El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor (VDDUC), realizó una intervención a la importadora de vehículos D y D de la ciudad de La Paz, por presunta estafa.

El viceministro Jorge Silva informó que se hizo seguimiento a las denuncias contra esa empresa y que en reiteradas oportunidades se notificó a los propietarios para consensuar acuerdos de conciliación con los usuarios, quienes habrían entregado dinero como adelanto pero que jamás recibieron el vehículo por el que pagaron.

“Es preocupante la aparición de estas supuestas empresas que se dedican a la importación de vehículos, cuando en el fondo se dedican a estafar a la gente; recomendamos a la población no caer ante estas empresas dudosas, no son importadoras, le pedimos a la población no entregar dinero sin antes asegurase de que la empresa realmente importe vehículos", recalcó la autoridad.

Silva explicó que se está trabajando de manera coordinada con la Policía Boliviana, entidad que intervino en el caso y colectó varios elementos que serían evaluados por un laboratorio para elaborar un informe final.

Las denuncias corresponden a una decena de personas que entregaron grandes sumas de dinero hace algunos meses atrás y hasta la fecha no obtuvieron devolución y menos aún algún motorizado.

“Nosotros por no tener dinero, hemos adquirido a crédito, hemos cumplido con todo y hemos dado adelanto, pero hace más de dos meses que no me entregan nada”, dijo uno de los afectados.

El operativo culminó con la detención de dos personas que fueron trasladadas a dependencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), para continuar con el proceso investigativo.

El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, informó este miércoles que el Gobierno realiza las gestiones necesarias para dar solución a la falta de oxígeno que presentaron algunos centros de Salud en el país.

“Para la provisión de ese elemento, lastimosamente más allá de la producción que se tiene en Bolivia, buena parte es importado y se están presentando restricciones para su exportación en algunos países vecinos; pero el Gobierno está haciendo las gestiones correspondientes para tratar de liberar estas y normalizar su importación”, informó en una entrevista.

La autoridad explicó que, en el caso de Cochabamba, a pesar de que se cuenta con un generador de oxígeno en el Hospital del Sur en Cochabamba, este no dio abasto para los pacientes con COVID-19, por lo que se los tuvo que migrar al Hospital del Norte.

Asimismo, dijo que las autoridades salientes del municipio no suscribieron el contrato de provisión permanente, que debería haberse realizado con las proveedoras de oxígeno locales.

“Esto ha provocado la situación que se vive actualmente en esa región del país, pero como ya lo dijimos, se están haciendo las gestiones para dar solución a la carencia de oxígeno que tiene ese nosocomio”, reiteró.

En cuanto a Santa Cruz, Terrazas señaló que al momento no existen reportes de falta del insumo en el sector público; y que para Trinidad se enviaron 383 botellones de oxígeno como parte del plan estratégico que tiene el Ministerio de Salud, ya que es una de las zonas donde no existe ni proveedores de empresas privadas.

El Viceministro explicó que en el eje troncal es donde se produce oxígeno para todo el país y que la provisión que se está haciendo a Trinidad, desde Santa Cruz, no estaría agotando sus capacidades.

Agregó que se prevé habilitar nuevos centros de oxigenoterapia en esa región, para que las personas sean tratadas de manera temprana y oportuna; además, se estaría enviando a ese departamento 40 concentradores de oxígeno para que puedan paliar las necesidades de la población.

El ministro de Educación, Adrián Quelca, informó este miércoles que se entregaron ocho bibliotecas comunitarias y que a la vez se refuerza la Campaña Bolivia Lee 2021, que se extenderá hasta el 6 de septiembre.
“Pedimos seleccionar, organizar y entregar libros a las comunidades; como hoy (miércoles), se lo hizo a ocho comunidades que recibieron un lote de libros para su biblioteca comunitaria”, dijo en declaraciones de Bolivia TV, en un acto desarrollado en la plaza Murillo de La Paz.
Agradeció a la población que se sumó a la campaña Bolivia Lee 2021 y uno de sus componentes que es el acopio de libros en formato físico y digital, que ya no son utilizados por la población y que pueden ser entregados en las oficinas de las Direcciones Departamentales de Educación y el Ministerio de Educación. 
La meta es recaudar unos 50.000 libros y sumarlos a las 5.000 bibliotecas comunitarias que ya existen en el país.
Quelca destacó que el objetivo es fomentar la compresión lectora de todos los habitantes y hacer de la lectura un hábito permanente y continuo en los estudiantes y padres de familia.
El Ministerio de Educación instaló varios stands en la plaza Murillo, donde se recabó la donación de los libros durante la jornada y también los funcionarios públicos de las diferentes Carteras de Estado donaron textos para la campaña.

La Defensoría del Pueblo realizó una verificación a 62 oficinas dependientes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), en 50 municipios del país, y evidenció la falta de equipamiento y comunicación que afectan en la atención a las víctimas que acuden a esas reparticiones, informó este miércoles su titular, Nadia Cruz.

“Esta nueva intervención a 62 oficinas de la FELCV, de un total de 111 que existen en el país, permitió constatar que persisten algunas observaciones identificadas y verificar la dotación de equipamiento”, afirmó citada en un boletín institucional.

Indicó que esa acción es parte del seguimiento al cumplimiento de las determinaciones contenidas en el informe defensorial “El Deber de protección a las Mujeres, a través del funcionamiento de la FELCV durante la pandemia del COVID-19”.

Las visitas a las 62 oficinas fueron entre el 10 y el 14 de mayo, donde se constató la existencia de 402 investigadores policiales dependientes de la FELCV, alrededor de seis por oficina, que atienden un promedio de 344 casos por día, trabajo que se ve limitado porque sólo existen 240 computadoras disponibles para todo el personal policial, lo que significa que apenas un 59,7% del personal cuenta con esa herramienta de trabajo.

Asimismo, dijo que se observó que solo 33 (53,4%) de las 62 oficinas intervenidas cuenta con acceso a servicio de internet, cuyo pago es asumido por los Comandos Departamentales en el 30% de esas reparticiones; por los gobiernos municipales en el 49%; en tanto que en el 21% de dichas oficinas, son los propios investigadores quienes deben asumir el costo de dicho servicio, situación que generó preocupación en la institución defensorial.

Agregó que la Defensoría, con dicha información, realizará gestiones necesarias para fortalecer la FELCV, para garantizar que las mujeres en situación de violencia puedan ser atendidas y protegidas de manera pronta y eficiente.