El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entregó  64 títulos ejecutoriales a productores de soya y arroz de la comunidad campesina “Limoncito Rio Grande”, ubicado a 130 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Para nosotros es una satisfacción entregarles sus títulos ejecutoriales y darles seguridad jurídica y por ende la soberanía alimentaria que ahora ustedes nos tienen que garantizar a todos los bolivianos. Por otro lado, es un honor hacer este trabajo ya que también se está entregando este documento a personas con capacidades diferentes, este es una muestra que como gobierno estamos trabajando por todos los ciudadanos”, manifestó el director departamental del INRA en Santa Cruz, Jaime Arias.

Se entregaron 64 títulos que beneficia a 61 familias que se dedican a la siembra de arroz y soya, con una superficie titulada de 2.298 hectáreas.

“Hemos esperado más de 20 años por este título, han pasado varias autoridades y eso hizo que demore y ahora agradezco al INRA por esta labor, estamos conforme con todo” manifestó Roberto Suto, secretario general de la comunidad.

“Agradezco a nuestro hermano presidente Luis Arce y al ministro Edwin Characayo y a  nuestros  compañeros del INRA. Gracias a ellos ahora  tengo tierra en mi nombre para poder trabajarlo, mi mamá es la que me ayuda y ella trabaja por mí, siembra dos veces al año, con eso pagamos mis fisioterapias, ahora puedo decir que soy dueña de mi tierra” manifestó Liseth Mita, quien sufre de discapacidad motriz de nacimiento.

El Ministerio de Salud y Deportes reportó este lunes 670 nuevos casos de COVID-19 en todo el país; mientras que la cifra de pacientes recuperados ascendió a 815.

Según indica el reporte N° 365 de esa cartera de Estado, Santa Cruz se mantiene como el departamento más afectado por el virus con 344 nuevos casos registrados. Le siguen Tarija, con 73 contagios y Cochabamba, con 58.

La Paz presentó 54 nuevos casos; Oruro, 38; Potosí, 35; Chuquisaca, 30; Beni, 22; y Pando, 16.

El reporte también detalla que hay 1.529 pacientes sospechosos, 42.457 activos y 548.048 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 260.059 casos de COVID-19, de los cuales 205.628 se recuperaron y hubo 11.974 decesos.

Después de un año y cuatro meses, Bertha Taco Quispe, que vive en Ovejuyo, La Paz, reveló detalles de la muerte de su hijo Juan Martínez, quien en 2019 salió al colegio y murió asesinado de un balazo en la cabeza. “Yo quiero justicia, tienen que pagar los culpables”, dijo la madre, quien culpa a las fuerzas de represión que actuaron en el golpe de Estado.

Taco Quispe fue entrevistada este lunes en el programa “Somos Democracia”, difundido por Bolivia Tv, mediante una alianza de los medios estatales. Allí relató el calvario que sufrió para rescatar a su hijo agonizante, los atropellos de los policías, médicos y la impunidad que aún existe sobre las víctimas del régimen presidido por Jeanine Áñez.

“El lunes en la mañana, estaba tomando tecito con mi hijo, después ha tomado un fresquito y salió a ver al colegio. Mi hijo estaba estudiando y me dijo ‘iré no más, por ahí dan examen’. Con su hermano mayor han bajado. Después de una hora y media me llamaron y me dijeron ‘a tu hijo han disparado’. Yo bajé buscando a mi hijo”, relató la madre sin poder contener sus lágrimas.

“Llegué y unos policías estaban enfrentándose y yo ya no tenía miedo de nada, yo quería que a mí más me maten, y me acerqué a los policías, me he arrodillado y uno de ellos dijo ‘agárrenle a esa vieja, a esa india. ¿Por qué está caminando?’, me dijo un policía. Entonces una policía mujer me ha botado”, relató.

“En la zona de Rosales mi hijo ya estaba vendado, estaba cerca de una puerta. Ni siquiera en una camilla había estado y yo me acerqué y dije ‘¿qué ha pasado hijo’, y me ha dicho ‘a la cancha hemos bajado mami, ahí de repente los policías han aparecido y han disparado’. Mi hijo mayor ha visto cómo han disparado. En puente Rosales me lo han matado”, manifestó.

“Una bandera blanca me he agarrado y he dicho: ‘tengo que salvar a mi hijo, aunque a mí más que me maten’. Y vinieron personas con cascos blancos con palos grandes y ellos querían detenernos a nosotros, a mi hijo mayor más y me he rogado diciendo ‘por favor, quiero salvar a mi hijo, ayúdenme a llevar al hospital’. Me he rogado, he suplicado. Esas personas hablaban como cambas, clarito era”, acotó Bertha Taco.

Ella contó que logró trasladar a su hijo moribundo a un hospital, pero explicó que su hijo mayor tuvo que quedarse en el lugar donde después “grave le habían masacrado”.

Al llegar al hospital, los médicos le dieron falsas esperanzas de que su hijo viviría, pero luego le indicaron que “se había ido”. No solo eso, le dijeron “ahora grita a tu papito Evo”.

Según relató, un policía incluso acusó a ella y sus hijos de ser “maleantes. Ustedes son pagados”.

“Por todo ello pido justicia, tienen que pagar. Que no salgan de la cárcel”, dijo la madre de familia en medio de lágrimas.

En el programa de televisión también dio su testimonio Nancy Jamachi Mamani, familiar de Edwin Jamachi, asesinado en Senkata, en 2019.

“La muerte de mi primo es una pérdida dolorosa, él tiene tres hijos, ha dejado huérfanos. Él tenía 38 años”, relató.

“Esos días nos decían que no salgamos de la casa porque estaban matando, disparando a quemarropa. Al día siguiente he ido a encontrar el cuerpo, lo hemos llevado a Senkata donde estaban haciendo la autopsia. Yo ingresé ahí, era terrible, eso nunca lo vamos a olvidar”, recordó Jamachi, quien dijo que se debe aplicar la justicia para establecer responsabilidades por las masacres.

“Muchos están llorando. Han baleado en Senkata, en Sacaba; por eso hice la denuncia”, afirmó Lidia Patty, la exdiputada que puso en el banquillo de los acusados a Jeanine Áñez, de quien dijo que se autoproclamó presidenta saltando los pasos exigidos para la sucesión constitucional.

“Por ese delito la están juzgando”, indicó, durante una entrevista que se llevó a cabo este lunes, en el programa “Somos Democracia”, difundido por Bolivia Tv, mediante una alianza de los medios estatales.

Patty hizo un recuento de los días previos al golpe de Estado, las restricciones para ingresar al Legislativo, las violaciones a la Constitución, los atropellos sufridos por los diputados y el sufrimiento de las víctimas del golpe de Estado.

El 26 de noviembre de 2020, la exdiputada presentó una acusación formal contra Áñez y varios de sus colaboradores que instauraron el gobierno de facto por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

Relató que presentó la denuncia porque “muchos están llorando. Han baleado en Senkata, en Sacaba, por eso hice la denuncia. Yo buscó justicia”. La exasambleísta aseguró que obra “en defensa del pueblo boliviano”.

Al respecto, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, indicó, días atrás, que una investigación técnica y científica estableció que en esas masacres fueron asesinadas 36 personas, 804 resultaron heridas y centenares detenidas, perseguidas y torturadas.

La exdiputada contó que la entonces senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta del país, sin cumplir las normas legales que establecen un riguroso procedimiento constitucional para designar a un mandatario. “Por ese delito se la está juzgando”, manifestó. 

Indicó que ella, varios diputados y senadores fueron impedidos de ingresar a la Asamblea Legislativa Plurinacional por los policías que atropellaron a los legisladores y hasta les produjeron varios moretones con el fin de viabilizar la autoproclamación de Áñez.

“No nos dejaron entrar, nos trataron como delincuentes, nos insultaban. Ser indígena había sido para ellos un delito”, indicó.

Señaló que los grupos delincuenciales violentos que actuaron detrás del golpe indujeron a que los diputados renuncien, pero los legisladores se mantuvieron firmes para defender al pueblo boliviano. Inclusive, permanecieron siete días durmiendo en el piso del Legislativo.

“Jeanine Áñez dice que es cristiana, pero en la biblia indica que no se debe matar al prójimo. Ahora, va a tener tiempo para leer la biblia”, dijo Patty, quien insistió que “el pueblo pide justicia” por los asesinatos que se cometieron.

La exdiputada remarcó que no se debe mantener la impunidad para los responsables del golpe de Estado que produjo huérfanos, viudas y muchas lágrimas de centenares de familias.