La exdiputada Lidia Patty dijo que su demanda contra algunos de los actores del golpe de Estado de 2019 no solo busca justicia para el pueblo boliviano y para las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba, El Pedregal, Montero, Mairana y otros, sino que pretende sentar un precedente para que nunca más se quiebre el orden democrático, se violen los Derechos Humanos y se humille a los más desposeídos.

Patty, quien fue entrevistada en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, es la exlegisladora que presentó una demanda judicial en contra de Jeanine Áñez, algunos de sus exministros y los exjefes de la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA), por su participación y responsabilidad en el golpe de Estado de 2019. Las acusaciones son por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

"Lo que busco es justicia para el pueblo boliviano. Yo he visto lo que ha pasado con mis propios ojos", dijo Patty al recordar que, en el régimen de facto, se implantó un periodo de violación, abusos y restricciones a los derechos y libertades.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el régimen de facto, 36 personas murieron violentamente, 804 fueron heridas, miles detenidas, perseguidas y torturadas por participar en manifestaciones de protesta.

Patty insistió que su denuncia no obedece a ninguna instrucción política, sino a un afán de "no dejar en la impunidad" las masacres, de que se apliquen las leyes y así contribuir a que se siente un precedente para que "nunca más" se vulneren los derechos de los más pobres.

Respecto al juicio que le iniciaron los asambleístas de la agrupación política de Luis Fernando Camacho, dijo que ella no tiene miedo y que el proceso impulsado por Juan Carlos Gutiérrez, busca crear un clima de amenaza y amedrentamiento en contra de una mujer sola e indígena.

El dirigente transportista Aurelio Quispe vivió en carne propia las rutinas de tortura y miedo en el penal de Chonchocoro, donde fue detenido sin pruebas tras los conflictos poselectorales de 2019 en La Paz.

“Cuando me llevaron allá, me enmanillaron como a un delincuente. Me pegaron a modo de bienvenida”, denuncia en entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Recuerda que el 10 de noviembre se encontraba en una reunión con los afiliados de su sindicato en la zona de Chasquipampa. Ese día, las calles de la ciudad de La Paz se convirtieron en escenarios de conflicto horas después de que Evo Morales renunció a la Presidencia a causa del denunciado golpe de Estado.

Después de los hechos, fue buscado, aprehendido en su sindicato junto a su compañero y luego enviado a Chonchocoro, acusado de ser cabecilla de la quema de los buses municipales en la zona. 

“La justicia en ese entonces creo que estaba a favor de la expresidenta (Jeanine Áñez), porque parecía que a sus órdenes y al que miraba era detenido directamente. Dos compañeros fuimos detenidos sin prueba alguna. Los fiscales solamente han dicho que había suficientes evidencias”, cuestiona.

Cuando llegó a Chonchocoro, se le acercó un grupo de policías y uno le dijo: “Esta noche, es tu fiesta”. Eran, aproximadamente, las 19.00. Lo llevaron al sector de la cancha de tierra del centro penitenciario. Le pidieron que se desvista; pero, por oponerse, lo torturaron hasta que perdió la conciencia. “Dije: es una tortura en vivo”, comenta.

“No quise, me toletearon. Tuve que desvestirme. Me decían: ‘Ahora sí, grita guerra civil’. Como estaba pelado, comencé a trotar y hacía frío. Me echaron con agua fría y ya no podía trotar, me gasificaban y otra vez con agua me echaban. Aguanté una hora. Era gas y agua, era inhumano. Ya no podía andar y lo único que hacía era caerme y llorar”, recordó.

Sufrió esa rutina por dos semanas, hasta que sus compañeros del sindicato lo ayudaron para que fuera trasladado a una nueva sección. Hoy, a casi dos años de los hechos, las cicatrices en sus pies y rodillas son testimonio de lo vivido. Reclama justicia. Las acusaciones en su contra provocaron que venda su vehículo para pagar su defensa en el proceso judicial y, además, pierda a su familia.

“Me detuvieron sólo por ser dirigente. Era dirigente del sindicato 14 de Septiembre de Chasquipampa (…). Desde esa fecha, me vienen acusando como si yo hubiera incitado a la quema de los PumaKatari”, dice y añade: “No tuvimos la oportunidad de decir la verdad”.

Unas 20 personas fueron detenidas ilegalmente y torturadas por policías en 2019, tras el golpe de Estado, denunció Marcela Calle, representante de las víctimas, quien dijo que varias salieron libres tras un calvario judicial, pero aún existen personas encarceladas por el solo hecho de protestar contra el régimen golpista.

Calle fue entrevistada este lunes en el programa Somos Democracia, difundido por Bolivia Tv, a través de una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

Ella relató que el 11 de noviembre de 2019, 24 jóvenes, entre varones y mujeres, fueron detenidos ilegal e injustamente por la Policía, solo por el hecho de estar transitando en la ciudad de El Alto, por Villa Adela, por la avenida Cívica y alrededores. Los jóvenes, sin ninguna prueba, fueron considerados sospechosos de actos de violencia.

Tras su detención, ellos fueron torturados y golpeados, según contó Calle, quien dijo que también fueron recibidos en un "callejón oscuro" por los uniformados, quienes patearon, lastimaron y gasificaron a los aprehendidos.

Tras meses de detención, la mayoría de los detenidos obtuvo el sobreseimiento, es decir que se logró la suspensión del proceso judicial por falta de pruebas. Sin embargo, eso no borró las extorsiones, abusos, sufrimiento dentro de la cárcel, y los gastos en abogados y trámites, contó Calle, quien dijo que esa situación no se la desea ni a su peor enemigo.

Sin embargo, algunas personas detenidas en 2019, como una señora de nombre Virginia, sigue detenida en la cárcel de mujeres de Obrajes, debido a que no pudo acreditar el domicilio y otros detallados requisitos que exigen los jueces.

Virginia, una madre de familia, fue detenida en el puente Vela, en la ciudad de El Alto, por el solo hecho de salir a mirar las protestas contra el golpe de Estado. Una mujer policía filmó a las personas que estaban observando y luego los uniformados procedieron a las aprehensiones, contó Calle.

"Duele que no haya justicia para nosotros", dijo la entrevistada.

Desde que salió del colegio, mi hijo quería ser militar y murió en manos de un militar, así Virginia Quispe resume lo acontecido con su hijo, Ronald Quispe Ticona, quién fue asesinado por un impacto de bala en el estómago durante la represión y posterior masacre de Senkata en 2019.

"Mi hijo fue a visitarme a mi casa el domingo en la noche, pero el martes salió, después me llama mi hermano y me dice: ‘tu hijo está muerto’; no podía creer, cómo me van a decir eso, después me vuelvo a mi cuarto y mi hija había estado revolcándose viendo en el celular y mi hijo siempre había estado muerto, le dispararon en su estómago", recordó con dolor Virginia, entrevistada por el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

También recordó que el papá fue en busca del cuerpo de su hijo y lo encontró en la iglesia de Senkata, junto al de otro fallecido, y le confirmó el deceso a su compañera. “Cuando entro a Ventilla encuentro a mi hijo muerto, grave siempre he llorado y mi esposo se había desmayado”, recordó.

Al día siguiente debía desarrollarle la autopsia y ahí es cuando los encargados de hacer este procedimiento pretendieron esconder el proyectil que le extrajeron del estómago.

“En la autopsia, yo me oculté y pude ver a mi hijo, cómo le han sacado de la barriga la bala, mi hermano menor estaba ahí cuando querían ocultar y les dijo: ‘¿por qué quieren hacer eso?’, y exigió que se lo entregue. ‘Voy a llamar al pueblo’, les dijo, y de ahí recién parece que le han entregado”, testimonió.

También recuerda con dolor cómo los militares y policías le decían que su hijo era un delincuente y que se hizo matar por Bs 200 que le habrían pagado. “Para mi hijo quiero justicia, quería estudiar, voy a ser militar, voy a ganar y te voy a criar, todo vas a tener mami, me decía”, recordó, mostrando entre sus manos documentos que demuestran el hijo ejemplar que era Ronald.