El ministro de Educación, Adrián Quelca, anunció que a partir del lunes se verificará que los gobiernos municipales cubran todos los elementos necesarios de bioseguridad en las unidades educativas que apliquen la modalidad semipresencial, con el fin de resguardar la salud de los estudiantes y docentes frente al COVID-19.

"Hace dos semanas, a través de un instructivo, se determinó que los directores departamentales establezcan los contactos con los gobiernos municipales para que se pueda prever los elementos de bioseguridad en las unidades educativas para el retorno a las clases semipresenciales y más adelante a las clases presenciales", sostuvo la autoridad.

Dijo que gran parte de los gobiernos municipales ya hicieron conocer que se garantizan los insumos necesarios en las unidades educativas.

"Debo aclarar que no son todos, pero en gran parte del país se coordinó para que los gobiernos municipales puedan prever los elementos necesarios", agregó la autoridad.

Quelca afirmó que el Ministerio de Educación hará las verificaciones necesarias para garantizar un retorno a clases seguro frente a la pandemia, señala un boletín institucional.

Con la presencia de alrededor de 50 defensoras y defensores de derechos de diferentes organizaciones e instituciones de varios departamentos del país, este domingo a las 14:00 se inició el Curso Nacional sobre Derechos Humanos (DDHH) convocado por Unitas.

El encuentro tiene el objetivo de fortalecer el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos a través de un espacio para la reflexión y la construcción de conocimientos, herramientas y alianzas, sobre las vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas, mujeres, la comunidad LGTBI y periodistas.

“Nuestro interés desde Unitas para que este curso sea relevante en su formación es que puedan reafirmar sus compromisos de militancia con los derechos humanos”, expresó la directora de la organización, Susana Eróstegui, según un boletín de prensa.

El curso se desarrollará entre el 27 y 30 de junio con altas medidas de bioseguridad, al ser un taller presencial que se desarrolla en un hotel de la zona Sur en la ciudad de La Paz.

Entre los temas a tratar están los aspectos generales de los DDHH, el derecho a defender derechos, el fortalecimiento de las capacidades y las herramientas para promover la exigibilidad de derechos.

El curso nacional se desarrolla en el marco del proyecto “Sumando Voces, Multiplicando Acciones: Las OSC defensoras de derechos y redes de prevención y protección de grupos específicos en Bolivia”, que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea en Bolivia y el apoyo de seis socios estratégicos.

Entre ellos se encuentra la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANP), la Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural Libertad (Adesproc Libertad), el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), la Coordinadora para la Defensa de Territorios Indígenas (Contiocap) y la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema).

La Gobernación de Santa Cruz distribuyó pruebas de antígeno nasal vencidas, según denunciaron los afectados. Una diputada anunció el inicio de acciones legales contra los responsables.

Según la denuncia, las pruebas de antígeno nasal fueron enviadas luego de fenecer su fecha de vencimiento, informó Bolivia Tv.

Humberto Huarachi, bioquímico del centro de aislamiento de Cuatro Cañadas, en Santa Cruz, indicó que “es muy lamentable que este producto nos haya llegado con fecha caducada ya. Por ejemplo, este es un medio de transporte PCR y ya está con la fecha caducada. Podemos verificar”.

Al respecto, la diputada Tania Paniagua lamentó que se afecte la salud de la población. ”Resulta que estos productos no sirven. Me siento indignada con esta situación porque es un atentado contra la salud de nuestra gente, de nuestro municipio, es hacerse la burla de nuestros hermanos que están enfermos”, manifestó.

La legisladora anunció que se tomarán medidas. “Nosotros vamos a tomar acciones legales contra este gobernador (Luis Fernando Camacho) que viene a dañar a nuestra gente”.

Al respecto, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Erwin Viruez aseguró que estos insumos fueron “entregados por error”, informó el periódico El Deber.

El secretario departamental de Salud, Fernando Pacheco comprometió que el lunes se iniciará una auditoría a este proceso para determinar la responsabilidad de los funcionarios, indica el reporte.

El presidente del Concejo Municipal de San Julián, Benito Vela, informó este domingo que se interpondrán acciones legales en contra de las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz por la entrega de pruebas antígeno nasales caducas, porque atentaron contra la salud pública.

“Vamos a iniciar acciones legales contra esas autoridades que se han hecho la burla del municipio de San Julián. Vamos a presentar al Ministerio Público, porque no podemos permitir que, aparte de que vengan a hacerse la burla, atenten contra la salud pública”, aseveró en un contacto con el programa “Las 7 en el 7” de Bolivia Tv.

Vela lamentó que la lucha contra el COVID-19 se haya puesto en riesgo con la entrega de los insumos vencidos y aseveró que la población de San Julián se encuentra “muy molesta” por el accionar de las autoridades departamentales.

“Nosotros hemos recibido pensando que nos traían un producto que era algo que necesitábamos para luchar contra el COVID-19, pero lo más sorprendente es que nos trajo pruebas rápidas vencidas, que eso atenta contra la salud pública. Es una falta de respeto a San Julián que es una población muy humilde, pero tampoco puede tratarnos de esa forma. Nos sorprende y llama la atención y la población está muy molesta”, advirtió.

Autoridades de Cuatro Cañadas, San Julián y San Ramón denunciaron en la víspera que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegó a esos municipios para la entrega de pruebas antígeno nasales y medicamentos de lucha contra el COVID-19 que vencieron en marzo pasado, motivo por el cual la autoridad departamental pidió disculpas y anunció una auditoría para determinar responsabilidades.