El dirigente gremial de la feria de Barrio Lindo de Santa Cruz, René Troncoso, adelantó este miércoles que más del 80% de su sector en Santa Cruz no acatará el paro convocado por algunos cívicos y políticos de oposición.

“En Santa Cruz, el sector gremial, más del 80 por ciento no va a acatar ese paro del 8 de noviembre, lastimosamente sabemos bien que este señor, Francisco Figueroa, aquí en Santa Cruz está tocando las puertas de algunos sectores, también del Comité Cívico, se ha reunido con el señor (Rómulo) Calvo y con todos los sectores afiliados al comité”, señaló en contacto con Bolivia Tv.

Dijo que los verdaderos gremialistas viven al día con sus ventas y un día de paro significa para ellos no llevar el pan a sus casas y no contar con recursos para pagar sus préstamos a los bancos.

“La familia gremial no va a acatar ese paro, porque sabemos también que no tenemos tiempo para estar parando, vivimos del día a día, porque si no trabajamos con qué vamos a pagar las cuentas de los bancos, con qué vamos a llevar el pan de cada día a nuestros hijos, los gremialistas no vamos a parar aquí, en Santa Cruz, el 80 por ciento no va a parar, será una minoría que va a parar”, mencionó.

Señaló que detrás de la convocatoria a paro, se encuentran sectores políticos y empresariales que se dedican a actividades ilícitas.

“El paro afecta a todos los sectores, tanto empresarios, gremiales, transportistas, para un solo día estamos perdiendo millones de bolivianos, parece que los que van a parar van a defender a esas personas que hacen cosas ilícitas, a esos malos empresarios, malos políticos, los gremialistas no vamos a parar, no tenemos por qué defender a esos que hacen cosas ilícitas”, subrayó.

Ante la falsa representatividad que asumen algunos exdirigentes del sector, informó sobre la conformación de una asociación de gremiales independientes.

“Aquí, en Santa Cruz, se está fortaleciendo una asociación de gremiales y asociaciones independientes que no coordinan con esas personas que piensan y hacen lo que ellos quieren, estamos hablando de más de 110.000 familias gremiales que le decimos no a este paro”, ratificó.

El Reporte N° 597 del Ministerio de Salud y Deportes señala que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 387 casos este martes; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad ascendieron a 533. Los decesos llegaron a seis y los casos descartados a 3.182 durante esta jornada.

Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 234 y 62 casos, respectivamente. La Paz reportó 47 nuevos contagios; Chuquisaca, 16; Tarija, seis; Oruro, 13; Potosí, siete; Beni, uno; y Pando, uno.

El reporte añade que hay 18.758 casos activos y un acumulado de 2.104.778 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 514.679 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 476.985 se recuperaron y hubo 18.936 decesos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este martes al Estado Plurinacional de Bolivia a proteger a las niñas y adolescentes de la violencia sexual y el embarazo forzado, así como garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, tomando en cuenta la situación particular de vulnerabilidad que enfrentan por razones de género y edad en aplicación del marco normativo nacional e internacional.

En un documento oficial, la CIDH recuerda que la violencia sexual contra niñas y adolescentes constituye no solo un tipo particular de agresión basado en género, sino una forma de discriminación que impide el goce de otros derechos humanos que puede afectar por completo su proyecto de vida. 

“La Comisión observa que el embarazo de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pone en riesgo su vida, salud física y mental, y afecta su autonomía integral”, agrega.

En el informe sobre Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, la CIDH advirtió que el embarazo infantil y adolescente es un serio problema en el hemisferio con cerca de 10 millones de embarazos al año, respecto del cual los Estados tienen el deber de atender el interés superior y garantizar la protección especial de los derechos humanos de las niñas y las adolescentes por la condición de especial vulnerabilidad. 

En particular, quienes son víctimas de violencia sexual deben acceder pronta y oportunamente a los servicios de salud y a toda la información científica para que tanto ellas como sus familias puedan tomar las decisiones y dar el consentimiento sobre cualquier procedimiento, sin que esto represente un riesgo para sus vidas, o afectación a otros derechos. 

El Estado debe además garantizar la confidencialidad y la privacidad, blindándolas de cualquier tipo de opiniones y/o información no científica por parte de personas que se desempeñan como funcionarias de instituciones públicas y/o de terceros que pueda interferir en sus decisiones.

Bolivia registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región que, según el Fondo de Población de Naciones Unidas, es de 88 por cada 100 habitantes de entre 15 y 19 años, en tanto que el promedio regional es de 70. 

Por su parte, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, entre enero y julio de 2021 se registraron 22.221 embarazos de adolescentes, con una proyección de aumento para el segundo semestre del año.

Al respecto, se destaca que el Estado de Bolivia cuenta con un marco normativo de protección a las niñas y las adolescentes que son víctimas de violencia sexual y embarazo forzado, que debe implementarse atendiendo de forma estricta el interés superior, entendiendo que la negación de la interrupción voluntaria segura y oportuna del embarazo en determinadas circunstancias puede constituir una vulneración a sus derechos fundamentales, en especial, los derechos a la vida, integridad personal, salud y, en general, las garantías de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación.  

Lo anterior resulta especialmente relevante en el contexto de Bolivia, donde según información recibida, una de cada tres niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de los 18 años; y, según los datos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Juvenil, se reportaron 561 casos de violación contra niñas, niños y adolescentes, hasta abril de 2021.

Además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y el Comité Contra la Tortura señalan que la violencia de género vulnera el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y que la continuación forzada del embarazo, puede constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante, pudiendo evitar el riesgo de mortalidad materna a la que mujeres, niñas y adolescentes son sometidas en este contexto.

Ante el escenario del incremento de la violencia de género contra niñas y adolescentes, la CIDH considera fundamental que los Estados desarrollen políticas y programas que faciliten el acceso a una educación sexual de calidad adaptada a la edad y a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, garantizando su participación y el acceso a la información.

En particular, insta al Estado boliviano a desempeñar su mayor esfuerzo para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, fortaleciendo las instancias de la ruta de atención oportuna y adecuada, y garantizando el acceso oportuno a los servicios de salud e información, en cumplimiento de su normativa interna y los tratados internacionales. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

El secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García, informó este lunes que su sector no participará en el paro convocado para el 8 de noviembre en contra de la Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.

El representante gremial pidió, además, la protección de las autoridades nacionales para velar por el derecho al trabajo de los vendedores por cuenta propia, que continuarán con su labor.

“No vamos a participar de ningún paro, ningún bloqueo. Más al contrario, vamos a seguir trabajando en nuestros puestos de venta y pedimos a las autoridades nacionales, llamadas por ley, a hacer cumplir la Constitución Política del Estado, a la libre transitabilidad y al derecho al trabajo y protección, que nosotros los gremialistas lo necesitamos”, dijo en una entrevista con Bolivia Tv.

El dirigente manifestó que ese sector rechaza el llamado a la paralización de actividades, porque fue lanzado por “personas que no representan a la sociedad ni a los gremiales”.

Las personas que convocaron al paro piden la cooperación de los comités cívicos, los transportistas y los trabajadores en salud, porque no tienen apoyo de los vendedores por cuenta propia, complementó.

“Nosotros no necesitamos hacer ningún paro”, manifestó.

El dirigente ratificó que la Confederación de Gremiales de Bolivia participará en la reglamentación de la Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, para que sus lineamentos “sean claros y concretos”.