El presidente de las juventudes de Yapacaní, Santa Cruz, Wálter Sauma, dijo que el 2019, tras el golpe de Estado, al menos una persona fue asesinada a balazos y otras 33 fueron arrestadas de manera ilegal.

Las declaraciones del dirigente se produjeron este martes en el programa 180, de radio Patria Nueva, a propósito de las secuelas del régimen de Jeanine Áñez.

Dijo que el joven asesinado recibió impactos de balas mientras estaba en el puente de Yapacaní.

Explicó que luego se detuvo a 33 personas de forma ilegal y se las acusó de terroristas, pese a que no tenían ninguna prueba al respecto.

“Ahora pedimos justicia para las víctimas”, solicitó el dirigente de Yapacaní, quien lamentó que, en el balance de las vulneraciones cometidas en ese periodo, no se mencione con frecuencia a los caídos en esa región.

El dirigente dijo que los jóvenes están dispuestos a marchar hacia la ciudad de Santa Cruz para defender la democracia y contrarrestar las amenazas vertidas por dirigentes cívicos y políticos cruceños, en sentido de querer repetir el golpe de Estado de 2019.

Miembros de la Asociación de Heridos y Presos Políticos del gobierno de facto de Jeanine Áñez denunciaron este martes las torturas y persecución en su contra durante el régimen, y anunciaron que se sumarán a las querellas por violaciones graves a los derechos humanos.

"Vamos apoyar de manera contundente toda denuncia que se realice contra el gobierno de facto por violaciones graves de derechos humanos y vulneraciones a todos aquellos que han sido perseguidos y presos políticos de manera ilegal y arbitraria", anunció Nadelsa Guevara, abogada de la asociación.

Asimismo, cuestionó el accionar de funcionarios del Ministerio Público, jueces e instituciones que no denunciaron las torturas a los que fueron sometidos los presos políticos en los diferentes centros penitenciarios de Bolivia, durante el gobierno de facto.

"Queremos decir a los delincuentes que hoy sostienen que el 2019 no hubo golpe de Estado, que no vamos a permitir que sigan impunes", dijo por su parte Luis Rafael Esquivel, uno de los afectados.

Sandro Enríquez, quien fue recluido en la cárcel de Mocovi del departamento de Beni, recuerda que fue detenido por solo grabar una movilización de protesta que se desarrolló en Riberalta en contra del gobierno de Áñez.

"Ellos no tuvieron compasión de nosotros, vulneraron todos nuestros derechos, incluso nuestro derecho a la salud, me dio coronavirus cuando estaba en el penal y ni siquiera con eso me dejaron acudir a un centro de salud. Estamos vivos gracias a Dios, esa señora y sus ministros no tuvieron compasión con ninguno de nosotros", recordó.

En un ampliado de emergencia, los cooperativistas del centro minero de Caracoles, provincia Inquisivi del departamento de La Paz, se declararon en estado de emergencia ante anuncios de desestabilización de la derecha y en defensa del Gobierno del presidente Luis Arce, elegido en las urnas con el 55,10% de los votos.

El voto resolutivo aprobado por las siete cooperativas que agrupan a más de 8.500 asociados, establece el apoyo incondicional al presidente Luis Arce y a las autoridades judiciales, "de ser necesario con el fin de defender el Estado de derecho y la gestión de nuestro compañero presidente saldremos en forma conjunta todos los compañeros asociados mineros a la sede de gobierno para defender la democracia", menciona el documento.

Raúl Gutiérrez, presidente de la central Caracoles, señaló que los cooperativistas también solicitan el enjuiciamiento de todos los ministros que formaron parte del gabinete del gobierno de facto de Jeanine Áñez, debido a que en nueve meses de gestión se dedicaron a desfalcar las arcas del Estado.

"En nueve meses han desfalcado nuestro país, nosotros queremos que todos los miembros del gobierno de facto y todos sus ministros sean investigados y encarcelados. Por eso, nosotros como central Caracoles, vamos a estar en pie de lucha para defender la democracia de nuestro país", señaló.

El ampliado de emergencia de los mineros de Caracoles, también determinó rechazar las declaraciones de Luis Fernando Camacho, acusándolo de ser el principal incitador para generar un proceso de desestabilización en el país.

"Nuestras bases no van a permitir que un explotador de los pobres como Luis Fernando Camacho quiera nuevamente perjudicar al país y a la clase proletaria por apetitos personales", dice la resolución.

“Por favor doctor, póngame un calmante”, clamó durante dos horas Álvaro Valencia en la sala de operaciones del hospital Boliviano-Holandés, con una herida de bala en el brazo izquierdo por el disparo de un arma de fuego.

“Tiene que aguantar”, fue la fría respuesta de un médico a Marisol Rodríguez Cori, esposa del herido y ahora presidenta de la Asociación de Víctimas de Senkata, que brindó su testimonio al programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Valencia, después de recibir el impacto de bala en la puerta de su casa en el Distrito 13 de Senkata, El Alto, pasó por un vía crucis porque algunos nosocomios no querían atenderlo. Primero llegó a la Clínica Solidaria Fides donde se negaron a brindar atención, después acudió al hospital Boliviano-Holandés donde los médicos y enfermeras lo trataron de terrorista, masista y que se había vendido por “200 bolivianos”.

“Ya no quiero vivir, para que voy a vivir”, le decía Valencia a su esposa, quien observaba con impotencia el maltrato del personal de salud que se cebó con el dolor de los heridos que llegaron al nosocomio alteño

“Mi esposo ya no tenía ganas de vivir”, dijo Rodríguez a los conductores del programa. Antes de ser herido ejercía el oficio de metalmecánica, pero ahora no puede mover el brazo izquierdo y, por ende, no puede trabajar.

Indicó que los militares y policías llegaron hasta la planta de gas de Senkata donde amedrentaron a la población, generaron miedo bajo el argumento de que se dictará estado de sitio, dispararon gases lacrimógenos y sus armas de fuego.