La ministra de Trabajo, Verónica Navia, y el titular de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Omar Quiroga, firmaron este miércoles un convenio para avanzar en la prevención y la erradicación progresiva del trabajo forzoso o cualquier otra forma de explotación de los trabajadores del área rural, entre ellos madereros, cañeros y castañeros.
“No es un convenio más, es dar respuesta a un gran problema en este país: la explotación laboral oculta, clandestina. La explotación laboral de niños, la explotación laboral de mujeres en áreas dispersas”, afirmó Navia en el acto.
El director de la ABT, Omar Quiroga, afirmó que el “convenio busca establecer planes de control y supervisión para erradicar progresivamente el trabajo forzoso y cualquier otra forma análoga de explotación de trabajadores en el rubro maderero, castañero, cañero y otros”.
A su turno, el jefe de la Unidad de Derechos Fundamentales, del Ministerio de Trabajo, Gabriel Carranza, explicó que a través de las oficinas móviles se evidenció que los trabajadores asalariados de los rubros seleccionados se encuentran en estado de indefensión debido a la imposibilidad de acceder a algunas instancias de esa Cartera de Estado para realizar sus denuncias.
“Por ejemplo, se encontró salarios por debajo del mínimo nacional, jornadas de trabajo superior a las ocho horas, jornadas dominicales y de feriados sin remuneración extra (tal como establecen las normas vigentes). Los seguros a corto y largo plazo y los aportes para la jubilación no existen. Por otro lado, las trabajadoras no conocen el beneficio de embarazo, parto, pos parto, lactancia y otros”, relató.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, expresó su satisfacción porque la máxima entidad sindical del país estará involucrada en el control y la supervisión del trabajo de los rubros maderero, cañero y castañero, que también aportan a la economía nacional, pero “por las características geográficas del país no alcanzan a ser protegidos en sus derechos laborales”.
“Los trabajadores asalariados del campo también están afiliados a la COB y por eso resaltamos esta iniciativa de un convenio interinstitucional que permitirá cubrir los derechos laborales de este sector”, afirmó.
Según el convenio, las autoridades del Ministerio de Trabajo y la ABT se reunirán cada tres meses para hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento y ejecución de actividades programadas.
El acuerdo tendrá una vigencia de dos años, a partir de su firma, pudiendo ampliarse previa evaluación.
Además, establece las condiciones y formas de cooperación mutua que permita fiscalizar, supervisar y apoyar procesos de intervenciones en el marco de las atribuciones de cada una de las instituciones firmantes.
La iniciativa surgió por la necesidad de sentar presencia del Estado en regiones como la Amazonía, el Norte Integrado de Santa Cruz y el Chaco, donde las oficinas móviles de la Unidad de Derechos Fundamentales evidenciaron el incumplimiento de la normativa laboral y derechos fundamentales por parte de los empleadores.
