La Paz, 11 de noviembre de 2022 (ABI).-La Central Obrera Boliviana (COB) pidió este viernes se declare un Estado de excepción en Santa Cruz y exigió al Gobierno y al Ministerio Publico investigar de manera inmediata la quema y el saqueo de la sede de las organizaciones sociales en la ciudad de Santa Cruz.
También exigió castigar “con todo el peso de la ley” al cívico Rómulo Calvo, al gobernador Fernando Camacho y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, por considerarlos responsables de los hechos de violencia.
“Se ha derramado sangre, fallecieron personas inocentes, esto no es un paro pacífico, esto es sedición y terrorismo”, denunció el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, en alusión a las cuatro muertos y heridos que dejó el paro convocado por cívicos.
Huarachi demandó “mano dura" al presidente Luis Arce, y declarar estado de excepción en Santa Cruz, donde "nuevamente intentan gestar un golpe de estado”.
La organización de los trabajadores se declaró en emergencia y convocó a todos sus afiliados, organizaciones sociales y población en general a defender la unidad del Estado y la democracia “que costó sangre y luto al pueblo boliviano”.
En un ampliado de emergencia, ante la toma e incendio de la sede de la Federación de Campesinos y el saqueo de la COD de Santa Cruz, además de hechos de violencia, la COB emitió un manifiesto.
La organización exige al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado conformar comisión nacional de fiscales para investigar crímenes organizados y se castigue “con todo el peso de la ley a Rómulo Calvo, Luis Fernando Camacho y Vicente Cuéllar y a la Unión Juvenil Cruceñista”, señala uno de los puntos del manifiesto.
La COB denunció que la violencia fue desatada por el Comité Cívico, el Comité Interinstitucional y la Gobernación de Santa Cruz a la cabeza de Rómulo Calvo, Luis Fernando Camacho y Vicente Cuéllar, “que armaron y financiaron grupos irregulares paramilitares”.
El ente laboral recordó que estos grupos fueron denunciados por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes calificaron a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) de grupo armado paramilitar.
Asimismo, la COB exigió juicio y cárcel para los mandos policiales que se presten a un motín que tiene la intención de nuevamente abandonar al pueblo boliviano permitiendo las masacres y violación a los derechos, por parte de los grupos paramilitares de los cívicos y la unión Juvenil.
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