El Ministerio de Salud reportó este jueves 885 nuevos casos de COVID-19 en todo el país; mientras que la cifra de pacientes recuperados alcanzó a 2.199.

De acuerdo al reporte N° 368, Santa Cruz continúa siendo el departamento con la mayor incidencia de casos, los cuales ascienden a 353.

La Paz registró 123 nuevos contagios; Tarija, 82; Beni, 68; Cochabamba, 64; Chuquisaca, 63; Potosí, 55; Pando, 42; y Oruro, 35.

El reporte también detalla que hay 1.637 pacientes sospechosos, 41.071 activos y 567.149 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 262.941 casos de COVID-19, de los cuales 209.842 se recuperaron y hubo 12.028 decesos.

El asambleísta departamental Gustavo Torrico señaló a Carlos Mesa, Luis Vásquez, Luis Revilla y Manuel Morales, como impulsores del golpe de Estado de 2019. Explicó que las viudas y huérfanos de las masacres de Senkata, Sacaba, El Pedregal, Montero y Ovejuyo, exigen justicia sobre esos hechos.

Torrico fue entrevistado este jueves en el programa “Somos Democracia”, difundido por Bolivia Tv, mediante una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

El también exdiputado indicó que antes de 2016, ante la imposibilidad de llegar al poder por las urnas, los sectores conservadores instalaron la idea de fraude para desacreditar las victorias electorales del MAS.

Añadió que, en 2019, fue Carlos Mesa quien “gatilló” el golpe de Estado y llamó a una convulsión social que se tradujo en la quema de instituciones y en el asalto a varios tribunales electorales departamentales.

Esta planificación incluyó el motín policial, la exigencia militar para que renuncie el Presidente y la rearticulación de grupos armados paraestatales violentos que torturaron a familiares de autoridades con el fin de obligarlas a renunciar y así evitar la sucesión constitucional.

De manera paralela, otro actor del golpe fue Luis Vásquez Villamor, dijo Torrico, quien es asesor de Tuto Quiroga, y quien armó la jugada política que concluyó con la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta, usurpando funciones y vulnerando la Ley de Leyes y el reglamento del Senado.

Por todo ello, dijo Torrico, se requieren procesos penales para otros actores, incluido Luis Revilla, alcalde de la ciudad de La Paz, quien envió a sus seguidores “con cascos blancos” a masacrar en El Pedregal (donde murieron dos personas) con el apoyo policial.

Otro actor del golpe fue Manuel Morales, quien ahora dice defender la democracia pese a que el pueblo eligió, por mayoría, al actual gobierno presidido por Luis Arce, recordó Torrico, quien señaló que las “viudas, huérfanos y familiares” de los masacrados en 2019, exigen justicia.

Las lágrimas de Damiana Quispe describen el dolor que provoca la ausencia de Clemente, su yerno, víctima fatal de la denominada masacre de Senkata en noviembre de 2019, durante el régimen de Jeanine Áñez.

El día del hecho, 19 de noviembre de 2019, Clemente Eloy Mamani Santander, un joven cristiano de 23 años, acompañaba a su cónyugue al control prenatal en el quinto mes de embarazo. Ambos pasaban por la zona de Senkata de la ciudad de El Alto.

De pronto, le llamó la atención el pedido de auxilio de un tumulto de gente. Se acercó con el ánimo de dar socorro y encontró la muerte. Recibió dos impactos de bala. Ese instante, se ejecutaba un operativo de fuerzas combinadas entre militares y policías en la zona para reprimir a sectores movilizados que cuestionaban el régimen.

“Quiero justicia para mi yerno, tenía una vida por delante y me lo mataron”, reclama Damiana Quispe, en entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales que da la voz a familiares y víctimas de la masacre en El Alto.

Al igual que Clemente Eloy Mamani Santander, otros nueve civiles perdieron la vida y 31 quedaron heridos a causa del operativo que se ejecutaba bajo el Decreto Supremo 4078, norma que deslindaba de responsabilidad penal a los uniformados que usaban armas de guerra.

Damiana Quispe lamenta que lo sucedido en el régimen de Áñez afectara tanto en lo emocional como en lo económico a su familia, sobre todo a su hija que quedó viuda, con un bebé y con deudas. Como madre, comparte el dolor: “Mi yerno era inocente”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno nacional, en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aplicarán un programa de dos años para asegurar que las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, fortalezcan el financiamiento para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y la niñez.

El programa pretende que las instituciones del sector público que tienen funciones en la atención de la violencia cuenten con orientaciones presupuestarias, y que las entidades del sistema de protección mejoren su desempeño y alcance.

“Buscamos trabajar de forma coordinada para generar productos que nos ayuden a orientar a los gobiernos y la sociedad civil para atender y prevenir la violencia contra niños, niñas y mujeres de forma prioritaria”, afirmó la coordinadora residente de la ONU en Bolivia, Susana Sottoli, en el lanzamiento del Programa.

Se trabajará con recursos del Fondo Conjunto para la Financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mecanismo creado por la ONU para apoyar políticas integrales que permitan cumplir con los ODS hasta el 2030.

Por su parte, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, señaló que el programa permitirá fortalecer las capacidades del Estado boliviano para combatir el flagelo de la violencia contra las mujeres y la niñez en todas sus formas.

Las tres agencias de Naciones Unidas en Bolivia involucradas en este programa: ONU Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), coordinarán con las diferentes instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

La representante de ONU Mujeres, Nidya Pesántez, remarcó que Bolivia enfrenta varios desafíos para erradicar la violencia contra las mujeres. Además de las desigualdades económicas y laborales, la tolerancia y la normalización de la violencia como parte de las relaciones laborales y familiares que enfrentan.

Rafael Ramírez Mesec, representante de Unicef Bolivia, destacó que el proyecto apunta a contribuir a que los tres niveles de gobierno cuenten con herramientas más efectivas, orgánicas y apropiadas para combatir la violencia contra las mujeres y la niñez.

“Debemos asegurar que todas las víctimas dispongan de servicios de atención pública y prevención de la violencia más efectivos”, indicó.