de la Ley Nº 044 (de  Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado) el informe de inicio investigación fue comunicado a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, para dar paso a la emisión de las citaciones respectivas y el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes, a cuya conclusión, si corresponde se remitirá el correspondiente requerimiento acusatorio a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la posterior autorización de juicio de responsabilidades”, indicó la autoridad.

La autoridad señaló que a la fecha, el Ministerio Público envió tres requerimientos acusatorios a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, por los delitos de conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes e Incumplimiento de deberes.

Estos requerimientos son de conocimiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su revisión y autorización para dar continuidad del trámite procesal y el respectivo juzgamiento ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

“Tenemos 30 días de acuerdo a ley para la acumulación de todos los elementos de investigación que vamos a iniciar inmediatamente con las citaciones y los requerimientos correspondientes”, aseguró Lanchipa.

Explicó que la proposición acusatoria sobre los hechos luctuosos registrados en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto y el municipio de Sacaba en Cochabamba tiene como base las actuaciones cumplidas por Añez en su condición de mandataria a denuncia de 20 personas.

Respecto a Jeanine Áñez, aseguró: “Vamos a remitir el requerimiento correspondiente para que preste su declaración en este caso”.

En Senkata y Sacaba, durante los conflictos sociales de noviembre 2019, más de una treintena de personas fallecieron por una intervención de policías y militares.

El director nacional del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, Tito Tornero, informó este martes que se espera que en 30 días se formule la proposición acusatoria por genocidio contra la expresidenta de facto, Jeanine Añez, tras la admisión por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Una vez que se ha presentado la proposición acusatoria, ésta ya ha sido admitida por el Fiscal General (Juan Lanchipa) con estos antecedentes, él va a acumular (pruebas) y en el plazo de 30 días formulará el requerimiento acusatorio”, explicó Tornero en entrevista con RTP.

De acuerdo con el Director, los familiares de las víctimas de Senkata lograron recabar bastante información y pruebas que sustentan la acusación contra Añez; sin embargo, ahora que la Fiscalía admitió la proposición se podrá recabar mayor información detallada.

El jurista explicó que la nueva acusación contra Añez se basa en la Ley N° 044 para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público.

“Nos estamos basando en lo que prevé la Ley Nº 044 que es precisamente para el juzgamiento de la presidenta, presidente, vicepresidente o vicepresidenta del Estado Plurinacional de Bolivia (…). Estamos basándonos en lo que prevé el artículo 12, específicamente relacionado al genocidio”, detalló Tornero.

Agregó que, una vez que se avancen las investigaciones y se inicie un nuevo proceso en contra de Añez, este será enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su revisión y posterior aprobación.

“La Asamblea Legislativa tiene que aprobar por lo menos por 2/3 de los miembros presentes, para que se autorice el juzgamiento y se remitan los antecedentes a la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, aclaró.

La Fiscalía General del Estado admitió la proposición acusatoria contra Añez por los delitos de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte en una denuncia interpuesta por los familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), donde más de una treintena de personas fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas conjuntas de seguridad de policías y militares en la gestión 2019.

El excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros, señaló al excomandante de las FFAA, Williams Kaliman por la sugerencia de renuncia del presidente Evo Morales y dijo que el entonces mandatario instruyó que los militares permanezcan en sus cuarteles en 2019 y se enmarquen en la Constitución Política del Estado.

Por su lado, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo en el canal PAT que Terceros andaba no solamente, en una conspiración, sino probablemente en un intento de magnicidio.

Terceros declaró el 3 de julio ante una comisión de fiscales que investiga los hechos ocurridos en 2019.

Según el testimonio del ex comandante de la FAB, en una reunión de análisis de coyuntura con el entonces presidente Evo Morales y otras autoridades, “el general Kaliman informó que las FFAA no contaban con munición no letal ni equipos antimotines, solamente con munición de guerra y que no podíamos salir a las calles a menos que él nos dé una orden a través de un Decreto Supremo, el entonces Presidente dijo que no daría ese Decreto y ordena al Comandante en jefe de las FFAA: ‘no salgan a las calles y se mantengan en sus cuarteles’”.

Esta instrucción de mantener a los militares en sus cuarteles es reiterada posteriormente por el entonces ministro de Defensa, Javier Zabaleta.

Sin embargo, según el testimonio de Terceros, varios oficiales superiores de las FFAA presionaron para que los militares salgan a las calles, inclusive el entonces Comandante de la Policía.

“En ese momento ingresan a la oficina del Comandante en Jefe varios generales a la cabeza del Gral. Grover Rojas, el Gral. Valverde, Gral. Sergio Orellana, Gral. Guerra y otros más, en ese momento el Gral. Grover Rojas increpó en tono bastante elevado al general Kaliman indicando que debía ordenar que las FFAA salgan a las calles a defender al pueblo, que se estaban enfrentando unos a otros, que rebasaron a la Policía, que por los medios sociales habían pedido al comandante de la Policía, había pedido que lo apoyen y que la senadora Jeanine Áñez, como presidenta de la Asamblea, pedía a Kaliman que salga a apoyar a la Policía y que apoye al pueblo (sic)”, declaró el excomandante de la FAB.

Tras esa presión, llegó la carta del Comandante de la Policía, Yuri Calderón y le pidió a Kaliman que “se reúnan en el Estado Mayor para que planifiquen como iban a ser las operaciones de apoyo”. Tras ello, el Comandante en Jefe “dispone la salida de las FFAA”, declaró Terceros.

Terceros indicó que la sugerencia de las FFAA para que renuncie Evo Morales “es una determinación unilateral de Kaliman” y que su presencia en la conferencia de prensa del Comandante en Jefe, solo fue un acompañamiento.  

En el acta de sus declaraciones elaborada por la comisión de fiscales, existe una relación de hechos donde se menciona el rol de Luis Fernando Camacho y de su padre, José Luis Camacho en el golpe de Estado de 2019. Ése acápite expresa que el entonces dirigente cívico se arrogó facultades usurpando funciones públicas.

Al respecto, consultado si brindaba información a actores políticos o cívicos sobre los vuelos efectuados en noviembre de 2019, Terceros respondió: “No tenía contacto, no conocía a nadie”.

Por su lado, el abogado Jorge Nina, quien representa a la exdiputada Lidia Patty, quien impulsa el proceso judicial por el golpe de Estado, indicó a Bolivia Tv que la participación del excívico Luis Fernando Camacho en el golpe de Estado de 2019 está confirmada. “Su conducta constituye delito, está inmersa en el Código Penal bajo las figuras de sedición, conspiración y por ende terrorismo”, manifestó.

Consultado si se comunicó con Jorge Tuto Quiroga el 10 o 12 de noviembre de 2019, el excomandante de la FAB respondió: “No recuerdo haberme comunicado con él”.

Al respecto, Teresa Morales, ministra de Desarrollo Productivo durante el gobierno de Evo Morales, reveló cómo Jorge Tuto Quiroga, sin ningún cargo público en 2019, instruyó que el avión donde se encontraban Morales, Álvaro García Linera y Gabriela Montaño despegue hacia Lima (Perú), esto en la negociación previa a la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta, informó el periódico La Razón.

En su declaración en la Fiscalía como testigo en el caso “golpe de Estado”, Morales, el sábado 13 de marzo, relató cómo quienes asistieron a la reunión en la Universidad Católica, “asintieron con la cabeza y le dijeron a Tuto: ‘sí, dale… metele… dejaremos despegar… y comenzaremos el diálogo con Adriana (Salvatierra)”.

“Tuto habla con el comandante de la Fuerza Aérea y le instruye que emita la autorización de despegue de la nave donde se encontraba Evo Morales, a lo cual el comandante consultó sobre si debe despegar sólo Evo Morales o también sus acompañantes que eran Álvaro García Linera y Gabriela Montaño, a lo que Tuto Quiroga le dijo: ‘no… no hay problema los tres están autorizados”, relató la exministra en su declaración, indica el periódico.

Sobre el papel del entonces Comandante de la FAB, Gonzalo Terceros, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo al canal televisivo PAT que el jefe militar se negó a que el Presidente use el avión presidencial el 9 de noviembre.

“Eso confirma que el señor Terceros andaba no solamente, en una conspiración, sino probablemente en un intento de magnicidio. Porque ya no estaba segura la vida de Evo Morales. Y evidentemente había una orden de aprehensión que luego la señala un coronel de policía en Yacuiba, que dice que había emanado del general Yuri Calderón. Por eso es que yo señalé que militares y policías dejaron de obedecer al mando civil, muchos días antes de haberse realizado la renuncia del presidente Evo Morales”, dijo Romero.