(Foto: VRIP)

El viceministerio de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, cuestionó este jueves a la Fiscalía por no emitir una citación para que el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, declare por el caso golpe de Estado, siendo que sería identificado como uno de los principales protagonistas de los hechos violentos de octubre y noviembre de 2019.

“¿Cómo es posible que el Ministerio Público no genere una estrategia adecuada?, ¿Cómo es posible que no tenga una comisión especializada que esté llevando adelante esto y que tenga mejores avances? (…) ¿Por qué no le citan? ¿Qué están esperando? Es importante e imperativo que cumplan este accionar”, aseveró Cox en contacto con Red Patria Nueva.

Cox reprochó que el Ministerio Público no haya iniciado en su momento un proceso de oficio por “sedición” contra las personas que impulsaron el golpe de Estado en 2019. Asimismo, recriminó que no se dé celeridad al proceso denunciado por la exdiputada Lidia Patty.

“Por eso estamos exhortando, hay una clara diferencia, no hay muchos casos, no hay mucha conjetura. Es el único caso de golpe de Estado en el que tienen que establecerse niveles de participación. ¿Cómo han logrado persuadir a las Fuerzas Armadas y la Policía?”, indicó.

El viceministro exigió a la Fiscalía que haga su trabajo y aceleré la investigación para conocer cómo y quiénes financiaron el golpe de Estado.

Por lo que solicitó que se emita una citación de manera inmediata a los actores plenamente identificados como el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, y otros, para conocer la verdad de lo que sucedió en noviembre de 2019.

“¿Qué están pretextando? para tener semejante demora en hacer una citación a una persona que está por demás identificada, que ha sido por demás promovida en muchos medios de comunicación como que ‘ha salvado Bolivia’ (…). Nos preocupa mucho y por eso nosotros vamos a continuar exigiendo que el Ministerio Público cumpla su rol y no demore más”, argumentó.

En 2019, Luis Fernando Camacho era el presidente del Comité Pro Santa Cruz y fue uno de los precursores del paro de 21 días en la ciudad cruceña. Además, señaló que su padre había “cerrado” con los militares y los policías para que no salgan en contra de los movimientos que realizaría cuando exigía la renuncia de Evo Morales durante los conflictos de noviembre.

El diputado del MAS, Héctor Arce, denunció este jueves que después de cuestionar el patrimonio de Manfred Reyes (hijo), fue acosado, intimidado y amenazado de muerte a través de mensajes enviados por Whattsap, informó Bolivia Tv.

El legislador explicó que los primeros mensajes que le llegaron son de Carlos Mendoza García con una imagen de un arma. Otro mensaje, que proviene del nombre Eduardo Castillo, indica: “hoy tienes que ir por la calle con cuidado, hoy sentenciaste tu muerte, perro masista” y, un último mensaje, señala: “atente a las consecuencia por lo que te pase”.

Arce afirmó que las amenazas que recibe no acallarán sus derechos a opinar y a expresar libremente sus puntos de vista.

Anticipó que presentará una denuncia ante el Ministerio Público para que se pueda dar con el paradero de las personas que emiten esas amenazas de muerte.

El miércoles, Arce anunció la presentación de una denuncia ante la Unidad de Investigaciones Financieras sobre el patrimonio de Manfred Reyes.

En febrero de este año, el diputado solicitó la inhabilitación del entonces candidato Manfred Reyes Villa por tener cuentas pendientes con la justicia ya que tiene un pliego de cargo ejecutoriado por la compra de vehículos cuando era prefecto de Cochabamba.

(Captura RKC )

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Gonzalo Velasco, informó este jueves que se suscitó la muerte de dos personas, un hombre y una mujer quienes trasladaban cocaína dentro de sus cuerpos. Según el examen forense la muerte se produjo por intoxicación aguda.

“La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico se ha constituido a la morgue del IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) a objeto de verificar sustancias controladas, en principio en un cuerpo de una persona de sexo masculino quien no ha sido identificado, se ha encontrado 46 cápsulas. Posteriormente, también en el examen legal a otro cuerpo, de sexo femenino, se ha encontrado cinco envoltorios, tipo látex”, explicó a los medios de comunicación.

Según el reporte de la FELCN, personal policial realizó el levantamiento legal del cadáver masculino el pasado miércoles, en la avenida Barrientos, el cuerpo estaba boca abajo y aún se desconoce la identidad del joven de aproximadamente 25 años. En el examen forense se logró recuperar 46 cápsulas que contenían 555 gramos de cocaína sólida.

Asimismo, se realizó el levantamiento del cuerpo de una mujer en una vivienda, ubicada en la avenida Petrolera, quien habría ingerido cinco envoltorios de látex (condones) que contenía 223 gramos de cocaína líquida.

Velasco informó que en ambos casos el examen forense determinó que la muerte fue por “intoxicación aguda por estupefacientes”; sin embargo, aclaró que ambos casos están en investigación y se puso en conocimiento del Ministerio Público.

(Foto: FGE)

El director de Gestión Fiscal Supervisión y Evaluación de la Fiscalía General del Estado, Roberto Almendras, informó este jueves que con la implementación del Sistema Informático “Justicia Libre” se desarrolló 34 módulos para facilitar el seguimiento de los casos, además de brindar un servicio de manera ágil y transparente para la atención de los procesos penales.

“Nuestro sistema (…) busca dar repuestas más rápidas, inteligentes y prácticas para solucionar los conflictos penales,  (porque) genera información en tiempo real y permite en todo momento el acceso de las partes a nuestro cuaderno electrónico, así como también una comunicación más práctica entre los actores del proceso penal, quienes pueden acceder en cualquier momento”, explicó Almendras.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, este sistema fue implementado el 4 de noviembre a nivel nacional y a 15 meses ya se cuenta con 34 módulos que fueron desarrollados en el marco de la Ley Nº 1173 de Abreviación Procesal Penal y para prestar un mejor servicio ante la pandemia mundial por el COVID-19.

“Se diseñó un nuevo modelo de gestión fiscal, en el cual se vislumbraba contar con un sistema informático moderno, capaz de dar respuesta a los retos, desafíos y exigencias que se tenían previstas en el diseño, así como también requerimientos previstos en la Ley Nº1173, que nos habla de Interoperabilidad, Formulario Único de Denuncias, Medidas de Protección y Expediente Digital, bajo los principios de transparencia y celeridad que se encuentran contemplados en la Ley Orgánica del Ministerio Público visualizando y poniendo en nuestro horizonte en un corto plazo a lo que fue denominado como el Sistema Justicia Libre”, sostuvo.

Se pretende que este sistema efectivizará la modernización de la gestión penal mediante la implantación de indicadores de desempeño y estadísticas que reflejen la coyuntura de carga procesal y de criminalidad, haciendo uso de herramientas tecnológicas actuales y “convirtiéndose en un sistema de Gobierno electrónico”.

Almendras resaltó que “Justicia Libre” es una herramienta diseñada para el control, seguimiento, monitoreo y evaluación de todos los actos procesales, mediante el registro electrónico de toda documentación, datos e información, en el marco de un proceso penal, que actualmente es gestionado en las nueve fiscalías departamentales del país y 114 asientos donde se cuenta con presencia Fiscal, según un boletín institucional.

“A la fecha, la base de datos contiene información de 1.649.733 casos penales que datan desde la gestión 2001 y se tiene 12.026.690 actividades procesales, con este resultado contamos con el manejo de la mayor base de datos de procesos penales en el sector justicia”, sostuvo.

El sistema “Justicia Libre” permite que los servidores del Ministerio Público accedan a los módulos de registro de la audiencia, antecedentes, agendamiento, notificaciones, traspaso masivo, solicitud de archivo, gestión de archivo, gestión de funcionarios, estadísticas para fiscales, macroestadísticas y criminalidad, con el propósito de dar celeridad a los procesos penales, a través de la interoperabilidad con otras instituciones.