(Foto: Radio Fides)

El gobernador de Oruro, Jhonny Vedia, informó este lunes que asumieron acciones legales para sancionar a quienes atentaron contra la reactivación turística con la quema de domos del Hotel Kachi Loddge, ubicados en el salar de Thunupa, del Gobierno Indígena Originario de Salinas en ese departamento andino de Bolivia.

“La dirección de límites asumió las acciones correspondientes a través del Ministerio Público para que se pueda sancionar a los autores intelectuales y materiales de estos daños que se realizaron en este sector”, dijo en conferencia de prensa junto a la Coordinadora Departamental en Defensa del Territorio Orureño.

La autoridad lamentó que el pasado viernes se suscitaran “hechos vandálicos”, al referirse a la quema de tres domos del complejo turístico en el salar Thunupa, por pobladores potosinos que se trasladaron al lugar de forma masiva.

Explicó que el Gobierno Indígena Originario de Salinas invitó para el viernes pasado a la reinauguración del circuito turístico de esa región, porque posee el volcán de Thunupa, cráteres, aguas gaseosas, chulpares y el salar de Thunupa para reactivar la actividad turística, ya que esa región vive del turismo.

Agregó que ahí surgió susceptibilidad desde la Gobernación de Potosí, pero días previos se realizó una reunión en La Paz donde se acordó tres puntos y no llegar a enfrentamientos.

“Nosotros siempre hemos ido por la cultura de la paz”, apuntó Vedia.

Agregó que esos temas deben ser debatidos en el marco a las normativas y “no con daño a la propiedad privada, pública y a las personas”.

Vedia apuntó que Salinas se fundó en 1560 y en 1880 recién Uyuni; además, argumentó, que los recursos naturales fiscales son de propiedad de cada uno de los bolivianos y no de una provincia o municipio en particular.

Así también dijo que la Constitución Política del Estado (CPE) señala el derecho preferente que tienen los Gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos y el fomento al turismo en el país.

Finalmente, Vedia indicó que para el jueves próximo se invitó al Viceministerio de Autonomías para que informe sobre el conflicto de límites en ese sector y para que la Gobernación también realice su presentación.

El dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Pando, Ernesto Cornejo, solicitó a la Justicia boliviana investigar a Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz, como principal organizador del golpe de Estado de noviembre de 2019.

“(…) para poder castigar este hecho tan nefasto como fue el golpe de Estado de 2019, todos sabemos que el principal organizador fue el señor Camacho (Luis Fernando Camacho) y como tal la justicia tiene debe proceder de acuerdo a Ley”, explicó Cornejo en contacto con red Patria Nueva.

El dirigente del MAS en Pando enfatizó en la necesidad de extender las investigaciones a otros involucrados de los actos de violencia que se registraron en diferentes departamentos del país.

“Nosotros como ciudadanos debemos apoyar para que se llegue a la verdad histórica (…) que se haga justicia, que se meta presos a estos delincuentes que han propiciado estos actos sediciosos” 

Cornejo rememoró los días previos al golpe de Estado, cuando la gente convocada por los líderes de oposición con la consigna de un supuesto fraude iniciaba sus movilizaciones, y desencadenó en la quema del Tribunal Departamental Electoral de Pando y otros daños a inmuebles particulares.

“También en el departamento de Pando hemos sufrido porque hubo quema del Tribunal por orden de estos señores, también hay involucrados que asaltaron como una veintena de casas de campaña y domicilios de nuestros dirigentes. Hubo daños de inmuebles (…) las investigaciones deben extenderse”, enfatizó el dirigente social.

A finales de diciembre de 2019 se hizo viral en las redes sociales un video donde el líder cruceño, ahora gobernador Luis Fernando Camacho revelaba que su padre, José Luis Camacho, conversó con la Policía y los militares para que desobedezcan órdenes.

“Fue mi padre, quien cerró con los militares, para que no salgan; por esa razón, la persona que fue a hablar con ellos y a coordinar todo fue Fernando López, actual Ministro de Defensa. Por eso él está de ministro, para cumplirle los compromisos (…). Cuando pudimos consolidar que ambos (policías y militares) no iban a salir fue que dimos las 48 horas. Porque sabíamos que Santa Cruz podía trasladarse a La Paz”, aseguró entonces Luis Fernando Camacho, según el video difundido en redes sociales.

La Defensoría del Pueblo y Save The Children International suscribieron este lunes un convenio de cooperación interinstitucional para unir esfuerzos en la lucha contra la prevención de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes (NNA), con énfasis en la prevención de la violencia sexual hacia esta población y el embarazo en la adolescencia.

“Creemos que las dos líneas de trabajo que se han definido de forma prioritarias para Save The Children y la Defensoría del Pueblo, principalmente el de violencia sexual o prensión de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, así como de embarazo adolescente, resulta en este contexto de pandemia ha llegado a agravarse más”; señaló la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Anunció que la institución defensorial, actualmente, genera alianzas con gobiernos municipales que permitirán la implementación del plan de trabajo acordado con Save The Children.

Por su parte, la directora de Save The Children, Marianela Montes de Oca, indicó que el convenio se enmarca en temas de violencia sexual y embarazo en adolescentes.

“La violencia sexual ejercida en niños y adolescentes es un problema oculto con consecuencias visiblemente devastadoras, principalmente para las adolescentes mujeres y niñas, que a pesar de su gravedad y recurrencia son todavía considerados un tema tabú, generando grandes obstáculos que impiden su abordaje, que impiden su actuación oportuna, dictaminados por ley”, aseveró.

Agregó que esta problemática radica en la naturalización de la violencia general, situación que refleja que la sociedad ha perdido de vista a los niños y niñas como sujetos de derecho.

Planteó la importancia de trabajar en el empoderamiento de esta población para que sea la protagonista directa para incidir en que las autoridades locales incorporen en sus planificaciones una perspectiva de niñez.

Según la Defensoría del Pueblo, el 2019, de acuerdo al Ministerio Público, se suscitaron 923 casos de violación de niñas, niños y adolescentes; en 2020, esta cifra ascendió a 1.714 casos. 

La situación es similar en los casos de abuso sexual que de 773 correspondientes a 2019, aumentaron a 1.687 en 2020. En el caso de embarazo en adolescentes, el 2019 se suscitaron 49.044 embarazos en niñas y mujeres entre los 10 a 19 años, de los cuales 2.631 fueron en niñas y adolescentes de 10 a 15 años; en 2020, se registró 39.516 embarazos en niñas y mujeres de 10 a 19 años, añade el reporte.

El presidente Luis Arce negó este lunes que la campaña nacional de vacunación masiva y gratuita contra el COVID-19 esté en riesgo y pidió a los gobiernos subnacionales acelerar la aplicación de dosis en la población.

El mandatario hizo la exhortación luego de que representantes de sectores críticos al Gobierno difundan especulaciones sobre un supuesto riesgo en la inmunización nacional ante la demora de segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

“La Sputnik representa solo el 25 por ciento del stock de vacunas que llegó a nuestro país, el 75 por ciento es de otras vacunas y, por lo tanto, están garantizadas y no pueden estar diciendo ahí que está en riesgo la vacunación, nuestro proceso de vacunación avanza y exhortamos a todos los municipios y gobernaciones a concluir con todas esas vacunas”, aseguró el jefe de Estado.

Garantizó la llegada de los inmunizantes para completar el cuadro de vacunación debido a que los acuerdos con Rusia establecen prioridad para el Estado Plurinacional de Bolivia.

Bolivia comenzó el 29 de enero de 2021 la campaña de inmunización masiva, un día después de recibir el primer lote de 20.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

Desde entonces, las tareas de vacunación gratuita no se interrumpieron. Además, el Estado adquirió los inmunizantes Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca, a los que se suman los Janssen que llegaron mediante el mecanismo COVAX.

El miércoles 31 de junio, el presidente Arce dio a conocer la adquisición de más de 8 millones de vacunas entre julio y agosto de este año.