El Ministerio de Educación entregó este jueves el primer lote de 262.744 textos para el Segundo Trimestre, destinados a los departamentos de Potosí, Tarija, Beni y Pando. Con la entrega, esta cartera de Estado inicia la distribución de los mencionados libros, para apuntalar el proceso educativo bajo las modalidades a distancia, semipresencial y presencial en todas las unidades educativas públicas y de convenio.

“Estos textos de aprendizaje llegarán a todos los estudiantes, y pediremos a nuestros directores departamentales, distritales y directores de unidades educativas que deben llegar a todas y todos nuestros estudiantes”, señaló el ministro Adrián Quelca.

De acuerdo al detalle ofrecido por el titular del área, la Editorial del Estado se encargó de imprimir los libros, que son 329.353 para nivel Inicial; 1.326.148 textos para Primaria Comunitaria Vocacional y 1.125.384 textos para Secundaria Comunitaria Productiva, haciendo un total de 2.780.885 textos de aprendizaje.

Este número se completa con los textos elaborados para Educación Alternativa y Especial, haciendo un total de más de 2,8 millones de textos, que demandaron una inversión de Bs 24 millones.

La entrega del material será totalmente gratuita, en el marco de la estrategia para recuperar y consolidar el derecho a la Educación, luego de que el gobierno de facto de Jeanine Áñez clausurará la gestión educativa en 2020 y debido a la pandemia por COVID-19.

El lote despachado en la jornada consta de textos para el primer y segundo año del nivel Inicial y para el nivel Primario de los cuatro departamentos antes mencionados. De acuerdo al detalle oficial, 104.263 llegarán hasta Potosí, 62.549 fueron destinados a Tarija, 76.917 a Beni y 19.015 a Pando, según un boletín de prensa.

La distribución se efectuará bajo la misma modalidad aplicada para el Primer Trimestre, es decir mediante las direcciones distritales de Educación, que harán llegar los textos a cada unidad educativa y estas a su vez las distribuirán entre todos sus estudiantes sin distinción y de manera totalmente gratuita.

La inversión para la impresión de estos libros se gestionó a través de una Ley aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que dispuso la transferencia de casi Bs 44 millones, inicialmente asignados al Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (Prontis), para el Ministerio de Educación, con el fin de contribuir al acceso a la educación de los estudiantes del Sistema Educativo Público.

La responsable de Jefatura de Farmacia del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Oruro, Carmen Pereira, informó este jueves que se comisó 18 frascos del medicamento Remdesivir sin registro sanitario que era comercializado en una tienda de jugos.

“Hemos secuestrado el medicamento Remdesivir, en una tienda de jugos se puso a la venta mediante las redes sociales, siendo este otro delito, y también se estaría incumpliendo la ley porque este medicamento se está comercializando en un lugar no autorizado y, lo que es peor, un medicamento sin registro sanitario”, informó a los periodistas.

Explicó que esa jefatura de farmacia, en coordinación con Defensa al Consumidor y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y miembros del COE departamental actuaron en el marco de las normas vigentes.

Según la funcionaria, los medicamentos más allá de ayudar a la gente están poniendo en peligro la salud de las personas porque “es un producto que no tiene la garantía de calidad necesaria para ser utilizado”.

El antiviral Remdesivir, cuya demanda se incrementó debido al tratamiento de pacientes de COVID-19, tiene un costo que no debe pasar los Bs 1.515 y puede ser adquirido en 32 empresas a nivel nacional, según la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED).

Asimismo, informó sobre la llegada del medicamento al departamento de Oruro para su distribución y comercialización.

El ministro de Educación, Adrián Quelca, suscribió este jueves un convenio marco con el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, para implementar planes y programas de formación y capacitación en el ámbito de defensa legal del Estado.

“Desde el Ministerio de Educación no vacilamos en apoyar la iniciativa de desarrollar cursos de postgrado para defender al Estado y cualificar la formación de los profesionales en Derecho”, dijo Quelca, según un boletín institucional.

Explicó que los programas y cursos están dirigidos a estudiantes del Subsistema de Educación Superior y Formación Profesional, así como a servidores públicos del Ministerio de Educación, con el objetivo de fortalecer conocimientos y habilidades de profesionales abogados que prestan servicios en la administración del Estado.

Quelca expresó su satisfacción, porque ese convenio, coadyuva en la tarea de recuperar el Estado y su institucionalidad. 

Por su parte, el Procurador indicó que el convenio permitirá a los abogados del país participar de la Maestría en Defensa Legal del Estado que, además, otorgará el diploma en Arbitraje Internacional, que es una gran falencia que existe en el país.

La directora General de Promoción y Prevención de la Salud, Amelia López, informó este jueves que dirigentes, líderes comunitarios y vecinos acompañan a las brigadas médicas SAFCI – Mi Salud en los rastrillajes “casa por casa” en las ciudades de Cochabamba y Oruro para colaborar en la detección de contagiados con el COVID-19.

“El objetivo es que las personas, líderes comunitarias, vayan a animar a que el vecino tome confianza con sus brigadas médicas SAFCI, que no tengan miedo a recibirlos, que no desconfíen de abrir sus puertas porque al lado de los brigadistas está un líder comunitario que conoce la zona, a los vecinos. Entonces, ellos (dirigentes vecinales) se han integrado en las ciudades de Cochabamba y Oruro”, manifestó, según un boletín institucional.

En ese contexto, López recordó que se ejecuta el plan denominado “Estrategia de trabajo de campo para la vigilancia activa” diseñada por el Ministerio de Salud y Deportes, junto a la Dirección de Epidemiología, para persuadir y generar confianza en los vecinos en la visita de las brigadas de médicos a cada vivienda para detectar casos activos de COVID-19.

Detalló que una brigada se encuentra conformada por 11 personas, un responsable, dos médicos por cada grupo de acción y a cada par se suma un dirigente vecinal o líder comunitario.

Sostuvo que los grupos de trabajo cuentan también con personal de unidades nutricionales que incentivan a cada vecino a que proteja su alimentación con el aporte de nutrientes para que su sistema inmunológico mejore a diario.

“Hemos hecho una alianza con la sociedad organizada y el trabajo de las brigadas están dando buenos resultados”, añadió.

Adelantó que la misma estrategia se prepara para los departamentos de Potosí y La Paz, por ello es que se trabaja con organizaciones sociales que deberán designar sus delegados para que acompañen a las brigadas médicas de rastrillaje.