Las calles de Senkata de la ciudad de El Alto guardan el luto que la masacre de 2019 ha dejado. Un 19 de noviembre, Clemente Mamani de 24 años de edad perdió la vida junto a otros nueve civiles a causa del operativo de fuerzas combinadas que se ejecutaba bajo el Decreto Supremo 4078, norma que deslindaba de responsabilidad penal a los militares que usaban armas de guerra contra el pueblo.
“Mi yerno era inocente”
“Quiero justicia para mi yerno, tenía una vida por delante y me lo mataron”, reclama Damiana Quispe, suegra de Clemente Eloy Mamani.
El día del hecho, 19 de noviembre de 2019, Clemente, un joven cristiano de 23 años, acompañaba a su conyugue al control prenatal en el quinto mes de embarazo. Ambos pasaban por la zona de Senkata de la ciudad de El Alto.
De pronto, le llamó la atención el pedido de auxilio de un tumulto de gente. Se acercó con el ánimo de dar socorro y encontró la muerte. Recibió dos impactos de bala. Ese instante, se ejecutaba un operativo de fuerzas combinadas entre militares y policías en la zona para reprimir a sectores movilizados que cuestionaban el régimen.
Damiana lamenta que lo sucedido en el régimen de Áñez afectara tanto en lo emocional como en lo económico a su familia, sobre todo a su hija que quedó viuda, con un bebé y con deudas. Como madre, comparte el dolor: “Mi yerno era inocente”.
“Extraño mucho a mi hijo”
El 15 de noviembre de 2019, después de despedirse de su madre que estaba embarazada, César Sipe de 18 años se sumó a las movilizaciones organizadas por habitantes del trópico cochabambino contra el régimen de Jeanine Áñez y en demanda de respeto a la democracia. No esperaba que las fuerzas combinadas usaran armas de fuego a quema ropa y elementos antidisturbios.
Cuando marchaba, aparecieron uniformados que tenían como objetivo dispersar la movilización. Durante la protesta pacífica en la zona de Huayllani, Sacaba, recibió dos impactos de bala en el abdomen. Mientras se desangraba, sus compañeros usaron las redes sociales para comunicarse con su madre y anoticiarla del hecho. Cuando ella llegó al lugar, encontró a su hijo en un ataúd, quien era parte de otra lista de 10 fallecidos.
Hoy, Juana Mérida pide que los responsables de los hechos sean sancionados y relata: “Tengo que llorar día y noche en memoria por mi hijo. No lo puedo olvidar. Siempre pido a Dios que se haga justicia”. “Extraño mucho a mi hijo, lloro todos los días”, añade al contar su pena.
El decreto de la muerte
Según datos de la Defensoría del Pueblo, en la masacre de Sacaba, fallecieron, además de Cesar Sipe, Omar Calle, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas, Armando Carvallo, Marcos Vargas, Roberto Sejas y Juan Pinto. Todos ellos por heridas de impacto de bala.
En el caso de Senkata, perdieron la vida Devi Posto Cusi, Pedro Quisbert, Edwin Jamachi, Joel Colque, Juan José Tenorio Mamani, Antonio Ronald Ticona, Clemente Eloy Mamani, Milton David Zenteno, Rudy Cristhian Vásquez y Calixto Huanaco Aguilar. Todos por bala.
Las masacres de Sacaba y Senkata son las dos en las que las FFAA actuaron bajo el amparo del Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 del régimen de Áñez.
La norma permitió la participación de los militares en apoyo a la Policía Boliviana para reprimir protestas que cuestionaban a los gobernantes de entonces. La norma establecía que los militares estaban exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas. Tenían permiso para matar.
Las ciudades de El Alto y Sacaba no fueron los únicos escenarios de violencia. Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, también fueron epicentros Cochabamba, La Paz, Villa Tunari, Bulo Bulo, Sucre, Santa Cruz, Montero, Potosí, Vila Vila, Challapata, Caracollo y Oruro.
