El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional informó este sábado que una comitiva integrada por una decena de representantes de varias instituciones del Estado se traslada a la comunidad Tsiman Tacumere de San Borja, Beni, para investigar el caso del linchamiento de una persona, esclarecer las causas del hecho y conseguir justicia para la víctima.

“Una comitiva integrada por una decena de representantes de varias instituciones del Estado se traslada hasta el lugar para verificar los pormenores de este hecho”, señala un boletín institucional.

Según el texto, la comitiva interinstitucional está conformada por diez personas: un médico forense, tres traductores y funcionarios policiales, así como representantes del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.

El viaje se realizó por tierra y agua con la intención de llegar al lugar a la 01.00 de esta jornada.

El Ministerio de Justicia reitera que el hecho acontecido en la comunidad indígena contraviene el derecho a la vida establecido en la Constitución Política del Estado.

“El linchamiento tampoco es parte de la justicia indígena originaria campesina, que promueve el respeto a la vida como principio fundamental de su aplicación consuetudinaria y ancestral”, indica el texto.

El parágrafo II del artículo 190 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece: “La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución”.

Al existir, presumiblemente, múltiples víctimas y delitos, el Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina se apersonará ante el juzgado correspondiente, para que se inicie las acciones legales pertinentes hasta establecer la verdad histórica de los hechos.

El Ministerio de Salud y Deportes informó este sábado que 521.809 dosis anticovid distribuidas en todo el país aún no fueron aplicadas, lo que equivale al 55% de un total de 947.854.

De acuerdo con la tabla de la distribución y uso de vacunas, hasta el momento se aplicó 426.045 primeras y segundas dosis de las vacunas contra el COVID-19 en el país, lo que equivale a un 45%.

El departamento con mayor avance en la inoculación es Cochabamba, con el uso de un 63% de 148.555 dosis; y le sigue Oruro, con un 61% de empleo de 40.282 dosis.

Por otro lado, Tarija llegó a un llegó a un 59% de avance en el uso de 45.642 dosis y posteriormente está Chuquisaca con un 55% de aplicación de 52.600 dosis.

Con un menor avance están Santa Cruz con un 44% de uso de 233.872 dosis. Luego están La Paz, con un 42% de empleo de 218.292 dosis; y Potosí, con un 42% de aplicación de 60.984 dosis.

Finalmente, Pando alcanzó un 26% de avance en el uso de 37.170 dosis y Beni al 22% de aplicación de 110.457 dosis.

La candidata a asambleísta por Tarija por el Movimiento Al Socialismo, Pilar Lizárraga, pidió que se investigue la contratación del periodista Humberto Vacaflor para escribir a favor de la gestión del gobierno de facto de Jeanine Áñez.

“Esto nace de un mandato o más bien una solicitud que hace la Confederación de la Prensa a las autoridades ya constituidas, de manera constitucional, para que puedan llevar adelante una investigación y se pueda transparentar”, dijo en una entrevista con el programa “El oso y el Cardozo” de Tarija.

Según la documentación que acompaña al contrato firmado por la exministra, el periodista gozaba de un sueldo de $us 1.000 mensuales, y por los once meses y 28 días de contrato, se le canceló la suma de Bs 82.411,60.

El documento suscrito entre el periodista y el Ministerio de Comunicación se suma a una serie de documentos que están siendo presentados como pruebas de pagos irregulares a varios comunicadores que respaldaron el golpe de Estado de noviembre de 2019.

La candidata expresó que se espera la aclaración de lo sucedido en los próximos días para contar una mayor información del caso.

“Entonces, este es un tema creo yo que nos corresponde hacer seguimiento a todas y a todos, por la implicancia que tiene”, acotó.

De manera específica, Lizárraga estableció que el contrato de Vacaflor se firmó para beneficiar “de una manera bastante arbitraria a un periodista, para que pueda ejercer el rol de productor de argumentos políticos para favorecer al régimen de facto y a la violencia que se estaba instalando en nuestra patria querida”.

“Los elementos de cuestionamiento del contrato tienen que ver no solamente con el monto del contrato sino también con las formas del contrato. Se lo favorece con un tipo de contrato que es desarrollado desde su domicilio en un momento de crisis y con enormes privilegios frente a un pueblo que estaba siendo golpeado, que estaba siendo en realidad despojado de las bases materiales para poder llevar adelante su vida”, concluyó.

El presidente Luis Arce saludó este sábado a estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) que participarán en las brigadas de inmunización contra el COVID-19.

“Saludamos a las y los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés que participarán en las brigadas de inmunización contra la Covid-19, quienes recibieron la primera dosis de la vacuna. Valoramos su participación en esta misión patriótica #VamosASalirAdelante (sic)”, escribió en su cuenta de Twitter.

En la víspera, la UMSA y el Servicio Departamental de Salud de La Paz acordaron conformar brigadas que estarán a cargo de la inmunización.

Los 300 brigadistas recibieron la vacuna para cumplir dicha labor desde el lunes 12 de abril incorporándose a las redes de salud asignadas.