El canal estatal Bolivia TV, Adecine y Entel firmaron este lunes un acuerdo en apoyo al cine boliviano para reactivar la economía del sector audiovisual, a través de la emisión de un ciclo de películas.

“Este trabajo conjunto de Adecine, Entel y Bolivia TV es para justamente devolverle el sitial que nunca debió perder la cultura y en este caso el cine boliviano”, señaló el gerente general del Bolivia TV, Diego Montaño, citado en una nota institucional.

“A través del ciclo del cine nacional por la señal de Bolivia TV vamos a rememorar las películas y conoceremos algunos directores que tienen obras nuevas que no se habían difundido”, agregó.

Por su parte, Germán Monje, director general de Adecine, consideró que la alianza estratégica con Bolivia TV y Entel “es por el bien del arte, del cine boliviano y la comunicación de todos los bolivianos”.

“Espero que esto sea la semilla para comenzar un buen trabajo por el bien de Bolivia”, afirmó.

El convenio establece que Adecine realizará la gestión de derechos de autor, Bolivia TV emitirá este ciclo de películas nacionales y Entel efectuará el pago para promover la publicidad y cancelar los montos acordados junto con Adecine.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, felicitó este lunes al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) por su nuevo aniversario y su aporte a la revalorización de la cultura y las raíces del Estado Plurinacional

La autoridad participó en los festejos de esa organización sindical, según un reporte de la radio Patria Nueva. 

La Ministra expresó que Conamaq revaloriza nuestra cultura, nuestras raíces y representa a los Ayllus y Markas en el Estado Plurinacional.

El Conamaq se constituyó el 22 de marzo de 1997 en Challapata, por voluntad de las organizaciones indígenas originarias: Jach’a Karangas, Fasor, Jach’a Suyu Pakajaqi, Facoopi, Fonqamp, Fecoama, Caucou, Jatun Ayllu Yura y Faoi, según el sitio web del Senado.

La organización sindical se ampara en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Bolivia mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991 y conforme a la Constitución Política del Estado, a convocatoria del Consejo Impulsor de Ayllus de Bolivia (CIAB), agrega el reporte.

La Defensoría del Pueblo y el canal televisivo SEO TV (Sistema de Entretenimiento Otra Onda) del municipio de Batallas (La Paz) firmaron este lunes un convenio para la promoción de los derechos humanos y la convivencia pacífica en las provincias de Bolivia.  

El documento de cooperación interinstitucional fue suscrito por la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y por el gerente general de SEO TV, Franz Leonel Balboa Bautista, de acuerdo con un comunicado de prensa.   

El acuerdo busca que ambas partes, en el ámbito de sus competencias, desarrollen y apoyen acciones para la promoción de los derechos humanos en la sociedad civil, y la realización de actividades culturales para promover la convivencia pacífica y prevenir la violencia en las provincias de Bolivia.

La Defensoría del Pueblo se comprometió a acompañar, impulsar y apoyar las actividades o campañas informativas que involucren la promoción de los derechos humanos, además de brindar talleres y/o acciones de capacitación para el personal de SEO TV, así como para la sociedad civil en los espacios propiciados por este canal. 

Por su parte, SEO TV asumió el compromiso de apoyar técnicamente a la Defensoría en la elaboración de productos comunicacionales para la promoción de los derechos humanos en las provincias y difundir el material proporcionado por la institución defensorial en los espacios y en las actividades culturales que realice.

El acuerdo tiene una vigencia de tres años y no implica ninguna relación de carácter laboral.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó que el Hospital Metodista retuvo el cadáver de una persona hasta que sus familiares paguen la deuda que adquirieron por la atención brindada. Esta acción es considerada ilegal, por lo que esa oficina estatal y Policía tuvieron que intervenir.

Silva dijo que el sábado por la noche se recibió una denuncia en sentido de que el cadáver de una persona que falleció con COVID-19 no podía recibir sepultura debido a que los familiares tenían una deuda con la clínica por un monto aproximado de Bs 170.000.

Tras conocer la denuncia, funcionarios del Viceministerio de Derechos del Usuario y Consumidor y de la Policía acudieron al centro médico y constataron que la persona fallecida recibió previamente tratamiento por 20 días, cuyo costo no fue pagado por sus familiares.

La clínica posteriormente permitió el recojo del cuerpo, luego de recibir documentos en garantía, dijo Silva. Indicó que esa retención se puede constituir en un delito penal ya que la persona no pierde su condición de tal por el solo hecho de estar muerta, por lo que retener un cadáver puede ser considerado como un secuestro.

Manifestó que la deuda contraída, con el apoyo del Servicio Departamental de Salud (Sedes), será sometida a una evaluación de costos en cuanto al uso de medicinas y servicios médicos, con el fin de evitar cobros injustificados.

El Viceministro recordó que es ilegal retener personas como garantía por el pago de una deuda por servicios médicos.