El Ministerio de Obras Públicas convocó este martes al diálogo a los transportistas federados y libres de La Paz, Oruro y Cochabamba que se encontraban bloqueando las calles del centro de la ciudad de La Paz desde la madrugada, demandando la anulación de una resolución de permiso de operaciones para la empresa Cruz Andina.

“Hay posibilidad de levantar la medida de presión, dependiendo de lo que nos digan las autoridades. Nosotros estamos exigiendo que la reunión sea con la máxima autoridad del Ministerio”, anunció el secretario de Transportes de Oruro, Gerardo Choque, a momento de dirigirse a la reunión.

El bloqueo de los transportistas se inició desde el edificio Centro de Comunicaciones, donde se encuentra el Ministerio de Obras Públicas.

"La Federación de Transportes San Cristóbal de Oruro no va a permitir que pueda operar ilegalmente la empresa Cruz Andina, se ha vulnerado la Resolución 142. Hemos tenido una primera medida, una segunda; la tercera medida va a venir a nivel departamental con bloqueo de las carreteras troncales", afirmó Choque.

Indicó que son tres las federaciones de La Paz, Oruro y Cochabamba que se encuentran en estado de emergencia.

El dirigente afirmó también que ya existieron varias reuniones en las cuales se habría comprometido la anulación de la Resolución 142; sin embargo, hasta el momento no se lo hizo.

El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte 77 de este lunes 3 de mayo informa que se tiene 878.563 inmunizados entre la primera y segunda dosis de las vacunas contra el COVID-19 en el país.

“La inmunización contra el coronavirus avanza favorablemente en el territorio boliviano, hasta el momento se aplicaron 878.563 entre la primera y segunda dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm”, indica un boletín institucional.

De acuerdo al reporte de vacunación masiva, hasta hoy 637.694 salubristas y personas de la tercera edad con y sin enfermedad de base, recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y 240.869 recibieron la segunda dosis.

Según el reporte oficial, en La Paz se inmunizó con primera dosis a 153.410 y con la segunda a 53.760; en Cochabamba se vacunó con primera dosis 113.785 y con la segunda a 52.076; en Chuquisaca, la primera dosis se aplicó a 50.960 y con segunda dosis a 16.211; en Tarija se aplicó la primera dosis a 34.412 y la segunda a 13.899.

En Potosí se tiene inmunizados con la primera dosis a 33.954 y con la segunda a 14.281; en Oruro se aplicó la primera dosis a 36.413 y con la segunda a 13.291.

En Santa Cruz se aplicó la primera dosis a 144.159 y la segunda 63.967; en Beni se llegó con la primera dosis a 41.392 y con segunda a 10.375 y en Pando se inmunizó con la primera dosis a 29.209 y con la segunda a 3.009 personas, según el reporte 77 de vacunación contra el COVID-19 en Bolivia.

"Las mujeres hemos sido golpeadas por ese grupo paramilitar Resistencia Juvenil Cochala", relata María Javier, responsable legal de los familiares y víctimas de la masacre de Huayllani, Sacaba, quien dijo que esa matanza ocurrida en 2019 derivó en la existencia de 102 personas heridas, la mayoría de bala, que ahora ya no puede trabajar para llevar el sustento a sus hogares.

Ella fue entrevistada este lunes en el programa Somos Democracia, difundido por Bolivia Tv, a través de una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Ahora el Pueblo, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

Relató que, en noviembre de 2019, centenares de personas salieron del trópico de Cochabamba para marchar en repudio a los actos de violencia, discriminación y abusos cometidos por integrantes de la agrupación paramilitar "Resistencia Juvenil Cochala" en contra de las mujeres de pollera.

Sin embargo, los integrantes de esa agrupación irregular volvieron a agredir la nueva marcha, golpearon a las mujeres y atacaron algunos domicilios, como los de Leónida Zurita y de la propia María Javier.

"Las mujeres salieron en marcha en rechazo a la humillación que se le ha hecho a la mujer de pollera (…), empezaron las represiones. Nuestras hermanas que salieron del trópico de Cochabamba han sido agredidas por la Resistencia Cochala en laguna Alalay, por el túnel del Abra", manifestó. 

Además de ello, varias personas fueron asesinadas y al menos 102 resultaron heridas, dijo la entrevistada, quien indicó que varios de los afectados ya no pueden trabajar debido a las lesiones recibidas.

Señaló que uno de los heridos perdió su ojo debido al impacto de una bala, otro recibió el proyectil en el brazo, otra sufrió fracturas en el brazo por los golpes propinados por los policías y militares, entre otros casos.

Lamentó que los operadores de justicia hayan encarcelado e impuesto sanciones económicas de hasta Bs 70.000 a los campesinos marchistas que salieron a defender la democracia mientras que establecieron multas mucho menores a policías procesados por incurrir en esos hechos de violencia.

A sus 26 años, el agricultor Javier Flores es uno de los sobrevivientes de la represión militar y policial del 15 de noviembre de 2019, cuando uniformados ejecutaron un operativo en la zona de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba. Ese día, 10 personas fallecieron y 120 quedaron heridas.

Molesto por la humillación a mujeres de pollera que cometían los uniformados, salió esa jornada a las calles junto a otros vecinos en protesta contra régimen de Jeanine Áñez y en demanda de respeto a la democracia. Sin embargo, no esperaba que las fuerzas combinadas usaran armas de fuego a quema ropa y elementos antidisturbios.

Cuando marchaba, aparecieron uniformados que tenían como objetivo dispersar la movilización. En el momento de tensión, recibió un impacto en la cabeza de un proyectil de gas lacrimógeno.

“Gracias a mi casco y a mi sombrero, sólo me dejaron ocho puntos en la cabeza”, relata el sobreviviente en entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Hoy, Javier vive con secuelas de esa herida. Recuerda que después de ser socorrido por sus compañeros de protesta, a quienes ayudaba antes de recibir el impacto, estuvo en una clínica donde vio a varios de los movilizados sin vida por los impactos de bala.

“Veía a mis compañeros a mi lado, heridos de bala, al otro lado igual; más allá, personas fallecidas. Recomendaba a la doctora que amo mucho a mi familia y que nunca los voy a olvidar”, relata.

“Quienes balearon e hirieron, tienen que ir a la cárcel y pagar lo que hicieron”, exigió Javier Flores a casi dos años de los hechos.