Javier Reyes, el camarógrafo de Bolivia Tv agredido este viernes durante los actos cívicos por la efeméride de Santa Cruz, presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), por agresiones y atentado contra la libertad del trabajo.

“Nos acercamos hasta las instalaciones de la FELCC para realizar la denuncia correspondiente y que la justicia actúe, no podemos dejar este caso así, impune; ahora fui yo, cualquier otro día puede ser otro colega, y hay que sentar un precedente para que todo esto pare”, declaró Reyes, quien fue insultado, agredido físicamente y además sufrió daños en sus herramientas de trabajo.

Durante la mañana de este viernes, en la ciudad de Santa Cruz se realizó una serie de actos de racismo y discriminación, además de actos violentos por parte de seguidores del gobernador Luis Fernando Camacho y del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz.

“Me insultaron, llegaron hasta el extremo de agredirme, fregaron mi equipo, mi herramienta de trabajo con la cual yo me estaba desempeñando. No nos dejan hacer nuestro trabajo, nos insultan, nos agreden, grupos de personas gritándonos de un lado, del otro lado, y por eso nos acercamos, para que la justicie actúe y que dé con las personas que nos hicieron este daño y fregaron mi herramienta de trabajo”, agregó Reyes.

En el acto, el Presidente del Comité Cívico quien, según imágenes difundidas, se dio la vuelta cuando asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) se acercaron a saludar a las autoridades durante el acto protocolar de celebración de la efeméride departamental; también roció alcohol en el ambiente, como un ademan de desinfección del lugar.

Además, las autoridades cruceñas no respetaron el protocolo ni la investidura del presidente en ejercicio del Estado, David Choquehuanca, quien debía izar la bandera nacional y fue desplazado por el gobernador departamental, por lo que el mandatario izó la whipala que posteriormente fue retirada con actos de violencia por parte de grupos represivos.

La afrenta a la whipala también se dio en relación a la ofrenda floral del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), cuyos integrantes fueron agredidos y se destruyó ese símbolo en el arreglo que pretendían entregar.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este viernes que el ataque y la quema de un módulo y cinco vehículos policiales, perpetrada por cocaleros de Yungas del bando del dirigente Armin Lluta, en la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz, dejó como saldo un daño económico preliminar de $us 40.000, dos arrestados y un aprehendido.

“Se están cuantificando los daños que preliminarmente, en la quema de los vehículos, ascendería a más de $us 40.000 y en base a esa información vamos a tomar las medidas correspondientes para que los responsables asuman las consecuencias de sus actos”, manifestó en una conferencia de prensa.

La agresión contra los bienes policiales se registró en medio de movilizaciones e intentos de toma del edificio de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) que se registran hace dos días, que son promovidos por seguidores de Lluta que rechazan la gestión del recientemente elegido presidente de esa entidad social, Arnold Alanes.

La autoridad estatal explicó que entre los motorizados destruidas están cuatro de marca Caldina y una vagoneta, que eran usados para brindar servicios de seguridad ciudadana a los vecinos de la zona de Villa Fátima.

Asimismo, Ríos mencionó que los arrestados por el caso son Erasmo Pary y Roger Moya, mientras que el aprehendido fue identificado como Eleuterio Huanca, y anunció que serán sometidos a una pesquisa para establecer sus responsabilidades y puestos a disposición de las autoridades judiciales.

“Estamos a la espera del señalamiento para la audiencia cautelar y sea la justicia que determine qué es lo que va a proceder con estas personas”, añadió.

También detalló que la investigación del caso permitió, hasta el momento, secuestrar dinamita, explosivos con mecha lenta y detonador, además de varias resorteras de madera.

“En una chamarra ploma se ha encontrado una cantidad importante de dinamitas”, agregó.

La autoridad gubernamental manifestó, por otro lado, que el Ministerio de Gobierno está abierto al diálogo con los sectores movilizados.

“Sin embargo, es importante aclarar que para dialogar también tienen que ser reconocidos orgánicamente y es por eso de que Adepcoca ya ha tomado una determinación y ellos han elegido su directiva y han seguido con el procedimiento que establecen sus normas internas”, acotó.

El Viceministro de Seguridad Ciudadana señaló que la investigación sobre el caso del ataque al módulo policial de la zona de Villa Fátima continuará con la revisión de cámaras de videovigilancia y otros elementos para identificar a los responsables.

(Foto:OEP )

El Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Tarija, dependiente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), informó este viernes que realizó una campaña en las comunidades indígenas de Tarija que se beneficiaron con la entrega de 50 certificados de nacimiento gratuitos.

“Se desplegaron brigadas a las localidades de Yuati, Chorequepiau, Yukimbia y Tentapiau, entre el 20 y 23 de septiembre para brindar seis servicios prioritarios a favor de esas poblaciones indígenas, que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, indica un boletín.

Según el reporte institucional, durante ese periodo se otorgaron 50 certificados de nacimiento gratuitos, además que se brindó información sobre las actividades que realiza el Sereci.

A su vez, se realizó el saneamiento de partidas observadas de nacimiento para otorgar certificados duplicados gratuitos. Las brigadas inscribieron a niños y niñas de 0 a 12 años; se hizo esa misma labor con mayores de 12 años, mediante trámites administrativos y así entregar certificados gratuitos.

Otro de los servicios fue el registro en el padrón electoral de personas mayores de 18 años; también se hizo el registro de reconocimiento y de defunciones.

El Órgano Electoral Plurinacional, a través del Serecí, desarrolla ese tipo de campañas en regiones indígenas y comunidades alejadas de la capital, con el objetivo de declarar a esas regiones "libres de indocumentados", en el marco de una política de servicio accesible, oportuno y efectivo.

(Foto: ABI)

El ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima Magne, denunció este viernes que la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz aprobó una ley departamental que vulnera la Constitución Política de Estado (CPE), normas vigentes y se atribuye las competencias de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), iniciando así un proceso separatista.

“La Asamblea Departamental de Santa Cruz ha sancionado una ley departamental, el 17 de septiembre, y entendemos que es la causante de todos estos actos de provocación, de racismo y de afrenta a los símbolos nacionales (…). Esta es una grave afrenta a la unidad del país, constituye indicio del delito de separatismo”, reprochó la autoridad en conferencia de prensa.

Según explicó Lima, el artículo 16 de la nueva “ley departamental” señala que la Asamblea Departamental tiene las atribuciones de elaborar “ternas” para la elección del Fiscal Departamental, representante de la Defensoría del Pueblo, representante de la Contraloría General del Estado, representante departamental de la Procuraduría General del Estado, vocales del Tribunal Departamental Electoral, vocales del Tribunal Departamental de Justicia y un director de la oficina anticorrupción. 

Lima explicó que la actitud de las autoridades departamentales se constituye en una vulneración a las leyes vigentes, a la Constitución Política del Estado y a normas de orden público. Recordó que la Asamblea Legislativa Plurinacional es la única que tiene esas competencias, por lo que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, presentó una “Acción de conflicto positivo de competencia” ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Se ha solicitado una medida cautelar que suspenda la ley y evite la promulgación de Luis Fernando Camacho (gobernador de Santa Cruz), porque nos parece que este es un acto de separatismo y es una afrenta a la Constitución y a la unidad nacional”, afirmó la autoridad.

Advirtió que el delito de separatismo no será tolerado, y en caso de consolidarse, el Gobierno asumirá acciones penales.

“Esta muestra de la Asamblea Departamental de Santa Cruz y del gobernador Camacho, de iniciar un proceso separatista, tampoco va a ser tolerado. De concretarse esta acción, también iniciaremos las acciones penales correspondientes”, sentenció.

La ley fue sancionada el 17 de septiembre y el Gobierno considera que es la causante de los actos de agravio en contra de la wiphala como símbolo patrio y los actos de racismo y discriminación que se suscitaron esta jornada en la ciudad de Santa Cruz durante los actos protocolares por su aniversario.