Los sectores sociales, en un acto realizado en Santa Cruz, ratificaron la defensa de la democracia, expresaron su rechazo ante cualquier nuevo golpe de Estado, pidieron sanciones para los responsables de las masacres de 2019 y solicitaron que la Fiscalía intervenga en el intento de la élite cruceña de querer adueñarse ilegalmente de tierras para entregarlas a los extranjeros.
Esas posiciones fueron expresadas este lunes durante el acto de aniversario por el día de la Revolución Agraria, Productiva, Comunitaria, acontecimiento que se realizó en San Julián, Santa Cruz.
“No permitiremos un nuevo golpe de estado”, expresó el dirigente de la Confederación de Interculturales, Esteban Alave quien llamó a la unidad en defensa de la democracia y del gobierno del presidente Luis Arce.
Por su lado, el dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Martín Chacollo, llamó a la unidad de los sectores sociales y dijo que ellos defenderán la democracia ganada en las urnas.
En su discurso, la secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, Flora Aguilar, dijo que Luis Almagro, de la Organización de Estados Americanos (OEA), debe renunciar y someterse a una investigación por impulsar el golpe de Estado de 2019.
También insistió en no dejar en la impunidad las masacres de Senkata y Sacaba, por lo que pidió que se investigue a profundidad y se sancionen a los responsables de esas matanzas, así como el tráfico de armas desde países vecinos.
Solicitó investigar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por usurpación de funciones debido a que intenta inmiscuirse en la titulación y saneamiento de tierras, temas de atribución privativa del Estado central.
"Si Camacho continúa insistiendo, el Ministerio Público, es decir la Fiscalía, debe seguir de oficio un proceso judicial por el delito de usurpación de funciones", manifestó Aguilar.
Los discursos expresados por los dirigentes de sectores sociales, se producen en momentos en que el gobernador Camacho impulsa reuniones respecto a la titulación, saneamiento y manejo de tierras, aspectos que son de atribución privativa del Gobierno central.
