El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este lunes que el Amparo Constitucional y la Acción Popular, planteados en la ciudad de Santa Cruz para frenar el uso del carnet de vacunación contra el COVID-19, están plagados de mentiras y de información falsa.
“Ambas tienen los mismos argumentos, han escogido una vía diferente y están plagadas de falacias, de mentiras, de información falsa”, dijo en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.
La autoridad estatal explicó que, entre los argumentos, se presentó como jurisprudencia la copia de una demanda que se presentó el 28 de diciembre de 2021 en la localidad de Mar del Plata, en Argentina, pero recordó que la justicia del vecino país no se pronunció sobre el caso hasta el momento.
Además, mencionó que “entre las mentiras” se planteó también que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre la temática, que anuló la vacunación universal y que una demanda presentada por Robert Kennedy Junior hizo que se declare que la nueva vacuna contra el COVID-19 debe evitarse a toda costa.
“Esto es una mentira. Está en todos los portales de chequeo de noticias que esto es una afirmación falsa y la han presentado abogados en una Acción Popular”, sentenció.
En ese contexto, Lima dijo que los dos recursos no tienen asidero legal e intentan sólo confundir a la población para usar el discurso de que la justicia no fue independiente ni transparente cuando sean rechazados.
Por otro lado, manifestó que, en el intento de desinformar a la población, circula una nota en las redes sociales sobre la existencia de una declaración de bioética de Nuremberg, de Helsinki, e incluso de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que estarían a favor de los demandantes, pero afirmó que no tienen valor jurídico porque su aplicación no fue aprobada por una ley.
“No han sido aprobadas en el país. Son documentos que se conocen en Derecho como ‘soft law’, son recomendaciones que no tienen fuerza vinculante”, aseveró.
El titular de Justicia dijo que el Gobierno nacional sí tiene una normativa de respaldo en el caso de la Ley 2119, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, cuyo artículo 12 dice que “El Estado boliviano tiene la obligación de adoptar medidas para la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas y de otra índole y luchar contra ellas”.
