El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y la Dirección Plurinacional de la Juventud, impulsaron el jueves la primera sesión ordinaria del Consejo Plurinacional de la Juventud de la presente gestión, en la que delegadas y delegados juveniles acreditados por diversas organizaciones del país, eligieron a su nueva directiva que ejercerá un mandato por el lapso de dos años.

Durante toda la jornada, los delegados acreditados por las distintas entidades y organizaciones de representación juvenil deliberaron, eligieron por voto secreto y posesionaron a su nueva directiva, según señala un boletín institucional.

De esa manera, Jhosep Cristhian Fonseca Loayza de la Confederación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia fue elegido Presidente del Consejo Plurinacional de la Juventud; Jackeline Jhoana Mamani Choque de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Vicepresidenta; y Jorge Miguel Chipana Chambi de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, fue elegido como Secretario General.

El Presídium recayó en Kevin Vásquez Cáceres de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes, Minoristas, Vivanderos y Trabajadores por Cuenta Propia; Lizbeth Ximena Machaca Condori de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia; y Yolanda Baltazar Guzmán de la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia.

El Consejo Plurinacional de la Juventud es la máxima instancia de participación, deliberación y representación plurinacional de los jóvenes; su rol es proponer y evaluar las políticas, programas y proyectos que impulsa el Comité Interministerial de Políticas Públicas de la Juventud.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, durante el Día Internacional de la Juventud que se recordó el 12 de agosto, calificó a los jóvenes como un “sector valiente” que ofrendó su vida en la recuperación de la democracia tras el golpe de Estado ejecutado en noviembre de 2019 y destacó el ejemplo que los jóvenes dieron en relación al cuidado de la vida y la salud.

“El país reconoce el aporte de los jóvenes que sacrificaron la vida para recuperar la democracia y dieron ejemplo para cuidar la vida con su asistencia a la vacunación masiva”, remarcó el titular de Justicia.

La autoridad de Estado adelantó que una vez conformada la directiva y establecida la agenda pública en beneficio de los jóvenes del país, el próximo 21 de septiembre se prevé realizar un encuentro nacional, con la presencia del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

Carla Achá, psicóloga del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), que atiende a las personas detenidas y torturadas durante el régimen de Jeanine Áñez, señaló este viernes que, a casi dos años de los hechos violentos suscitados en Bolivia, las víctimas continúan con secuelas irreparables.  

“Estamos hablando de casi dos años que han pasado y todavía muchos de ellos continúan con dolores que no se pueden explicar, pese a que se hacen análisis y pruebas, estos dolores existen, aunque se haya sanado el tejido o se haya curado esas heridas, pero los dolores siguen”, mencionó.

A la fecha, el ITEI atiende a 92 casos de personas que sufrieron torturas en celdas judiciales y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), además de aquellas que fueron heridas en Sacaba, Senkata y Ovejuyo, quienes quedaron con secuelas médicas y psicológicas.

“Las secuelas son bastante grandes en las personas que han sido víctimas de tortura. Nosotros, en el momento inicial, hemos encontrado lesiones muy duras, han sido personas que han sido sometidas a estar en posiciones sumamente incómodas por varias horas, o han sido golpeadas por horas de manera sistemática durante las detenciones”, relató.

“Las secuelas que pueden dejar este tipo de torturas pueden durar años y no recuperarse, eso a nivel físico. Las secuelas psicológicas son mayores todavía, porque las personas son afectadas en su confianza hacia la vida, la seguridad que tenían se ve afectada por las torturas sufridas”, complementó.

Señaló que el informe del ITEI, sobre los casos de tortura masiva suscitados entre el 11 y 19 de noviembre de 2019, durante el golpe de Estado, fue presentado en la audiencia de la Corte Interamericana en Honduras y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

Expresó la necesidad de que las víctimas y sus familiares cuenten con una reparación integral, que no solo tiene que ver con una indemnización económica.

“La reparación implica, significa una restitución, ¿qué quiere decir?, que se tiene que garantizar que estas personas puedan volver a la situación que tenían antes de los hechos vividos, es algo difícil, pero eso es lo que corresponde”, apuntó.

El Reporte N° 515 del Ministerio de Salud y Deportes señala que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 717 casos este jueves; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 960. Los decesos llegaron a 24 y los casos descartados a 7.243 durante esta jornada.

Santa Cruz y La Paz son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 242 y 179 casos, respectivamente. Cochabamba registró 117 casos; Chuquisaca 61; Tarija 53; Potosí 35; Oruro 15; Beni 12; y Pando 3.

El reporte añade que hay 43.273 casos activos y 1.687.543 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 480.946 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 419.540 se recuperaron y hubo 18.133 decesos.

El año pasado el régimen de facto (de Jeanine Áñez) clausuró el año escolar y a los estudiantes les hizo un daño “tremendo” con la promoción automática al grado inmediato superior, es decir, fomentó el principio del mínimo esfuerzo, la dejadez de algo que es fundamental, la educación, cuestionó el ministro de Educación, Adrián Quelca, sobre los efectos de las medidas aplicadas por el anterior gobierno en el área educativa.

Las declaraciones de la autoridad fueron hechas durante una entrevista con el programa “Hablemos de educación técnica tecnológica”, que se transmite por radio Continental, según un boletín de prensa.

Quelca explicó que por esa razón una de las principales tareas fijadas por el Gobierno de Luis Arce Catacora fue recuperar el derecho del acceso a la educación para todos los estudiantes bolivianos.

Aseguró que una de las premisas de gestión que se fijó fue promover la lectura de comprensión, por ello incidió en el lanzamiento y desarrollo de la campaña “Bolivia Lee”, para fomentar la comprensión lectora.

“Muchos ya no leemos algún libro, nos vamos a la fuente primaria y nos dejamos llevar por los (mensajes de) WhatsApp (ámbito donde) no se respetan los elementos básicos de la ortografía, la sintaxis, entre otros aspectos gramaticales”, precisó.

La autoridad remarcó la importancia que le dio el presidente Arce a la promoción de la lectura y por ello “no vaciló ni un momento en (apoyar) la impresión de textos de aprendizaje” para los estudiantes bolivianos.

“Esos textos les llegan de manera gratuita, (los estudiantes) no pagan ni un centavo y tienen los contenidos dosificados, niños, adolescentes y jóvenes tienen en este momento los textos de aprendizaje y los maestros tienen esa herramienta de trabajo (…), por eso no existe ahora ningún argumento para que algún estudiante quede al margen de la educación. Los docentes y estudiantes tienen los recursos para pasar clases”, aseguró.