Al grito de “cárcel para Áñez”, los familiares de las víctimas de la masacre de Sacaba, Cochabamba, salieron a las calles para expresar su protesta contra los privilegios brindados a la expresidenta de facto y contra la estrategia política/mediática para liberarla pese a que enfrenta juicios por genocidio, sedición, terrorismo y conspiración en el grado de complicidad.

Varios de los movilizados, entrevistados en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, recordaron las vulneraciones a los Derechos Humanos que sufrieron durante el régimen de Áñez, según consta en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“El dolor nunca vamos a olvidar como en el gobierno de Áñez han baleado. Por eso queremos justicia”, indicó Zenón Clemente, uno de los sobrevivientes de la masacre de Sacaba, mientras mostró las cicatrices dejadas en su hombro por proyectiles lanzados por los uniformados en noviembre de 2019.

“Si o si tienen que entrar a la cárcel. Carlos Mesa dijo: ‘O voy a la presidencia o voy a la cárcel’, entonces como ha perdido, tiene que ir a la cárcel”, sostuvo.

Sobre las marchas de algunos sectores que piden liberar a Áñez, señaló: ¿Con que cara, con que moral quieren liberarla? Ya se ha bañado con la sangre de la gente. Eso nunca vamos a olvidar”.

Según el informe del GIEI, se “evalúa que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos en el operativo realizado en Sacaba el 15 de noviembre de 2019 (…) como resultado, hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. El EAAF concluye que las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad-fúsil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias”.

El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Juan José Donaire, informó este miércoles que la Policía Boliviana realizó la intervención de dos vehículos cerca de la frontera con Perú y descubrió que trasladaban a 27 ciudadanos haitianos indocumentados. Los conductores serán investigados por el delito de tráfico de migrantes. 

"Se ha intervenido dos motorizados y en su interior (estaban) 27 personas extranjeras, de nacionalidad haitiana, cuyos motorizados estaban al mando de connacionales y obviamente por esa característica, de hecho (…), los con choferes fueron remitidos al Ministerio Público atribuyéndoles la probable comisión del delito de tráfico de migrantes”, expresó Donaire en contacto con la red ATB.

Aseveró que se investigará a los dos conductores y sus antecedentes. Asimismo, señaló que se debe humanizar a la población, porque muchas personas inescrupulosas se aprovechan de la situación de los migrantes haitianos y les cobran exageradamente por el traslado.

“Personas inescrupulosas se estarían aprovechando de esta circunstancia porque estas personas se trasladan con familias y menores (…) por pretender llegar hasta Colombia y están utilizando como tránsito nuestro país y obviamente esa característica de ilicitud que tienen en el tema migratorio hace que estos ciudadanos aprovechen para cobrar sumas exageradas y darle un ámbito de clandestinidad", indicó el uniformado.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este miércoles que la Policía investigará el contenido de los celulares que fueron decomisados en las celdas del miembro de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina. En las próximas horas se conocerá el contenido de la información y se determinará con qué personas se contactaba.

“Hemos recibido la información de un operativo que se realizó esta mañana en el penal de San Roque, donde se encontró celulares en las celdas donde está cumpliendo detención preventiva el señor Yassir Molina. En las próximas horas el fiscal departamental de Chuquisaca brindará datos sobre el contenido de la información de los celulares encontrados en la celda de Molina. Preliminarmente, se tiene el informe de que se trata de tres celulares, y de acuerdo a normativa el uso de celulares está prohibido”, indicó Lanchipa.

El Fiscal agregó que se espera el informe de la Policía y también se realiza la recolección de información de las personas que tuvieron en contacto con Molina y quiénes podrían haber ingresado los celulares.

En el mismo tema, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, señaló que se deben seguir los procedimientos conforme a la ley, según un boletín institucional.

“En estos casos se tiene que seguir procedimientos y una vez secuestrados los celulares tiene que ser puesto a conocimiento de los fiscales, y estos al juez para la apertura de los mismos mediante informática y conocer por qué estaban operando con los celulares y que la comisión pueda determinar su situación”, dijo Nava.

De acuerdo a la Ley Nº 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, en su artículo 74 señala que está prohibido el ingreso de armas de todo tipo, bebidas alcohólicas, sustancias controladas y demás objetos restringidos por el reglamento interno. En este último se incluye los celulares.

Los privados de libertad del Centro de Rehabilitación de Palmasola de Santa Cruz, mediante una “carta abierta al público”, advirtieron que el apoyo de la activista Amparo Carvajal a la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, se debe a intereses personales, porque nunca se manifestó en favor de este sector cuando fueron afectados por la pandemia.

“Nos llama la atención la manera de defender de la señora María Amparo Carvajal, actual representante y presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), en este recinto penitenciario de Santa Cruz a consecuencia del COVID-19 murieron 18 compañeros (…), sin embargo, la representante de los derechos humanos nunca se pronunció en nuestro favor, eso nos hace pensar que hay intereses personales y los privilegios que se le da a la interna (Jeanine Áñez), no debería tener ningún privilegio porque todas las personas privadas de libertad debemos tener un trato igualitario”, se lee en un pronunciamiento de los reclusos de Palmasola.

Los privados de libertad de Santa Cruz emitieron un voto resolutivo en apoyo a las mujeres de la cárcel de Miraflores que protestaron por el trato “preferencial” que recibe la exmandataria. A su vez, recriminaron el apoyo de la activista Amparo Carvajal que pide que Áñez pueda defenderse en libertad.

Señalaron que están en contra de los “privilegios” que tiene Áñez en Miraflores, porque existen internos que están en “peores condiciones de salud” que la exmandataria y no reciben ningún trato preferencial.

“No estamos de acuerdo porque no existen internos/as de primera y segunda categoría, todos somos iguales”, demandaron.